Breve esbozo histórico sobre la lucha de clases en Francia

De la Gran Revolución Francesa de 1789 a la Comuna de Paris

 

Agrupación de Lucha Socialista (ALS), marzo-abril de 2021, https://agrupaciondeluchasocialistablog.wordpress.com

 

 

Actualmente, vivimos un periodo convulso, de un avance reaccionario del capital aprovechando la pandemia y la crisis, pero también de protestas heroicas que se niegan a doblegarse al miedo para defender su propia existencia como pueblos, como mujeres y como trabajadores, sin las cadenas del Capitalismo. Ante la falta vital de una dirección revolucionaria que articule a todas estas luchas en un mismo puño, se torna imprescindible recuperar la tradición revolucionaria de la clase obrera al rededor del mundo. Por ello, presentamos la primera parte de una serie de entregas semanales que rescatan las primeras luchas llevadas a cabo por el proletariado francés que, después de varias décadas de combate en las calles y en las asambleas deliberativas, logra tomar el cielo por asalto, instaurando su propio Gobierno como trabajadores. Su inspiración continúa viva hasta hoy, en este siglo XXI, por quienes nos aferramos a la esperanza de la Revolución, poniendo nuestras modestas fuerzas en la lucha de clases para el triunfo de todos los desposeídos.

ÍNDICE

El movimiento sans-culotte y la comuna revolucionaria de París

 

El Imperio Napoleónico: de la guerra revolucionaria a la Restauración

 

El Congreso de Viena y la Santa Alianza

Dos olas de revoluciones burguesas y sus repercusiones en Europa

 

De la lucha contra el viejo régimen al surgimiento de la cuestión social

 

La última ola revolucionaria de la burguesía europea: las revoluciones de 1848

El ascenso de Luis Bonaparte

 

Del periodo constituyente a la República burguesa

 

De la República parlamentaria al golpe de Estado

Reacción política, prosperidad comercial y auge imperial

 

Liberalización política, efervescencia social y declive imperial

 

La candidatura Hohenzollern y la guerra franco-prusiana

 

La revolución del 4 de septiembre y la III República

 

Derrota y claudicación del Gobierno de Defensa Nacional

 

La insurrección del 18 de marzo y la Comuna de París

Introducción

 

Desde que Lenin planteó que el Socialismo utópico francés constituye una de las tres fuentes y partes integrantes del marxismo, junto con la filosofía clásica alemana y la economía política inglesa, este postulado ha quedado asentado como una verdad entre las diversas corrientes marxistas. Sin embargo, la tesis que buscamos desarrollar a lo largo de este ensayo es que, más que las teorías de los socialistas utópicos franceses, en realidad fue la experiencia viva del proletariado francés, sobre todo, en los diversos procesos revolucionarios protagonizados a partir del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX, de los cuales Marx y Engels extrajeron grandes lecciones que tuvieron consecuencias importantes para sus concepciones teóricas sobre temas esenciales como el Estado y el régimen burgués, la lucha de clases, la táctica y estrategias revolucionarias así como la dictadura del proletariado, conceptos que han quedado como legado invaluable del marxismo revolucionario.

 

Dentro de ese legado, el estudio sobre la Comuna de París es de vital trascendencia pues representa uno de los hitos más importantes en la historia del movimiento obrero internacional. Tras la desastrosa derrota infringida por Prusia al II Imperio francés en la guerra franco-prusiana de 1870-71, en medio del sitio militar establecido por los ejércitos prusianos invasores y de la paz deshonrosa pactada por el gobierno burgués de la recién instaurada III República en Francia, el proletariado parisino se insurreccionó contra la traición del Gobierno de Defensa Nacional y tomó el cielo por asalto al hacerse del poder político y construir la primera experiencia de Gobierno auténticamente obrero.

 

Si bien dicho proceso se sostuvo apenas un par de meses, de marzo a mayo de 1871, sin embargo, dejó a las generaciones obreras del porvenir un cúmulo de enseñanzas que es necesario recuperar para las luchas de nuestro presente. Por ello, en el 150 aniversario de la Comuna de París, elaboramos este ensayo con el fin de reivindicar la memoria de la primera revolución dirigida por el proletariado en la historia de la humanidad. Sin embargo, decidimos ampliar el radio de nuestro estudio hasta la primera revolución burguesa en Francia, a finales del siglo XVIII, pasando por los procesos revolucionarios de la primera mitad del siglo XIX, pues creemos que sin una valoración de estos antecedentes resultaría incompleta nuestra comprensión de Comuna revolucionaria de 1871.

 

Iniciaremos exponiendo algunos precedentes históricos, situados desde la Gran Revolución Francesa de 1789 y la expansión revolucionaria emprendida por el Imperio napoleónico, cuyos efectos delinearon los rasgos principales del contexto nacional e internacional que caracterizaron al siglo XIX, en el que se sitúan las olas revolucionarias que desembocaron en la “primavera de los pueblos” de 1848, última de las revoluciones burguesas europeas. Posteriormente, estudiaremos las décadas posteriores a 1848, en las que se suceden diversos acontecimientos internacionales que llevaron a la guerra franco-prusiana, la caída del II Imperio y el surgimiento de la III República francesa, circunstancias en las que nace la Comuna de París, de la cual analizaremos su desenvolvimiento y desenlace.

 

Al final, terminaremos con un apartado en el que intentaremos extraer las principales lecciones políticas, de carácter tanto organizativo como estratégico y programático, de los distintos momentos insertos en la trayectoria histórica del movimiento revolucionario protagonizado por el proletariado francés.

Parte I.- El ciclo de la Gran Revolución Francesa (1789-1815)

 

El movimiento sans-culotte y la comuna revolucionaria de París

 

Para comprender la significación histórica de la Comuna de París, hay que remontarse a la Gran Revolución Francesa de finales del siglo XVIII, desencadenada como culminación de una serie de procesos: las reformas liberales implementadas desde la Corona, la rebelión aristocrática en defensa de sus privilegios feudales, la convocatoria a los Estados Generales, la conformación del Tercer Estado en Asamblea Nacional y, finalmente, la entrada en escena del pueblo parisino con la famosa toma de La Bastilla, protagonizada por las masas insurrectas el 14 de julio de 1789, y que obliga al rey Luis XVI a aceptar la soberanía popular y a conceder reformas constitucionales.

 

La valiente acción de las clases laboriosas de las ciudades y el campo llevó a la revolución francesa al triunfo sobre la monarquía absolutista más antigua, poderosa y prestigiada de Europa, la cual se sostenía en la realeza, la nobleza y el clero; sin embargo, tras derrocar al rey Luis XVI, fue la burguesía quien asumió el poder, pretendiendo remodelar las instituciones políticas, sociales y económicas francesas según sus intereses de clase; por ello, a pesar de las subsecuentes Declaraciones de Derechos y Constituciones promulgadas en nombre de la libertad, igualdad y fraternidad, en los hechos, se estableció una democracia censataria, en la que los derechos civiles y libertades políticas estaban condicionadas a la propiedad de los ciudadanos (divididos en activos y pasivos según su nivel de ingresos), marginando a los más pobres de la participación en los comités electorales, la milicia civil y de la posibilidad de votar o de ser electos como diputados a la Asamblea Nacional.

 

Pero, conforme se fue desarrollando el proceso revolucionario, se agudizó la crítica situación del país galo, propiciando una creciente intervención de los sectores populares que, en varias coyunturas ocurridas entre 1789 y 1795, protagonizaron diversas jornadas revolucionarias para presionar a los diputados de la Asamblea Nacional, así como a los dirigentes de las sucesivas formas de gobierno que adoptó el régimen revolucionario, por atender las urgentes demandas de la población por pan, trabajo y subsistencias, ante la crisis económica, social y política existente durante la revolución y acentuada por las guerras de intervención emprendidas por las potencias absolutistas de Europa contra la Francia revolucionaria, con el objetivo de restaurar el antiguo régimen monárquico.

 

Fue en medio de los acontecimientos que conmocionaron a Francia, cuando surgió la primera experiencia de comuna revolucionaria. La municipalidad de París fue erigida como un organismo deliberativo y de coordinación de la burguesía para organizar la defensa de sus intereses de clase (contra la realeza y la aristocracia feudales así como frente a los sectores empobrecidos de la capital), pero fue transformando su composición social y política conforme las masas populares invadieron por miles las diversas instancias en las que se desenvolvía la vida política durante la revolución. Entonces, una mezcla de artesanos, tenderos, trabajadores asalariados y desposeídos que habitaban los suburbios y arrabales de la capital francesa, tomaron la palabra, expusieron sus propias exigencias y comenzaron a intervenir de manera activa en las sociedades, secciones, comités y asambleas que emergieron en cada distrito de París, constituyendo la base social del movimiento de los “desarrapados” (sans-culottes) quienes imprimieron un marcado carácter popular y revolucionario a la comuna insurrecta organizada en la municipalidad parisina.

 

Este fenómeno fue convirtiendo al municipio autónomo de París, de un gobierno local burgués en una forma de autoorganización popular que se tornó en el centro neurálgico de la revolución, propulsando el proceso mucho más allá de donde la burguesía pretendía dirigirlo para establecer su dominación como clase. La comuna de París se erigió como un doble poder frente a la Asamblea Nacional, por lo que los sectores reaccionarios y moderados de la burguesía buscaron aniquilarla, a la vez que los partidos más radicales de la revolución francesa se disputaron su hegemonía: los jacobinos, dirigidos por Robespierre, representando a la burguesía media citadina; los cordelieros, liderados por Hebert, representantes de la pequeña burguesía urbana y, los “rabiosos” (enragés), encabezados por Jacques Roux, ligados estrechamente a los sectores más pobres de París. La lucha de estas facciones entre sí y contra los grupos reaccionarios, que se desenvolvió al interior de los organismos de la revolución, era el reflejo de la lucha de clases que se desarrolló en Francia.

 

Si en las zonas rurales, los campesinos destruyeron las supervivencias de la servidumbre de la gleba así como las cargas feudales y los derechos señoriales que subsistían en Francia, a través de insurrecciones en las que se quemaron castillos, asesinaron aristócratas y se apropiaron de las tierras que les habían sido arrebatadas, minando para siempre el poder de la nobleza terrateniente y de la Iglesia (principal afectada por el reparto agrario). En las ciudades, y particularmente en París, bajo una ideología igualitarista de nivelación social, la movilización de los sans-culottes logró arrancar grandes conquistas a la Asamblea Nacional y al gobierno revolucionario, tales como el establecimiento de una tasa fija a los precios de los productos básicos de consumo, medidas drásticas contra los acaparadores y especuladores, el terror revolucionario contra los reaccionarios que buscaban restaurar el viejo régimen, la ampliación de facto del régimen electoral, entre otras acciones que obligaron a la burguesía a abandonar temporalmente sus principios de libre cambio en pro de una intervención estatal en la economía orientada a la protección de los desposeídos.

 

Las duras condiciones generadas por la guerra externa y la contrarrevolución interna, impelieron al Gobierno Provisional (que tomó el poder en la última etapa de la revolución), a una lógica de terror que ejerció no solo contra los sectores reaccionarios sino contra la oposición de izquierda, cuyos líderes acabaron siendo guillotinados en el cadalso. Con ello, la acción de las masas fue decayendo conforme las secciones y sociedades, que constituyeron el alma viva de la Comuna, fueron burocratizándose y perdiendo su carácter popular al ir siendo absorbidas por los Comités de Salud Pública y de Seguridad General que conformaban el Gobierno Provisional; el cual, acabó convirtiéndose en una dictadura del ala robespierrista de los jacobinos, que al asesinar a los líderes populares, frenó con ello el impulso revolucionario de las masas sobre el cual descansaba, quedando aislado y abriendo así el paso a la reacción termidoriana que derrocó al Gobierno provisional, cuyos líderes acabaron también siendo pasados por la guillotina.

 

El derrocamiento del gobierno provisional (9 de termidor, 1794), no significó la derrota de las masas, que todavía protagonizaron dos jornadas revolucionarias más en el año de 1795 tratando de defender las conquistas logradas durante la revolución; sin embargo, ya no contando con liderazgos capaces de organizar eficazmente los alzamientos, las masas terminaron siendo dispersadas y desarmadas, quedando expuestas a la represión de la burguesía que desarticuló las organizaciones populares, poniendo fin con ello también a la Comuna. Así, toda tentativa revolucionaria posterior se vio frustrada, como sucedió con la Conspiración de los Iguales (1796), dirigida por Graccus Babeuf, publicista y agitador en los clubs y asambleas populares, quien tras el declive de la revolución llegó a la conclusión de que solo mediante la construcción de un partido propio y disciplinado, las clases populares podrían realizar una insurrección e instaurar una dictadura revolucionaria orientada a establecer una sociedad igualitaria, basada en la propiedad común de la riqueza. A pesar de haber sido descubierta y desarticulada, la fallida tentativa babeuvista constituyó la última manifestación del movimiento sans-culotte y la primera expresión del comunismo moderno[1].

 

Con los elementos antes mencionados, podemos ver la importancia de la Comuna parisina  cimentada en el movimiento de los sans-culottes que, a pesar de haberse visto limitado por su dependencia política, ideológica y organizativa a las facciones burguesas radicales (debido a la inmadurez histórica de proletariado francés en el siglo XVIII), logró aglutinar el descontento y expresar las aspiraciones e intereses de las clases desposeídas[2], que pretendieron ser excluidas por la burguesía. Asimismo, los sectores populares lograron marcar su impronta en el curso de la revolución, a través de su movilización permanente: sosteniendo las milicias y comités, la leva en masa para alistarse en los ejércitos revolucionarios que defendieron a la República del peligro de la contrarrevolución, e interviniendo masivamente en los momentos más críticos, con lo cual salvaron en varias ocasiones a la revolución, profundizando sus efectos transformadores hasta volverlos irreversibles y permitiendo su expansión más allá del continente europeo, otorgándole un alcance histórico.

 

El Imperio Napoleónico: de la guerra revolucionaria a la Restauración

 

Si ya el golpe reaccionario del 9 Termidor fue un revés al impulso revolucionario de las masas francesas, las jornadas contrarrevolucionarias de Padrial en el año III (1795), implicaron una derrota estratégica del pueblo parisino, de la cual ya no se recobraría en varias décadas. Por ello, la expansión de la revolución francesa por Europa a través de las guerras napoleónicas no fue ya efecto del empuje y las aspiraciones del pueblo sino consecuencia tanto de la avaricia de la alta burguesía francesa (que quedó dueña del país tras el período álgido de la revolución) como de los deseos imperiales del general Napoleón Bonaparte, quien valiéndose de su creciente prestigio militar por su actuación en las guerras y aprovechando la debilidad e inestabilidad que caracterizó al régimen posrevolucionario, ascendería al poder al final del Directorio (1795-1799) haciéndose Presidente tras un golpe de estado (brumario de 1799) y, al terminar el Consulado (1799-1804), finalmente se convirtió en Emperador, al restablecer la Monarquía hereditaria en 1804.

 

No obstante, el restablecimiento monárquico solo fue parcial y temporal, pues las conquistas esenciales que habían sido lograda por las masas ya no pudieron ser desmanteladas por completo. La revolución puso fin al absolutismo como forma de poder de la nobleza aristocrática, que fue desplazada por la burguesía; la cual, sin embargo, para retener su hegemonía social como clase tuvo que ceder el poder político en regímenes de compromiso que, producto de sus contradicciones, desembocaron en la dictadura napoleónica. Asimismo, la revolución terminó con la feudalidad y la servidumbre, liberando a los campesinos a través del reparto de las tierras de la nobleza y del clero; la Iglesia quedó minada en su hegemonía mediante la expropiación de sus bienes, el establecimiento de la libertad de cultos, la tolerancia religiosa y la subordinación del clero al Estado. Igualmente, la revolución promovió la unificación nacional por vía de la centralización administrativa, la formación de un mercado interno y el impulso del libre comercio y la industria, que desbrozó el camino a desarrollo del Capitalismo en Francia.

 

Así, la reacción ya no pudo hacer retroceder el curso de la historia, las transformaciones sociales, políticas y económicas derivadas de la revolución fueron sostenidas debido a la perdurabilidad de los cambios ocurridos en las relaciones de fuerzas entre las clases sociales, cuya expresión mayor fue la alianza orgánica entre la burguesía recién ascendida al poder y el nuevo campesino propietario de su parcela nacido de la revolución, que se convirtió en baluarte del conservadurismo político y base social de sustentación del régimen burgués. De igual forma, un producto imborrable de la revolución francesa fue, por un lado, la expansión del liberalismo y el nacionalismo como ideología de la burguesía en ascenso así como, en contraparte, el surgimiento de ideas sociales igualitarias, que fueron el germen de las ideologías comunistas (socialistas, anarquistas, etc.) que se desarrollaron en las siguientes décadas, moldeando los ideales de cambio que guiaron al naciente proletariado en las revoluciones del siglo XIX.

 

En el mismo sentido, las guerras encabezadas por Napoleón en gran parte del continente europeo esparcieron la influencia de la revolución francesa en los distintos países, tanto en los que aún conservaban regímenes absolutistas (encabezados por Austria, Prusia y Rusia) como en los pocos que ya habían establecido algún grado de régimen constitucional (cuyo modelo era Inglaterra). Inclusive, los principios político-ideológicos de la revolución francesa hallaron eco más allá de los océanos, difundiendo los ideales de igualdad y libertad entre las élites intelectuales y los habitantes de las colonias europeas orientales y occidentales. Así, las libertades políticas plasmadas en la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, la secularización cultural fomentada por el anticlericalismo jacobino, el constitucionalismo parlamentario reivindicado por el liberalismo, la igualdad jurídica expresada en el Código Civil Napoleónico, entre otros elementos ideológicos de la revolución francesa, se convirtieron tanto en el heraldo de las fuerzas progresistas europeas, como en el espectro a vencer por las fuerzas reaccionarias de Europa.

 

Se formó entonces una coalición monárquico-absolutista contra la Francia revolucionaria que fue fomentada no solo por las antiguas familias dinásticas (Hohenzollern, Borbones, Habsburgo y el zarismo ruso) que prevalecían en Europa sino, inclusive, por el baluarte del liberalismo parlamentario: Inglaterra, que se erigió en ciudadela de la reacción europea. Fue de esa manera que la ola expansiva de la revolución francesa tuvo que enfrentarse al conjunto de las potencias del continente que en diversas ocasiones se aliaron para intentar aplastarla. Desde 1792 hasta 1814 se emprendieron sucesivas guerras de coalición, en cada una de la cuales se conjugaron los intereses de los distintos imperios contrarrevolucionarios. Si bien, en el período de apogeo de la revolución y todavía durante la primera etapa del régimen napoleónico, los intentos militares de la reacción fueron desbaratados por la superioridad táctica y moral de los ejércitos franceses, conforme se erosionó el impulso revolucionario de las masas y se fueron agudizando las contradicciones internas del Imperio napoleónico, éste entró en declive y la fortuna militar de Napoleón lo abandonó.

 

Así, una creciente oposición al interior de Francia se conjugó con una acentuada crisis financiera así como la desmoralización y deserción progresiva de los ejércitos franceses, cuyas filas ya no eran libertadoras sino esclavizadoras de Europa. Entonces, vino la debacle del Imperio, que inició con la herida abierta por la guerra de independencia española en 1808 (que se convirtió en un conflicto en toda la península ibérica), se profundizó con la desastrosa campaña del ejército napoleónico en Rusia que llevó a su derrota en 1812, y se desmoronó ante el desgaste provocado por el bloqueo continental que impuso Francia a Inglaterra, el cual padecieron principalmente los países del continente, ´propiciando finalmente una coalición de las principales potencias, que invadieron Francia y ocuparon su capital, obligando al emperador a abdicar y exiliarse en abril de 1814.

 

Las condiciones de paz impuestas en 1814 por las potencias fueron muy benevolentes pues solo exigieron el retorno de Francia a sus fronteras de 1792, no se pidió ninguna indemnización de guerra y ni siquiera mantuvieron guarniciones militares. Apenas el nuevo rey impuesto por las potencias decretó un Acta Constitucional, las fuerzas invasoras desocuparon el suelo francés, pues lo único que les interesaba era derrotar a Napoleón, porque ello significaba contener la ola revolucionaria que había recorrido Europa por más de dos décadas. Sin embargo, esa actitud cambió con el desesperado intento de Napoleón por volver a Francia y reconquistar el poder en 1815 (el régimen de los 100 días) pues tras ser derrotado y desterrado (con una pensión vitalicia en la Isla de Santa Elena) las potencias hicieron firmar a Francia un nuevo tratado de paz que exigió una indemnización por 700 millones de francos, la reducción de las fronteras francesas al estado de 1790, la devolución de todas las obras de arte robadas por los ejércitos napoleónicos en los países ocupados y el mantenimiento, a expensas del pueblo francés, de guarniciones y fortificaciones en las fronteras.

 

Pero a pesar de la restauración que ejecutaron los legitimistas borbones, colocando a Luis XVIII al frente de la Monarquía, sin embargo, tampoco este suceso pudo hacer retornar a Francia a la situación anterior a la revolución de 1789, pues no solo el país galo sino toda Europa había sido transformada en ese cuarto de siglo. Ello obligó a la monarquía borbónica a aceptar los cambios ocurridos en Francia y a brindar concesiones a la oposición aristocrática y liberal (a la que se otorgó un Acta Adicional a las Constituciones del Imperio, que dejó intactas las conquistas sociales de 1789 pero restauró ciertos privilegios); además, dada su debilidad interna y su dependencia de las potencias extranjeras por el Tratado de 1815, el régimen de la primera restauración quedó supeditado a las negociaciones que entablaron Rusia, Prusia, Inglaterra y Austria en el Congreso de Viena, efectuado entre 1814 y 1815.

 

El Congreso de Viena y la Santa Alianza

 

Después de derrotar a Napoleón, las potencias vencedoras efectuaron el Congreso de Viena el cual reconfiguró las relaciones territoriales, diplomáticas y geoestratégicas de Europa. Realmente, en Viena no se reunieron todas las naciones europeas, pues a las principales potencias no les interesaba discutir con los demás países los reacomodos en el equilibrio de fuerzas que, más bien, pretendían impulsar por su propia cuenta; por ello, decidieron efectuar los trabajos a través de comités, que reservarían la negociación de los puntos clave a los emisarios de las potencias, quienes simplemente presentarían los acuerdos al Congreso para su ratificación. Así, pese al discurso de los reyes y ministros de las potencias, que decían buscar liberar a los pueblos del yugo francés, el Congreso vienés perseguía objetivos muy concretos: desmantelar las conquistas político-militares del Imperio napoleónico, restablecer el viejo equilibrio entre las potencias europeas, borrar todo resto de la revolución y, sobre todo, evitar el peligro de que resurgiese una nueva ola revolucionaria.

 

Así, procedieron Rusia, Prusia, Austria e Inglaterra a repartirse entre sí el territorio continental de Europa según la riqueza y población de cada país, sin tomar en cuenta para nada la voluntad de sus habitantes sino considerando únicamente los intereses geoestratégicos de las potencias. En países como España, Portugal e Italia se restableció el orden monárquico; se devolvieron a las antiguas casas dinásticas sus posesiones ancestrales que habían perdido durante las guerras napoleónicas; se castigó a los reinos que habían apoyado a Napoleón, arrebatándoles territorios que fueron cedidos como compensación a Estados aliados a las potencias restauracionistas; éstas separaron y fusionaron reinos a discreción para salvaguardar sus intereses militares (rodeando a Francia de fortalezas) y, todo ello, a costa de las pequeñas nacionalidades como los polacos, noruegos, belgas y venecianos que quedaron fragmentados e integrados como minorías nacionales al interior de los Estados más poderosos.

 

Más aún, movidas por su común temor a la revolución, las potencias incluyeron a Francia en un mutuo acuerdo denominado el “Concierto Europeo”, según el cual se abstendrían de acudir a la guerra para resolver sus conflictos pero, en contraparte, prometían apoyarse entre sí para mantener por las armas los acuerdos a los que habían llegado y aplastar todo intento de modificar el equilibrio europeo establecido en Viena. Quedó así establecido un sistema multilateral en el que las potencias se reunirían cada año en congresos para resolver sus disputas, el cual fue complementado por el zar de Rusia, quien se alió con los reyes de Prusia y Austria, conformando una Santa Alianza de los Estados cristianos cuyo fin fue restaurar el antiguo régimen e impulsar una cruzada ideológica contra todas las ideas y fuerzas progresistas (incluyéndose el racionalismo de la Ilustración, el liberalismo republicano y las aspiraciones libertarias de las pequeñas naciones oprimidas) que pudieran hacer despertar nuevamente el fantasma de la revolución en Europa.

 

Pero, si bien el llamado Sistema Metternich (apellido del ministro austriaco, que fue su principal promotor) funcionó durante algunas décadas como coalición contrarrevolucionaria; desde un inicio mostró grandes fisuras pues quedaron sin resolver tres cuestiones clave: la hegemónica, la nacional y la constitucional. La primera cuestión implicaba los intereses de Inglaterra y Austria, que querían contener la creciente injerencia de Rusia en Europa, asunto que solo quedó saldado con la Guerra de Crimea (1853-56). La segunda cuestión, incluía la lucha de las pequeñas naciones por su liberación y las aspiraciones alemanas e italianas por unificar sus Estados, asunto que se solucionó hasta las guerras italianas de unificación (1859-60), así como las guerras de Prusia contra Austria (1866) y contra Francia (1870), que unificaron a Alemania bajo la hegemonía prusiana. La tercera cuestión tenía que ver con la profundidad que asumiría el proceso de restauración, sobre todo en cuanto a la forma política que asumirían los regímenes de gobierno tras la revolución.

 

El inviable proyecto de los reyes europeos por restaurar el régimen monárquico generó una gran contradicción histórica pues su esfuerzo implicaba reponer por la fuerza una forma política absolutista cuando el contenido social y económico de los cambios ocurridos en Europa ya era imposible de desmantelar. Por ello, la Restauración fue solo superficial pues implicó un periodo transicional de retroceso político hacia regímenes de compromiso que asumieron la forma de Monarquías constitucionales. Los gobiernos tuvieron que preservar varios cambios introducidos durante el periodo napoleónico como la unidad jurídico-administrativa, la reforma militar, la libertad económica y la separación Iglesia-Estado. Pero los reyes europeos se negaban sistemáticamente a conceder mayores libertades constitucionales de las que se habían visto obligados a otorgar por el impulso de la revolución francesa, sin embargo, se vieron imposibilitados de frenar las tendencias revolucionarias que renacieron desde los pueblos durante el siglo XIX.

PARTE II.- El ciclo de las revoluciones burguesas del siglo XIX en Europa

 

Dos olas de revoluciones burguesas y sus repercusiones en Europa

 

Como resultado del ciclo iniciado por la revolución francesa, continuado por el imperio napoleónico y concluido con el proceso de restauración europea, se configuró una situación de amalgamiento entre el liberalismo y el nacionalismo, que convergieron como corrientes ideológicas abanderadas en las tres grandes olas revolucionarias que sacudieron a gran parte de Europa durante la primera mitad del siglo XIX, y a las que posteriormente se añadieron las ideas socialistas durante las revoluciones de 1848. Las primeras convulsiones surgieron en las entrañas de las principales potencias, como fue la rebelión polaca de 1815, aplastada por Rusia, y las revueltas sociales en pro de una reforma parlamentaria que sacudieron a Inglaterra entre 1817 y 1819; procesos que, al ser derrotados, derivaron en un endurecimiento represivo en ambos países y el fortalecimiento de la contrarrevolución restauracionista en Europa.

 

Pero de esos antecedentes emergió la primera gran ola revolucionaria en Europa, que tuvo sus momento más álgido entre los años 1820-21, agitando todos los países del Mediterráneo, desde España hasta Grecia, pasando por Portugal e Italia. Los oficiales republicanos españoles y portugueses dieron la señal de inicio; los primeros, al derribar al rey y restablecer la Constitución liberal de 1812, y los segundos, al introducir una Constitución radical en Portugal; hechos que repercutieron incluso en la independencia de las antiguas colonias ibéricas en América. Paralelamente, en Italia y Grecia se formaron coaliciones liberales de oficiales, funcionarios e intelectuales que lucharon por el establecimiento de una República y por la liberación de sus países del dominio austriaco y turco, respectivamente. Aunque los procesos de esta primera ola fueron derrotados y los viejos regímenes restaurados mediante la intervención armada de Francia en España, Austria en Italia, Turquía en Grecia e Inglaterra sobre Portugal, sin embargo, las sublevaciones populares fracturaron el equilibrio europeo, agudizando el antagonismo de intereses entre las potencias, que les impidió intervenir de manera unánime en los conflictos.

 

A lo largo de la década de los 20’s se produjeron una serie de acomodos geoestratégicos en los que Inglaterra se erigió en alfil del equilibrio entre potencias a nivel europeo y transatlántico, al expandir sus dominios a costa de las antiguas potencias coloniales ibéricas que fueron desplazadas. A su vez, en varios países se volvieron crónicos los conflictos internos entre las élites reinantes conservadoras, que buscaban impedir toda transformación, y las fuerzas liberales que perseguían la democratización de sus sociedades y la liberación de sus países. En medio del clima represivo que caracterizó ese periodo, los grupos revolucionarios se vieron obligados a adoptar formas conspirativas como los carbonarios italianos y los filiki eteria en Grecia, entre otras expresiones. Bajo ese cúmulo de tensiones, estalló una segunda ola revolucionaria europea que fue más amplia (abarcando ya no solo a Estados secundarios sino a algunas potencias principales), y logrando esta vez algunos cambios políticos en diversos países.

 

La segunda ola inició en Francia con las “Tres jornadas gloriosas” de julio de 1830. El reinado de Luis XVIII, cimentado en la Carta de 1814 que representaba un compromiso entre los principios realistas y republicanos, había resultado demasiado liberal para los sectores más reaccionarios de la Monarquía borbónica, por lo que decidieron sustituirlo por Carlos X, quien llegó al poder en 1824 apoyado en la Iglesia y las facciones ultramontanas de la realeza. El período de su reinado se caracterizó por la represión hacia toda oposición, lo que no impidió la formación de sociedades secretas que expresaban el creciente descontento popular y de sectores burgueses que se habían visto excluidos en la restauración de 1815. Los intereses del pueblo y la burguesía coincidieron al ver el riesgo de que el reinado de Carlos X conllevara la reinstalación de los privilegios aristocráticos, expresado en diversas leyes como las de sacrilegio, primogenitura e indemnización de los emigrados; aunque fueron desechadas por la oposición liberal en la Cámara, esto no arredró al rey, quien impuso una ley de censura, que acabó crispando los ánimos y generando una crisis ministerial.

 

La crisis política acentuó la oposición liberal, por lo que Carlos X intentó un golpe institucional publicando las Ordenanzas de Saint-Claude (25 de julio de 1830) que reforzaban la censura, disolvían la Cámara y reducían el régimen electoral, limitando con ello los derechos políticos del pueblo y de una parte de la Burguesía. A lo anterior, se añadió la crisis económica provocada por una combinación de malas cosechas, baja financiera-comercial y el alza de precios, miseria y desempleo; que se combinaron para hacer estallar las insurrecciones del 27 al 29 de julio, que produjeron el derrumbe de la Monarquía borbónica. El día 26, las reuniones y manifestaciones dirigidas por la burguesía liberal en defensa de la Carta de 1814, rápidamente escalaron -pese a la indecisión de los líderes pequeñoburgueses- por la intervención de las masas populares de París, que pasaron a la acción arremolinándose en las plazas públicas al grito de ¡Viva la Carta! ¡Abajo el ministerio!

 

El 27 comenzaron los acontecimientos decisivos al publicarse en diversos periódicos una protesta firmada por distintas personalidades liberales, por lo que el rey mandó incautarlos y encarcelar a los firmantes, a lo que los obreros de las imprentas respondieron con violentos enfrentamientos en defensa de sus puestos de trabajo. Mientras los diputados liberales elucubraban proyectos parlamentarios para anular las Ordenanzas y sustituir al ministerio, sin tocar al rey; por su parte, las masas tomaron la iniciativa levantando barricadas para enfrentarse con las fuerzas policiales. Tras la caída de los primeros asesinados se enardecieron los ánimos populares, convirtiendo el motín en una insurrección masiva que se apoderó del centro y este de París, logrando tomar el Ayuntamiento y obligando a las fuerzas del orden a replegarse. Esto lo aprovecharon los diputados burgueses para intentar negociar con el rey un alto al fuego a cambio de revocar las Ordenanzas y sustituir al ministerio, con la promesa de poner fin a la insurgencia popular.

 

El rey, sintiéndose aún fuerte, respondió con un rotundo rechazo y con órdenes de arresto contra los liberales. Esta acción encendió a las masas y sumó a nuevos contingentes a la revolución, causando la deserción y el desorden en las fuerzas militares, con lo que el pueblo se adueñó por completo de París. El desconcierto generalizado en la realeza fue aprovechado por la Burguesía para obligar a Carlos X a suprimir las Ordenanzas y destituir el Ministerio, pactando además la inserción de opositores liberales en el gabinete así como la abdicación del rey y el ascenso al trono del Duque de la casa de Orleans. Además, se formó una comisión municipal provisional en París y la Guardia Nacional se puso al mando de Lafayette, con lo que se contuvo por vía institucional toda posibilidad de que reviviera la experiencia revolucionaria de la Comuna parisina. En esas condiciones el rey abdicó en favor de su nieto, solo para dar paso a la investidura de un nuevo monarca, Luis Felipe, “rey por gracia de Dios y voluntad de la nación”.

 

Con ello, quedó sellada la usurpación ejecutada por la oposición liberal burguesa, que despojó del poder no solo al rey sino, sobre todo, al pueblo francés que con su lucha había logrado derribar a la dinastía borbónica. Las aspiraciones democráticas del pueblo y de los grupos republicanos quedaron frustradas con el pacto llevado a cabo entre la burguesía y la realeza, que constituyó la base de la Monarquía de Julio, encabezada por el “Rey burgués”, conocido así porque durante su reinado la burguesía financiera y comercial amplió su poder político: “a una aristocracia de cuna le sucedió una aristocracia de dinero”. El saldo final fue el establecimiento del régimen monárquico-constitucional de 1830, que rescató algunas de las conquistas de 1789 suprimidas durante la Restauración y amplió la presencia de la burguesía liberal en el gobierno, sin embargo, ello se obtuvo a costa de relegar las problemáticas sociales planteadas por los sectores populares.

 

La rápida consecución de los acontecimientos revolucionarios en Francia impactó inmediatamente en el resto de Europa, no dejando margen a las potencias para reaccionar e intervenir en el proceso. Ello animó a los pueblos de otros países para emprender una lucha decidida por democratizar sus regímenes políticos; así durante el otoño de 1830 se sucedieron levantamientos en Bélgica, Suiza y Alemania, alcanzando también a Inglaterra, que vio caer al conservador gabinete tory que había gobernado por medio siglo. A principios de 1831, la chispa se extendió a Polonia e Italia. Los efectos de cada proceso se vieron influidos tanto por las relaciones de fuerza al interior de cada país como por la actitud que tomaron las potencias extranjeras en cada caso.

 

El peligro de una expansión revolucionaria y los problemas internos que enfrentaba cada potencia, las inclinaron a reconocer prontamente a Luis Felipe como nuevo rey de Francia, aunque ello violara el principio de legitimidad dinástica. La misma fórmula se aplicó con el rey Otón al independizarse Grecia y con el rey Leopoldo de Coburgo, quien quedó al frente de Bélgica como producto de las negociaciones entre bandos revolucionarios y de la intervención internacional. En Alemania los reyes de varios estados centrales abdicaron en favor de sus herederos y otorgaron constituciones liberales que consagraron la división de poderes, la responsabilidad de los ministerios, la injerencia parlamentaria en el presupuesto, la emancipación de los campesinos así como cierta autonomía administrativa y un primer esbozo de unificación económica. Igualmente, Suiza democratizó sus constituciones cantonales mientras, en Inglaterra, el nuevo gabinete whig propició la reforma electoral de 1832 que quitó restricciones y abrió la puerta del Parlamento a la burguesía.

 

Todos estos éxitos constitucionales y nacionales se lograron en los casos donde las potencias no intervinieron y en los que la Burguesía había logrado consolidar su poder. Pero aquellas naciones donde la burguesía era débil, debido tanto al retraso de la estructura económico-social como al poder político que habían conservado la nobleza y el clero, cayeron presas de la intervención de las potencias extranjeras, que sofocaron las luchas democráticas y nacionales de Italia y Polonia, cuyos pueblos creyeron falsamente que encontrarían, como en 1789, el apoyo de Francia para conquistar su libertad. Sin embargo, se toparon con que los intereses de la Burguesía francesa, que ahora gobernaba por mediación del trono, ya no incluían emprender una guerra revolucionaria europea sino, al contrario, asentar y salvaguardar el nuevo orden burgués que se abría paso en Europa. Por ello, Francia permitió que Austria restableciera a los príncipes y el poder papal en Italia, mientras dejó a los polacos abandonados a su suerte, para ser destrozados por Rusia.

 

El resultado general del ciclo revolucionario de 1830 fue el ascenso de la Burguesía como clase social en varios países, la colocación de cimientos iniciales para un régimen constitucional y la unificación nacional de algunos Estados, la ruptura del sistema de equilibrios emanado del Congreso de Viena y la configuración de bloques opuestos entre potencias: de un lado, se efectuó un alineamiento por las potencias orientales de Rusia, Prusia y Austria, del otro, las potencias occidentales de Inglaterra, Francia, Portugal y España constituyeron una cuádruple alianza como contrapeso a la Santa Alianza del este. Finalmente, el colofón de este período lo constituyeron los acontecimientos en España, que se convirtió en tablero de las disputas entre los bloques recién formados de las potencias europeas, pues su intervención en la guerra civil entre carlistas y liberales coadyuvó a que se alargara el conflicto interno, prevaleciendo una crónica inestabilidad que llevó a la sucesiva alternancia entre golpes de Estado y renovación de gabinetes, hasta el compromiso plasmado en la Constitución de 1845. España no fue sino el caso más extremo de las luchas históricas de la época.

 

De la lucha contra el viejo régimen al surgimiento de la cuestión social

 

La guerra civil que se desarrollaba en España era un caso expresivo de una situación que, de manera más o menos abierta o soterrada, prevaleció en Europa en las décadas siguientes. Aún tras dos grandes olas de revoluciones burguesas que habían sacudido al continente, generando algunos cambios políticos institucionales y realineamientos en las élites dirigentes, sin embargo, permanecieron irresueltas las grandes cuestiones que se venían arrastrando desde la Restauración de 1815, sobre todo, porque la estructura social y económica en diversos países europeos se preservó intacta. El resultado fue una gran inestabilidad a nivel internacional, tanto por procesos de resistencia nacionale como por conflictos políticos al interior de los Estados, donde la cuestión social planteada por la naciente clase obrera comenzó a emerger al primer plano de la lucha de clases entre los años de 1830 a 1850.

 

En ese marco, las transformaciones políticas en los regímenes posrevolucionarios de Francia, Grecia, Alemania, Inglaterra y cuya mayor expresión fue la Constitución en Bélgica, derivadas de las revoluciones de 1830, se convirtieron en modelos para las luchas liberales y nacionales de los sectores progresistas de Europa.  Su efecto se dejó sentir en las constituciones que fueron siendo conquistadas en los siguientes años, influyendo todavía en las que nacerían de las revoluciones de 1848. A su vez, cada avance constitucional que se lograba en el continente, impulsaba los movimientos nacionalistas por la liberación y unificación de sus pueblos, así como las luchas económicas y políticas del proletariado que se consolidaba como clase social, a la par del desarrollo industrial y comercial en Europa. Entonces, los regímenes europeos comenzaron a mostrar fisuras.

 

La revolución industrial junto con las reformas económicas, legales y religiosas que se habían establecido durante casi medio siglo de hegemonía del conservador partido tory (1783-1830), habían posicionado a la burguesía inglesa en el poder y a Gran Bretaña como potencia hegemónica europea. Sin embargo, también habían empeorado las condiciones de vida del proletariado lo que, aunado a su carencia de derechos políticos, originó el movimiento luddista[1] y rebeliones proletarias que derrotaron la prohibición de las coaliciones obreras (1824) y, posteriormente, desembocaron en un militante movimiento obrero que ya no solo exigía medidas de alivio a la situación de la clase trabajadora sino, ligado a ello, una democratización sustantiva del régimen electoral. Una inicial alianza obrera con la burguesía produjo el ascenso del partido whig al gobierno, conquistando la reforma electoral de 1832 (que aunque excluyó a los obreros, logró aumentar en un 50% el electorado) así como medidas para atender la cuestión social, que había sido relegada.

 

Pero habiéndose dado cuenta de que la burguesía solo utilizó al proletariado para llegar al poder, y además, que con su pura lucha económica no lograría cambios sustanciales, nace entonces el movimiento cartista[2], como un partido obrero independiente que se colocó durante dos décadas a la vanguardia del proletariado europeo al lograr una serie de conquistas que en los demás países parecían imposibles: leyes sociales de protección al trabajo infantil (1833) y de las mujeres (1842), reformas políticas sobre prensa (1836), código penal (1837) y asociaciones (1846) así como triunfos económicos como la supresión de las aduanas cerealeras (1846) y la jornada de 10 horas (1847); ésta última, que Marx calificaría como “una victoria de la economía política proletaria sobre la burguesa”. Aunque en 1848 el cartismo decayó en medio de divisiones internas y una fallida manifestación que, aunque logró juntar más de 5 millones de firmas en una petición al Parlamento, no obtuvo satisfacción a sus exigencias; sin embargo, dejó una amplia red de cooperativas y sindicatos que brindaron un gran peso político al movimiento obrero inglés en Gran Bretaña y toda Europa, durante las siguientes décadas.

 

En Alemania, influidas por las ideas del romanticismo, surgieron protestas estudiantiles al grito de “patria, soberanía popular y unión de los pueblos”, que en 1833 derivaron en un fallido proceso revolucionario en Fráncfort que, tras su derrota, desencadenó una reacción política severa y prolongada. Metternich promulgó una serie de decretos que suprimieron las libertades de asociación y prensa; coordinó las policías secretas y creó comisiones de investigación y vigilancia contra las universidades; encarceló a los principales líderes liberales; fiscalizó a las Cámaras, las amenazó con la ocupación militar o fueron disueltas, y el Estado dio un golpe que debilitó la Constitución federal. Pero mientras Austria estaba ocupada en su ofensiva represiva, Prusia capitalizó el empuje nacionalista y los intereses de la burguesía industrial alemana creando la Zollverein (1840), que derribó las barreras aduanales entre sus territorios, avanzando en la unificación económica y política de Alemania.

 

Finalmente, en Francia, el pacto sellado por la aristocracia nobiliaria y la aristocracia financiera en la Monarquía de Julio, resultó en un régimen débil e inestable, en el cual la Burguesía no lograba todavía traducir su dominación económica en la consolidación de su hegemonía social y política cuando ya se veía cuestionada por una naciente clase obrera surgida en los principales centros industriales de la capital, Lyon y otros departamentos que venían experimentando una incipiente pero sostenida industrialización y urbanización, que traían aparejadas varias problemáticas sociales. Emergieron entonces, diversas expresiones ideológicas, políticas y organizativas que tomaron como inspiración y base social a las clases trabajadoras de las urbes industriales.

 

Por un lado, de la mano de intelectuales acomodados como Fourier y Saint-Simon, se desarrolló el socialismo utópico como movimiento ideológico que propugnó por la transformación gradual y pacífica de la sociedad por vía de la asociación cooperativa de los trabajadores; mismo que, si bien aportó un gran impulso a la organización gremial del proletariado francés, se difuminó en pequeños experimentos colectivistas, la elaboración de libelos doctrinarios y una búsqueda de apoyo filantrópico entre adinerados y funcionarios del Estado. Por otro lado, estallaron potentes revueltas a lo largo de la década de los 30´s que, si bien fueron organizadas por diversas hermandades secretas de carácter conspirativo, dirigidas por la intelectualidad revolucionaria, lograron el apoyo de sectores populares y del proletariado, que dotaron de un carácter social a las insurrecciones.

 

Así, se recrudeció la lucha de clases a lo largo de toda la década, sucediéndose primeramente las sublevaciones de Lyon (1831), Grenobel (1832), París (1832) y Estrasburgo (1833). En los siguientes años el régimen monárquico implementó una serie de medidas represivas como las leyes de prohibición a oradores públicos y asociaciones (1834), desencadenando como consecuencia una oposición encarnizada que impulsó una nueva ola de insurrecciones en Lyon, París y Estrasburgo e, incluso, un atentado fallido contra el rey Luis Felipe (1835). A esto, la Monarquía respondió con el endurecimiento de las medidas coercitivas, al pasar por la guillotina a los cómplices del atentado, procesar a los participantes de las sublevaciones, disolver las guardias nacionales rebeldes y censurar la prensa subversiva. Pero ello no resolvió las causas profundas que generaban estas revueltas, la última de las cuales surgió a finales de la década, con la insurrección parisina de 1839, organizada por la Sociedad de las 4 Estaciones, que si bien fue derrotada, obligó al régimen a hacer limitadas concesiones como la ley del trabajo de 1841.

 

Los procesos en Francia eran reflejo de un fenómeno que sucedía en toda Europa; en varios países se multiplicaron las sociedades secretas[3] nacionalistas, democráticas y socialistas que conspiraban contra las monarquías dinásticas y participaron en diversos procesos revolucionarios[4], cuyos ecos resonarían en las revoluciones de 1848 y llegarían hasta la Comuna de 1871. En el extremo opuesto, las doctrinas de los socialistas utópicos lograron gran influencia en la década siguiente, sin embargo, sus ideales de transformación social se veían restringidos no solo por las condiciones sociales y económicas imperantes sino, asimismo, por la doble política de las monarquías que brindaban mínimas concesiones materiales a las clases populares, para atraérselas como base de apoyo, mientras en contraparte, reprimían a la vanguardia obrera y a la intelectualidad pequeñoburguesa disidente, rechazando cualquier apertura democrática que pudiera desestabilizar el régimen.

 

Por lo anterior, durante la década de los años 40 del siglo XIX, se acumularon las tensiones sociales que se fueron gestando desde el periodo de la Restauración establecida en 1815 y se recrudecieron en la década de los 30’s. Aunque las olas revolucionarias de 1820 y 1830 habían liberado grandes prodigios de energía popular en diversos países europeos, sin embargo, las derrotas o compromisos que prevalecieron dejaron como resultado procesos revolucionarios interrumpidos que dieron a luz regímenes de equilibrio entre las clases sociales. Los cambios que se habían producido eran parciales y superficiales, incapaces de adecuar las formas jurídico-políticas de los regímenes monárquico-constitucionales al nuevo contenido social y económico que nacía del desenvolvimiento industrial y comercial en el continente.

 

En ese marco, el Capitalismo industrial comienza a emerger, generando diversos efectos en la estructura económica y en la composición social de las sociedades europeas. De una parte, se extiende el maquinismo que se inserta en la producción desplazando a la madera por el carbón y a la manufactura por la gran industria, propiciando también una mayor concentración fabril y obrera. Estas circunstancias se acentúan con los primeros ciclos de crisis comerciales (en 1836, 1843 y 1847) que empiezan a hacerse presentes en la economía europea. Así, la industrialización viene acompañada de emigración rural, expulsión de mano de obra y desempleo, largas jornadas laborales y bajos salarios, miseria y hacinamiento entre la clase trabajadora; la cual, padeciendo estas crueles condiciones de vida, cobra progresivamente conciencia de su situación, lo que se traduce en un incipiente movimiento obrero que pone sobre la mesa la “cuestión social”.

 

Esta nueva problemática se expresó en varios ámbitos de la vida cultural europea como fueron, por ejemplo, las novelas de reivindicación social de George Sand, H. Balzac, Eugene Sue, Disraeli, Ch. Dickens o Th. Carlyle, que con una visión humanitaria y realista retrataban en sus obras los contrastes sociales entre ricos y pobres. Poco después, los reflejos artísticos fueron sustituidos por elaboraciones con una connotación más teórica, al aparecer las primeras ciencias sociales (Física Social o Sociología), que con tratados académicos y encuestas, abordaron los problemas y cambios que ocurrían en la naciente sociedad industrial. Si en un primer momento se pretendía estudiar estos “desequilibrios sociales” para evitarlos o contenerlos, posteriormente, las preocupaciones de la intelectualidad se encaminaron no solo a explicar sino a resolver de manera práctica dichas problemáticas, buscando transformar las condiciones sociales que las causaban.

 

Nace así el socialismo que, si en sus inicios fue meramente un movimiento ideológico que confundía rasgos de las ideas románticas o cientificistas de la época, más adelante se fue decantando hacia preocupaciones dirigidas a educar y organizar al proletariado con el fin de prepararlo para establecer una nueva sociedad. Entonces, resurgieron las doctrinas de pensadores utópicos como Fourier, Owen o Saint-Simon, que ahora se intentaron llevar a la práctica por sus discípulos Considerant y Cabet, quienes fundaron colonias experimentales en Estados Unidos.  Asimismo, se divulgó el socialismo democrático de Pequeur y Luis Blanc quienes postularon el “Derecho al Trabajo”, así como el ideal anarquista-cooperativista de Proudhon, opuesto a las huelgas y a la participación política del proletariado; mientras, en el extremo opuesto, Marx y Engels escribían el Manifiesto Comunista (1847), plasmando sus concepciones sobre la necesidad de articular la lucha económica y política de la clase obrera, dirigida hacia la conquista de su emancipación a través de la revolución socialista. Ideas todas ellas que se pondrían a prueba en los sucesos de 1848.

 

El cuadro histórico antes expuesto, mostraba los signos de un viejo orden en descomposición y la transición hacia una nueva sociedad que sufría de los dolores de parto sin lograr nacer. Inicialmente, el quiebre del antiguo régimen europeo se expresó en fallidos intentos conspirativos, atentados regicidas o revueltas espontáneas dirigidas por sociedades secretas de estudiantes, intelectuales y viejos revolucionarios, o, bajo la forma de experimentos colectivistas de carácter doctrinario; todos ellos igualmente fracasados por no corresponder a las condiciones objetivas de su época y carecer de un análisis científico de la naciente sociedad así como de una estrategia y un programa derivados de contrastar sus teorías con la experiencia revolucionaria de la naciente clase obrera.

 

La última ola revolucionaria de la burguesía europea: las revoluciones de 1848

 

Al expandirse el capitalismo industrial, emergieron nuevas contradicciones económicas, sociales y políticas que provocarían una erupción volcánica en toda Europa en el año de 1848. Las tensiones que se venían gestando en las anteriores décadas, se agudizaron y generalizaron al expandirse una fuerte crisis económica. Desde 1837 se venía manifestando un déficit agrícola que, a mediados de la década de 1840, se tradujo en una crisis alimenticia en la que se combinaron un invierno riguroso, con abundantes lluvias frías, el retraso de la recolección y la pudrición del cultivo, dejando un saldo desastroso en falta de subsistencias, elevación de precios, hambre y miseria entre 1844 y 1846. A lo anterior, se añadió una crisis comercial en 1847, cuyo epicentro fueron los países anglosajones pero cuyas mayores repercusiones se suscitaron en las naciones del continente. Los adelantos tecnológicos habían provocado un acelerado dinamismo industrial, comercial y financiero que trajo consigo una masiva especulación bancaria, la cual, al comenzar a minarse la rentabilidad de las inversiones, se tradujo irremediablemente en quiebras, depresión bursátil, parálisis industrial y comercial así como la extensión masiva del desempleo y la pauperización.

 

Si una fue la última crisis agrícola de subsistencias inherente al viejo régimen feudal en Europa, la otra constituyó la primera crisis comercial general provocada por la sobreproducción industrial, propia del Capitalismo moderno. Ambas generaron saqueos, violencia y desórdenes iniciales pero que, al prolongarse sus efectos de penuria, epidemias, endeudamiento y escasez, se combinaron de manera explosiva con los sucesos políticos de 1848, catalizando simultáneos levantamientos con un profundo carácter social y de un alcance geográfico continental.

 

A nivel político, los antecedentes fundamentales fueron la guerra civil en Suiza y los levantamientos en Italia, que constituyeron el toque de rebato para los acontecimientos en toda Europa. Mientras en Suiza[5] la burguesía liberal conquistó el poder tras una rápida victoria contra los conservadores, en Italia[6], en enero de 1848 se levantó el pueblo siciliano contra el dominio que ejercía Nápoles; inmediatamente le siguieron los pueblos del Piamonte y los demás estados italianos, consiguiendo constituciones liberales cuyo mayor ejemplo fue el Estatuto Fundamental otorgado por el rey Carlos Alberto, quien buscó encabezar la revolución para encauzarla hacia el logro de la unidad italiana.

 

En Francia la burguesía liberal y la pequeña burguesía democrática, venían empujando por una reforma electoral que había sido sistemáticamente relegada por los distintos ministerios que habían ocupado el gobierno desde la revolución de 1830. En 1840 y en 1845, una alianza entre la oposición liderada por los diputados Thiers y Barrot, postergó la discusión de una transformación política que incluyera a los sectores pobres, lo que expresaba un creciente conservadurismo de la Monarquía de Julio. Sin embargo, la reacción monárquica ya no podía contener el ascenso democrático y social de los diversos sectores del pueblo francés; un último rechazo a la reforma electoral efectuado por el Ministerio Guizot en 1847, despertó una creciente agitación política que aprovechó la oposición liberal para organizar una campaña de banquetes, en los que se discutían asuntos reformistas y republicanos, pero que comenzaron a volcarse hacia temas sociales. Justo fue la prohibición de un banquete que se celebraría el 22 de febrero en París, el detonador de la revolución en Francia.

 

Aunque la oposición burguesa desistió en realizar el banquete, diversos grupos de estudiantes, sectores populares y líderes de las sociedades secretas impulsaron protestas bajo la consigna ¡Abajo Guizot, viva la reforma! Al día siguiente los choques con la policía provocan un motín que se propagó por gran parte de la capital; los elementos de la Guardia Nacional, en vez de dispersar a los manifestantes, se colocan entre ellos y el Ejército; esto obliga al rey a destituir a Guizot y formar un nuevo gobierno incorporando líderes de la oposición, buscando así calmar los ánimos y dividir a la Guardia Nacional de los insurgentes. Sin embargo, el 24 un violento choque entre manifestantes y fuerzas armadas que defendían la casa del Ministerio, dejó decenas de muertos; se emprende entonces una procesión fúnebre gritando ¡A las armas, nos están asesinando!, lo que generaliza la insurrección, levantándose cientos de barricadas en la ciudad que desarticulan los contrataques del Ejército y convencen a los guardias nacionales de pasarse al bando insurrecto. Con ello, fracasan las tentativas de apaciguamiento orquestadas por los jefes ministeriales, provocando que el rey Luis Felipe abdique en favor de su nieto y huya de Francia.

 

Todavía por la tarde del 24, el Ministerio intentó imponer una Regencia con la madre del nieto recién coronado, pero la presión popular y los guardias nacionales lo impidieron ocupando la Cámara; este suceso lo aprovechan los líderes republicanos y demócratas para invadir la sala de sesiones y formar un Gobierno Provisional llamado a consultar al pueblo la forma de régimen que se establecería tras la revolución. Luego, los principales dirigentes se trasladan al Hotel de Ville, edificio del concejo municipal que era el símbolo de las tradiciones revolucionarias del pueblo parisino, en donde se reparten las carteras entre tumultos que obligan a aceptar a miembros electos por asambleas populares hasta que, por fin, se da a conocer la lista de quienes se incorporarían al nuevo gobierno, cuyos integrantes[7] son aclamados por las masas con gritos de ¡Viva la República!

 

Los acontecimientos en París, esparcen un reguero de pólvora que se dispersa por todo el continente, comenzando por el imperio de los Habsburgo. En la primera quincena de marzo, Hungría y Checoslovaquia se insurreccionan logrando un Estatuto, libertades democráticas y un nuevo gobierno. El ejemplo es continuado en Viena, el corazón del imperio austriaco, en donde un alzamiento deriva en la caída del canciller Metternich, principal figura de la contrarrevolución en Europa, obligando a formar un gobierno de coalición que promete establecer una Constitución. Estos sucesos repercuten tanto en Italia como en la Confederación alemana, que se encontraban bajo el dominio de Austria. Así, la revolución italiana se expande al sublevarse Milán, Parma y Módena que expulsan a los ejércitos austriacos, obligando a los príncipes y al Papa a apoyar el proyecto de independencia y unificación nacional emprendido por el rey Carlos Alberto. Simultáneamente, se generalizan insurgencias populares en la mayoría de estados alemanes obligando a sus príncipes a consentir la división de poderes y libertades públicas, que se ven coronadas tras la insurrección en Berlín, con la formación de un Parlamento General en Fráncfort.

 

Así, en los primeros meses de 1848, en diversos países europeos la insurgencia generalizada había provocado la caída de reyes y ministros, se obtuvieron Constituciones y reformas, se formaron gobiernos de coalición y parlamentos, los pueblos conquistaron y ejercieron libertades civiles y políticas. De Roma a Berlín, de París a Viena, los cuatro puntos cardinales del mapa europeo se estremecieron. Pero el elemento que marcó el proscenio fue la entrada en escena del proletariado europeo con su masiva intervención en los combates callejeros que se entablaron en las principales ciudades del continente. Las flores, cantos y festejos que, entre enero y marzo, llenaron las calles y plazas públicas de las urbes europeas con un delirio triunfal de esperanza, se vieron súbitamente eclipsadas por un conflicto más profundo, nacido en las entrañas de la antigua sociedad que se desgarraba y hacía emerger, desde la sórdida realidad que imperaba en los barrios obreros, las problemáticas sociales prolongadamente aplazadas por las anteriores revoluciones burguesas.

 

El teatro central de esta nueva conflagración social fue la capital de Francia. El Gobierno Provisional nacido tras las jornadas de febrero parecía representar a todas las clases que participaron en el derrocamiento de la Monarquía orleanista. Al lado de los republicanos burgueses y la pequeña burguesía democrática, la fuerte presión del proletariado obligó a la incorporación de líderes de las sociedades populares, encabezados por dos jefes del partido socialista, el periodista Luis Blanc y el obrero mecánico, Albert (ambos, sin cargo ministerial). Además, se abolió de facto el régimen electoral censitario y se estableció el sufragio universal, pasando de 240 mil a 9 millones el electorado que votaría en abril una Asamblea Constituyente para elaborar una Constitución. Así, en las primeras semanas tras la revolución de febrero se materializaron algunas concesiones políticas y sociales, con las cuales, el gobierno se rodeó de una serie de instituciones que le hicieron aparecer frente a las clases populares como su propio gobierno, fomentando la creencia de que en adelante prevalecería la fraternidad social. Pero esto no tardó en mostrarse como una ilusión.

 

La presión popular se expresó desde el primer día del Gobierno Provisional bajo la exigencia de un Ministerio del Trabajo, lo que le obligó a emitir un decreto por el que se comprometía a “garantizar la existencia del obrero y el trabajo para todos los ciudadanos”. Influido por las doctrinas utópicas de entonces, la idea central del proletariado era el Derecho al Trabajo y su organización por el Estado; pero la respuesta del gobierno provisional fue una política de conciliación de clases cuyos ejes fueron la organización de Talleres Nacionales y la creación de una Comisión del Trabajo. Aquellas, solo fueron concesiones temporales que el gobierno adoptó para satisfacer de manera distorsionada las demandas de la clase obrera y desviar sus clamores revolucionarios; pues, en los hechos, los Talleres fueron un derroche financiero y una limosna por labores inútiles, mientras la Comisión Luxemburg[8] nunca contó con presupuesto ni facultades para implementar sus proyectos, por lo que su actuar se restringió a experimentos doctrinales, hasta acabar convertida en una mera comisión de estudio encargada de efectuar un censo de las condiciones de vida de la clase obrera.

 

El gobierno aprovechó la distensión popular para formar una Comisión provisional de composición mayoritariamente moderada; pero el 18 de marzo, ante una manifestación reaccionaria de la Burguesía contra el Gobierno Provisional, el proletariado parisino respondió con una poderosa demostración de fuerza en las calles, que le permite al jefe del partido demócrata-pequeñoburgués, Ledru-Rollin, convertirse en el dueño de la situación, al deshacerse del ala moderada y formar un gabinete hegemonizado por los republicanos radicales, que entre marzo y abril renovó a las autoridades locales y consignó las instituciones republicanas a través de comisarios que se enviaron a todos los departamentos franceses. Simultáneamente, se habían venido formando destacamentos armados paralelos al Ejército, el cual había quedado desprestigiado por su acción contra el pueblo; entonces, por decreto del nuevo gobierno se renueva la Guardia Nacional y se crea la Guardia Móvil, ambos organismos encargados de proteger las instituciones republicanas recién constituidas. El proletariado se enroló masivamente en las milicias civiles, que admitieron la participación de todos los varones entre 21 y 55 años.

 

Al desvanecerse el viejo régimen, el pueblo se adueña de la vida pública. La supresión del estampillado y la censura propaga cientos de periódicos de agitación que, retomando nombres de diarios de la época de la Gran Revolución, son repartidos en las calles difundiendo ideas de variado matiz ideológico, desde el republicanismo moderado hasta el comunismo. Esto permitió a las antiguas sociedades secretas convertirse en clubs políticos abiertos, que expresaron la opinión y participación política de las masas populares; se formaron cientos de clubs tanto moderados como radicales, sobresaliendo los de las mujeres[9] y los dirigidos por antiguos revolucionarios como Blanqui y Barbés[10], quienes impulsan la conformación del Comité Revolucionario, nacido el 21 de marzo como instancia coordinadora de todos los clubs formados al calor de los acontecimientos, constituyéndose en órgano de poder revolucionario que aglutinó a las corporaciones obreras, secciones populares y regimientos militares de París y otros departamentos, bajo el programa de “republicanizar a Francia”, garantizar las libertades políticas y el derecho de los trabajadores.

 

El Comité Coordinador de los Clubs envió a cientos de agentes electorales a las provincias con el objetivo de propagar las ideas republicanas e intentar postergar las votaciones a celebrarse el 23 abril, cuyos resultados sabían que serían desfavorables. Sin embargo, la irresistible efervescencia obrera y popular se expresó en una gran manifestación el 16 de abril, espantando a la que hasta entonces había sido su aliada, la pequeña burguesía urbana y rural, la cual se arrojó a los brazos de la Burguesía republicana, sellando contra el proletariado insurrecto un compromiso plasmado en los comicios, que dieron mayoría a las fuerzas moderadas y conservadoras dentro de la Asamblea Constituyente, que quedó constituida el 4 de mayo. Al saberse los resultados, el proletariado se desmoralizó, pero pronto ese sentimiento se convirtió en rabia conforme la situación política volvió a converger con la crisis económica generada por un creciente déficit fiscal y la bancarrota financiera del gobierno, debido a su incompetencia e incapacidad para afrontar la crítica situación económica internacional, recrudecida en Francia por la revolución.

 

Entonces, el Gobierno Provisional dictó diversas medidas para intentar paliar la desesperada situación de las clases pobres (prórroga de los préstamos vencidos, creación de Almacenes Generales y oficinas de descuento, créditos a los pequeños comerciantes y agricultores) e impulsó acciones para estabilizar la economía (curso legal y forzado de los billetes del banco, fusiones bancarias y cambios en las tasas e impuestos, etc.). Sin embargo, los grandes propietarios se opusieron a toda reforma financiera-fiscal progresiva que implicara una reestructuración económica y dañara a sus intereses; por ende, el Gobierno descargó la crisis en los sectores populares estableciendo diversos impuestos que afectaron a los contribuyentes más pobres. Ello provocó inmediatamente saqueos de tiendas, casas de préstamo y bosques así como ataques a guardias, recaudadores y autoridades; desórdenes que fueron violentamente reprimidos, encendiendo el descontento popular que se expresó en las jornadas revolucionarias ocurridas a mediados de año.

 

Ya la jornada del 18 de marzo, aunque obtuvo parcialmente una respuesta favorable a la demanda de postergar las elecciones a la Guardia y a la Asamblea nacionales, sin embargo, había demostrado la fuerza del proletariado, aterrando tanto al Gobierno como a las demás clases sociales. Ello se recrudeció con los disturbios ocasionados por la crisis económica, en los que el proletariado planteó con más fuerza sus propias reivindicaciones. Así, ocurrió en la jornada del 16 de abril, en que la elección del Estado Mayor de la Guardia Nacional propició una manifestación obrera armada que elevó una petición al gobierno, el cual, aunque recibió una delegación de los manifestantes, difundió una proclama en la que satanizó toda protesta como un “complot comunista”. Posteriormente, la jornada del 15 de mayo impulsada en exigencia de pan y empleo a los obreros así como el establecimiento de un verdadero Ministerio del Trabajo, fue orientada en un sentido revolucionario por Blanqui y otros jefes de los clubs, quienes animaron a las masas a invadir las sesiones de la Asamblea Nacional para intentar disolverla y formar un nuevo Gobierno provisional. Una acción aventurera que, al ser mal organizada y no considerar los cambios ocurridos en la correlación de fuerzas tras las votaciones de abril, resultó una provocación favorable a la reacción.

 

La derrota del putch insurreccional de mayo, orquestado por los clubs blanquistas, derivó en el encarcelamiento y desplazamiento de los líderes socialistas, marcando el declive de la revolución. Desarticulada la jefatura del proletariado y horrorizada la pequeña burguesía, el Gobierno Provisional toma la iniciativa buscando acabar con el último reducto de fuerza que le queda a la clase obrera, los Talleres Nacionales, que a los ojos de la Burguesía ya habían cumplido su papel de contención de la presión popular y ahora resultaban un obstáculo para restablecer el orden político. Así, se impulsan una serie de medidas encaminadas a provocar al proletariado a una insurrección en condiciones desventajosas, brindando la oportunidad al gobierno de aplastar de una vez por todas a la clase obrera. Bajo esas circunstancias empieza la ofensiva burguesa a finales de mayo cuando la Asamblea Nacional decreta disolver los Talleres Nacionales, lo que se concreta, primero, con la destitución del director de los Talleres y, luego, al formarse una comisión especial que elabora un plan para su disolución. Al aplicarse en junio la orden para enviar trabajadores a provincias y enrolarlos en el Ejército, suena la campana de alarma que insurrecciona al proletariado.

 

El 21 de junio se reúnen los líderes obreros en el arrabal de Saint-Marceau, definiendo una manifestación al día siguiente en defensa de los Talleres Nacionales. El 22, las protestas se dirigen contra la Asamblea y el Gobierno, con arengas por ¡Trabajo y Pan! ¡República democrática y social! El 23 la guerra civil se desborda, desde temprano las barricadas son levantadas por decenas de miles de insurrectos, dividiendo los barrios pobres en el este, de los ricos situados al oeste de París. Como en febrero, el pueblo trató de desarmar a los guardias móviles enviados por el gobierno, buscando ganar a las milicias al bando insurgente, pero el intento falla y se generalizan los disparos. A pesar del fuego graneado sobre las barricadas, el pueblo resiste durante horas y por la noche vuelve a tomar las posiciones perdidas. Al siguiente día, el pueblo pasa de la revuelta espontánea a organizar la defensa con un sistema completo de barricadas comunicadas entre sí y bien parapetadas. Esto obliga la intervención del Ejército bajo el mando del general Cavignac, quien habiéndose destacado en la guerra de Argelia, es designado por la Asamblea Constituyente para acabar con la insurrección.

 

Aún con el fuego de fusilería, artillería y cañones que son usados sin cuartel contra los hogares obreros, la resistencia no cede; en los barrios mejor atrincherados las fuerzas armadas se ven obligadas a tomar palmo a palmo las calles, asaltando casa por casa. El 25 de junio, 150 mil militares de línea, más 50 mil guardias móviles y nacionales, se enfrentaron a 40 mil obreros que, a pesar de la desventaja numérica y armamentística, en el momento más álgido de la batalla se adueñaron de todos los barrios del cinturón exterior de París, apoderándose de varios cañones y logrando entrar con cuatro columnas al centro de la capital, hasta ocupar las inmediaciones del Ayuntamiento con la intención de tomarlo y luego avanzar hacia las sedes del Gobierno y de la Asamblea. Esta ofensiva del bando insurgente prendió lo focos rojos de la burguesía que no le importó ver destruidas sus propiedades con tal de aplastar por todos los medios a los insurrectos. Entonces, el gobierno decreta el estado de sitio e inviste con poderes extraordinarios a Cavignac, quien utilizó bombas incendiarias y las tácticas de guerra que habían sido aplicadas por el Ejército francés en Argelia.

 

Sólo de esa manera las fuerzas del orden lograron rechazar y romper el cerco establecido por los insurrectos en torno al Ayuntamiento; punto neurálgico que, de haber sido tomado, hubiera significado el triunfo de la rebelión. Pero lo que les sobró de valor y organización a los rebeldes les faltó en términos de armamento y liderazgo militar; además, el pueblo repugnó ocupar la única vía con que podría haberse defendido, el incendio de edificios, por lo que no tuvo otra opción más que retroceder ante el tipo de armas y de tácticas sanguinarias ocupadas por el Ejército. Su vacilación y repliegue fue su perdición, pues el 26 de junio, Cavignac avanzó destruyendo con la artillería pesada y el bombardeo todas las barricadas y quemando barrios enteros; cientos de insurrectos en desbandada fueron aprehendidos por la caballería y fusilados en masa sumariamente. El sado final fue de 3000 ejecutados y 15 mil encarcelados o deportados. Fue así como la burguesía pudo sofocar la heroica conflagración protagonizada por el proletariado de París, pero al costo de destruir las ilusiones populares que habían sido depositadas en la República al iniciar la revolución en febrero.

 

El choque de junio no solo barrió con las barricadas obreras sino también con el Gobierno Provisional, que la Burguesía solo había tolerado mientras no sentía la fuerza para acabar con él. La Asamblea Nacional le confió el Poder Ejecutivo a Cavignac quien estableció una dictadura militar que desmanteló todas las conquistas revolucionarias. A nivel político, los clubs son disueltos y reglamentados, los diarios cerrados y las milicias obreras desarmadas; las leyes del 28 de julio y 11 de agosto prohíben toda asociación y se restablecen los delitos de prensa. En materia económica, se desmantelaron todas las leyes progresivas en materia fiscal decretadas por el Gobierno Provisional y se cancelaron todos sus proyectos de nacionalización de ferrocarriles, seguros, minas y bancos que serían rescatados por el Estado. En el ámbito social, la reducción de la jornada laboral fue revocada y en septiembre se elevó nuevamente a 12 horas; asimismo, el derecho al trabajo quedó reducido a un sistema de asistencia social, lo que se buscó compensar con una política de subvenciones a los gremios obreros y ayudas a los guardias heridos en las batallas de junio, a los indigentes e inválidos así como un raquítico aumento salarial a los maestros.

 

Las migajas que se otorgaron a los sectores más atrasados políticamente del proletariado y el pueblo, constituyeron una maniobra para encubrir la ola represiva que se desató contra la vanguardia que había encabezado la insurrección de junio. Así, habiendo logrado restaurar el orden mediante la bota militar y una política de concesiones, la Asamblea Constituyente sesionó en medio del estado de sitio, logrando en Noviembre promulgar la nueva Constitución e instituyendo formalmente la II República, cuyo establecimiento se asienta sobre los escombros y la sangre derramada en las jornadas de junio; desenlace que es coronado en diciembre con la elección a presidente de Luis Bonaparte. Mientras tanto, fuera de Francia, la derrota del proletariado parisino constituye el primer acto del drama que se desencadena por toda Europa; durante el otoño e invierno, se desata una brutal ofensiva contrarrevolucionaria que durará hasta mediados de 1849, aplastando a los pueblos insurrectos, primero en Austria, Hungría e Italia y luego en Alemania, sucediéndose fatalmente las trágicas escenas de una epopeya que llegará a su fin, nuevamente, en Francia donde un prolongado período de conflictos entre el poder legislativo y el ejecutivo, allana el terreno al golpe de Estado que establece el régimen dictatorial de Luis Bonaparte.

 


 

[1] Derivado de la revolución industrial de finales del siglo XVIII que implicó la incorporación de las primeras máquinas en el proceso productivo, los obreros reaccionaron violentamente al padecer el desempleo, la competencia exacerbada y lo estragos físicos y sociales que venían aparejados al maquinismo, por lo cual surgieron insurrecciones dirigidas a la destrucción de las máquinas, que los trabajadores manuales culpaban de su situación. Ello llevó al establecimiento de diversas leyes anti-luddistas entre 1769 y 1812, que penaron gravemente la destrucción de máquinas y fábricas.

 

[2] El movimiento cartista se constituyó a partir de la Asociación de Trabajadores que redactó la famosa Carta al Pueblo en la que se exigía el voto secreto para todos los ciudadanos, dietas a los diputados que permitieran a los trabajadores ser electos al Parlamento, la división igualitaria de la circunscripciones electorales y reducción de los periodos legislativos.

 

[3] Como continuadoras de la tradición iniciada por la Conspiración de los Iguales de Graccus Babeuf, el objetivo común a todas estas asociaciones secretas era “conquistar el poder político por la fuerza, mediante un grupo de conjurados rígidamente organizados y liberar a la clase obrera, que vivía de la venta de su mano de obra. La dictadura revolucionaria de los victoriosos conjurados habría de garantizar la educación del pueblo para la democracia y para la colaboración en una sociedad económica utópico-comunista” (Abendroth, 1970: 23-24).

 

[4] A lo largo de la década de 1830 nacieron en varios países infinidad de sociedades secretas con un carácter democrático-nacional e inspiradas por líderes que se convirtieron en símbolos de los movimientos revolucionarios de la época: tal fue el caso de José Mazzini que fundó  la Joven Italia (1831) y, posteriormente, la Joven Europa, como una organización internacionalista que propició réplicas en diversos lugares; en Francia, este fenómeno se tradujo en la formación de gran cantidad de sociedades que participaron en intentos insurreccionales a lo largo de la década como la Sociedad Amigos del Pueblo que dirigió la insurrección parisina de 1832, la Sociedad de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que encabezó los sucesos de Lyon en 1834 y, finalmente, la insurrección parisina del 12 de mayo de 1839, organizada por la Sociedad de las Estaciones, dirigida por Auguste Blanqui y Armand Barbés.

 

[5] La guerra civil en Suiza se desencadenó cuando el Sonderbund, formado en 1845 como una coalición conservadora de cantones católicos, se opuso al ascenso de los liberales suizos que en 1846 lograron importantes reformas constitucionales en Berna y Ginebra así como una mayoría liberal en la Dieta de la Confederación; la cual, en 1847 impulsó una victoriosa intervención contra el Sonderbund, naciendo una Federación de Estados democráticos que se convirtió en modelo para los revolucionarios de toda Europa al proclamar la supresión de las constituciones estamentales, la extensión del derecho al voto a las clases populares así como la igualdad de derechos entre el campo y la ciudad, base para la unificación nacional en un sentido democrático, en contraposición al derecho de legitimidad dinástica.

 

[6] Los levantamientos que se venían sucediendo en Italia desde la década de 1830, dirigidas por las sociedades secretas mazzinianas, aunque habían venido fracasando uno tras otro, obligaron a los reyes a impulsar una modernización administrativa y suavizar la censura política e, incluso, el papa Pío IX tuvo que otorgar algunas concesiones constitucionales a su llegada, en 1846; las cuales, fueron interpretadas como una apertura liberal del régimen, propiciando un movimiento de risorgimiento encabezado por la intelectualidad democrática en pro de liberarse del yugo extranjero, alcanzar la unidad nacional y una forma de gobierno republicana. Los acontecimientos revolucionarios de 1848 despertaron la esperanza de lograr dichoso objetivos pero el intento sucumbió ante las disensiones en el campo revolucionario y la intervención armada de las potencias extranjeras, en 1849.

 

[7] Se estableció un gobierno colegiado, con 7 representantes de los periódicos burgueses y pequeño burgueses de la capital: Dupont de l’Eure, Lamartine, Arago, Ledru-Rollin, Garnier-Pagès, Thomas Marie y Crémieux; así como 4 miembros elegidos en una reunión de las sociedades secretas cercanas al periódico La Réforme: tres periodistas, Armand Marrast, Ferdinand Flocon, Louis Blanc y el obrero mecánico, Albert.

 

[8] Constituida el 1ro de marzo y dirigida por Luis Blanc y Albert, sesionó en el Palacio de Lexumburg y tomó una serie de medidas: abolición del trabajo subcontratado a destajo, reducción de la jornada laboral a 10 horas en París y 11 en las provincias, suspensión del trabajo en las prisiones y cuarteles así como una promesa de reforma fiscal. Todas las cuales fueron revocadas al declinar la revolución.

 

[9] En los clubs femeninos se destacó el Club de la emancipación de las mujeres, presidido por Eugénie Niboyet, Desirée Gay y Anaïs Ségalas, quienes se propusieron combatir los prejuicios tradicionales y educar a las mujeres en los principios democráticos y socialistas, fundando la Asociación de educación mutua de mujeres.

 

[10] Blanqui fundó la Sociedad Republicana Central y Barbés el Club de la Revolución, los cuales se caracterizaron por su radicalismo orientado a reclutar hombres de confianza dispuestos a responder al llamado insurreccional en pro de establecer un nuevo gobierno de transformación social.


Parte III.- Lucha de clases y reacción bonapartista en Francia

 

El ascenso de Luis Bonaparte

 

La historia de cómo llegó a convertirse en emperador francés Luis Bonaparte, un personaje oscuro exiliado fuera de Francia y que, por tanto, no tuvo ninguna participación relevante a lo largo del periodo revolucionario entre febrero y junio de 1848, es importante porque permite analizar el encadenamiento de sucesos que condujeron de la instauración de la II República al establecimiento del II Imperio napoleónico. Estudiar estos sucesos, como lo hizo magistralmente Marx en sus libros La lucha de clases en Francia y El 18 brumario de Luis Bonaparte, es de vital importancia pues no solo es necesario analizar los errores y aciertos del bando revolucionario sino, asimismo, las maniobras y ardides del enemigo, con el fin de extraer lecciones para elaborar una correcta teoría de la táctica y estrategia revolucionarias.

 

En su juventud, Luis Bonaparte (sobrino del primer emperador, Napoleón) se había estrenado en política al ligarse con las sociedades secretas carbonarias, que luchaban por la liberación de Italia. Durante la rebelión del pueblo italiano de 1831 contra el poder del Papa, Luis junto con su hermano mayor se enrolaron al mando de algunas unidades militares; tras la derrota, el hermano mayor falleció por enfermedad y Luis fue exiliado. Eso no le impidió participar nuevamente en dos fallidos intentos conspirativos, uno efectuado en Estrasburgo en 1836 y otro en Boulogne, en 1840. Después de estos fracasos, fue arrestado y condenado a cadena perpetua en la fortaleza de Ham, de la cual escapó 6 años después hacia Inglaterra, desde donde siguió los acontecimientos que se desarrollaron en Francia durante 1848. La revolución de febrero lo indujo a retornar a Francia, buscando colocarse entre la confusión de los sucesos, pero al no lograr ninguna influencia, regresó a Inglaterra en donde fungió como espía del gobierno británico contra el movimiento obrero cartista, que desarrollaba una importante campaña de agitación política en ese año.

 

A pesar de los desaires sufridos al inicio, el aplastamiento de la revolución en junio de 1848 condujo al progresivo declive de republicanismo y a la acentuación de la reacción burguesa, perfilándose el partido bonapartista que inició una campaña en favor de Luis Bonaparte, quien por su mero apellido se adecuaba perfectamente para servir a los intereses de diversos grupos financieros que buscaron revivir el mito napoleónico para impulsar una salida a la inestabilidad política que sufría Francia. Con un fuerte financiamiento, se fundaron cientos de periódicos de tendencia bonapartista y se realizaron infinidad de actividades proselitistas que combinaron una masiva propaganda impresa con diarios, carteles, folletos, retratos y canciones populares en las que se vitoreaba la imagen de Luis, granjeándole una gran popularidad que encumbró su candidatura como diputado a la Asamblea Constituyente, resultando electo por más de 100 mil votos.

 

Aunque su candidatura encontró el rechazo de los políticos moderados y conservadores, quienes veían con recelo la posibilidad de un nuevo advenimiento napoleónico, buscando incluso que se declarase nula su elección por encontrarse todavía exiliado; sin embargo, su popularidad crecía entre sectores del pueblo de la más variada inclinación política: desde el soldado nacionalista que recordaba la pasada gloria militar del primer Imperio o la pequeña burguesía moderada que padecía los estragos de la crisis económica, hasta el trabajador de ideas socialistas que, había escuchado hablar de las preocupaciones de Bonaparte por la cuestión social expresadas en algunos libros suyos escritos durante su  encarcelamiento y, además, recordando los sucesos de junio, guardaba un profundo odio hacia la Asamblea Nacional y la dictadura de Cavignac, el “carnicero de las barricadas”. Luis Bonaparte se convirtió así en héroe popular, lo que le evitó ser apresado por su regreso a Francia y le permitió ocupar su escaño parlamentario en septiembre de 1848.

 

Pero muchos diputados sabían que ser miembro de la Asamblea Constituyente era solo el primer peldaño de Bonaparte hacia la Presidencia, por ello buscaron cerrarle el camino durante las discusiones para elaborar la nueva Constitución, en donde se definirían los criterios de elección del Presidente de la República. Así, tras un largo periodo de negociaciones parlamentarias, las facciones monárquicas impusieron una fórmula que buscaba excluir veladamente a Luis: el voto popular definiría al nuevo presidente, pero solo a condición de que el candidato electo obtuviera una mayoría absoluta con un mínimo de 2 millones de votos, de lo contrario recaería en la Asamblea Nacional la designación. Inclusive se llegó a proponer una iniciativa para invalidar la candidatura de cualquier miembro de una familia que hubiese reinado en Francia con anterioridad. Pero Luis había resultado tan torpe y gris como parlamentario que esta moción fue retirada por quienes creyeron que Bonaparte nunca ganaría la elección. La historia dio un mentís a estos cálculos políticos.

 

Las elecciones fueron definidas a celebrarse el 10 de diciembre de 1848, siendo los principales candidatos: Luis Bonaparte, impulsado por el partido bonapartista, y Cavignac, por las facciones conservadoras de la Burguesía; tras los cuales compitieron también Lamartine, del partido burgués republicano; Ledru-Rollin, de la pequeña burguesía radical, y Raspail, representando al partido socialista. La campaña del partido bonapartista se intensificó entre octubre y noviembre, con una estrategia propagandística dirigida hacia toda la población, que planteaba a los oídos de cada sector lo que cada uno deseaba escuchar: a las masas se prometían reformas, ante la burguesía se mostraba a Bonaparte como garante de la ley y la propiedad mientras que frente a la Iglesia se anunciaba el respeto a sus privilegios. Por su parte, Cavignac no solo era repudiado por las masas obreras debido a la represión de junio sino que, también para la misma burguesía, el personaje que les sirvió para aplastar las barricadas no era quien les serviría ahora para estabilizar y legitimar el régimen; incluso, el Partido del Orden, conformado por las facciones monárquicas de la burguesía, decidió a última hora volcar su apoyo hacia Bonaparte considerándolo como un mal menor al que podrían controlar, frente a un Cavignac resuelto e inquebrantable.

 

Fue así como, habiendo logrado el respaldo de casi todos los partidos del espectro político y la simpatía de la mayoría de la población, Luis Bonaparte resultó electo con un triunfo arrollador de más de las tres cuartas partes de los sufragios emitidos, obteniendo 5,5 millones votos, frente a 1,5 millones para Cavignac y apenas unos cuantos cientos de miles para el resto de candidatos; lo que le dio mayoría absoluta en 72 de los 80 departamentos de Francia, incluido París. El 20 de diciembre, Luis ocupó la Presidencia con un discurso en que advirtió que consideraría como enemigo de la patria “a quien intente con medios ilegales cambiar lo que Francia misma ha establecido”; pero sería él mismo quien, tres años más tarde, derribaría con un golpe de Estado las instituciones republicanas que habían sido escogidas por primera vez, mediante sufragio universal, por el pueblo francés.

 

Del periodo constituyente a la República burguesa

 

Tras asumir el cargo como Presidente, Bonaparte inmediatamente designó su gabinete de gobierno en el que colocó a destacados orleanistas y legitimistas, miembros del Partido del Orden. Así, el nuevo régimen quedó constituido por un Parlamento de mayoría republicana, un Poder Ejecutivo pro-monárquico y un Presidente con aspiraciones imperiales; esta heterogénea composición sería el origen de las contradicciones que desgarrarían a la República, en medio de crecientes pugnas entre los distintos partidos; provocando, a su vez, una permanente conflictividad entre los poderes instituidos, debido a las cláusulas señaladas en la Constitución la cual estableció el sufragio universal masculino, la división de poderes y una Cámara facultada para elaborar leyes pero, al mismo tiempo, encargó el poder ejecutivo en la figura de un Presidente dotado de facultades extraordinarias, que duraría en el cargo por 4 años sin posibilidad de presentarse a un segundo mandato.

 

Esta serie de candados, con los que se pretendió evitar una concentración de poderes que derivara en una nueva dictadura, en realidad, acabó por generar una creciente disputa entre la Asamblea Nacional y el Presidente, al enfrentar a los dos poderes en que reposaba el régimen, el legislativo y el ejecutivo, ambos expresiones de la soberanía nacional y electos ambos por el voto popular. Pero mientras la Asamblea representaba solo a las diversas facciones de la Burguesía, la investidura presidencial descansaba sobre una relación directa establecida, mediante el sufragio universal, entre Bonaparte y las clases populares que constituían la mayoría del pueblo francés. Así, Bonaparte pudo equilibrarse en medio de la lucha de clases que proseguía entre la Burguesía, de un lado, y el campesinado, la pequeña burguesía urbana y el proletariado, del otro; la figura del Presidente ascendió como el gran árbitro y el justo medio capaz tanto de prevenir el peligro de una restauración de la Monarquía orleanista, que había sido derrocada con la revolución de febrero, como de evitar la amenaza de la República roja, que había asomado la cabeza durante las jornadas de junio.

 

La elección tan masiva y aglutinante de Bonaparte como presidente, en realidad, representaba un voto contra el dictador Cavignac, pero también contra la Asamblea Nacional y la República de febrero; el primero, repudiado por su sanguinaria actuación en junio, mientras la Constituyente y la República habían quedado muy mal paradas por haber defraudado todas las ilusiones depositadas en ellas por las clases populares. Por otro lado, las facciones monárquicas (orleanistas y legitimistas) de la Burguesía, se hacían pasar por republicanas solo por el repudio general que todavía prevalecía contra la Monarquía de julio, pero aguardaban el momento para impulsar su propia hegemonía dinástica. Además, toleraban la existencia de la Asamblea Constituyente solo en cuanto había servido como contención de las tendencias democráticas y socialistas impulsadas por el proletariado dentro de la revolución; pero, ahora que ya había cumplido con su función constitucional, les estorbaba y buscaron liquidarla lo antes posible para consolidar el nuevo orden. Comenzaron entonces a presionar por su disolución.

 

Se estableció así una alianza entre el Presidente y las facciones monárquicas de la Burguesía, bajo la forma de un ministerio del Partido del Orden encabezado por Odilon Barrot, hecho con el cual comienza el ocaso de la burguesía republicana y de la Asamblea Constituyente. Aunque el régimen aún mantenía su forma republicana, la represión de junio le había despojado de las instituciones sociales con que había nacido la revolución de febrero; la ola reaccionaria desatada durante la dictadura de Cavignac empeñó hasta las más mínimas libertades democráticas, quedando sujetos los derechos civiles al mandato supremo de la seguridad pública y el orden. Entonces, aun cuando la Asamblea Constituyente había acordado no disolverse hasta no haber dotado a Francia de una serie de Leyes orgánicas complementarias de la Constitución, sin embargo, la primer iniciativa parlamentaria que el Partido del Orden propuso a la Asamblea fue discutir y resolver su propia disolución, pues los ministros conservadores deseaban formular las leyes orgánicas sin la injerencia de los diputados republicanos.

 

El 29 de enero de 1849 la Asamblea Constituyente tuvo que comenzar a discutir su autoinmolación, con la Cámara ocupada militarmente y las tropas movilizadas hacia la capital. En esas circunstancias, los diputados republicanos solo pudieron regatear unos cuantos meses más de vida, tiempo que solo les sirvió para desprestigiarse todavía más frente al pueblo. Primero, aprobaron fondos para una expedición francesa en suelo italiano bajo el supuesto de apoyar contra la intervención extranjera a la República romana nacida de la revolución de 1848 (pero que en los hechos resultó en una intervención francesa para aplastar la insurrección del pueblo italiano); luego, antes de disolverse, la Constituyente alcanzó a votar las leyes orgánicas reaccionarias, lo que acabó por acarrearle todavía una mayor impopularidad. Al celebrarse los comicios generales para elegir a la ahora Asamblea Legislativa, los resultados encumbraron al Partido del Orden, conformando una mayoría conservadora; pero, al mismo tiempo, surgió La Montaña, una alianza parlamentaria entre la pequeña burguesía democrática y los jefes socialistas del proletariado que formaron el Partido socialdemócrata, el cual ganó una presencia importante a costa de los burgueses republicanos.

 

Alarmados por la influencia obtenida por el Partido socialdemócrata, sobre todo en algunos departamentos rurales y en París, el Partido del Orden se dispuso a acabar con La Montaña así como en junio de 1848 había aplastado al proletariado insurrecto; buscó por todos los medios montar una provocación que impulsara a la izquierda parlamentaria a las calles, donde podría terminar con ella. El pretexto se lo brindó el bombardeo de Roma por el ejército francés, hecho que violaba la Constitución pues ésta prohibía a la República usar las armas contra las libertades de otros pueblos y vedaba al poder ejecutivo declarar la guerra sin aprobación del legislativo. La Montaña cayó en la celada; en mayo de 1849 presentó un voto de censura contra el Gobierno por la ocupación de un poblado italiano y, el 11 de junio, su jefe parlamentario Ledru-Rollin, presentó un acta de acusación contra el presidente y sus ministros, asegurando estar dispuestos los diputados montañeses a defender la Constitución por medio de las armas. El día 12, la Asamblea desechó el acta, propiciando que la Montaña abandonara el Parlamento; al siguiente día, lanzó una proclama en la que declaró fuera de la Constitución al Gobierno e hizo un llamado insurreccional al pueblo.

 

Pero a pesar del iracundo desplante parlamentario de La Montaña, fuera de la Asamblea, en las calles, su protesta se redujo a una pacífica procesión que fue dispersada militarmente sin mayor resistencia pues la Guardia Nacional no respondió al llamado y la mayoría del pueblo se mantuvo expectante, debido a la incapacidad mostrada por los jefes socialdemócratas de pasar de las palabras a la acción, de la lucha parlamentaria a la lucha callejera. Este rotundo fracaso sella la bancarrota del Partido socialdemócrata que pasó de situarse como la mayor oposición dentro de la Asamblea Legislativa a perder toda presencia parlamentaria y toda credibilidad frente al pueblo francés. Todos los diputados y jefes de la Montaña fueron destinados al exilio, encarcelados o puestos bajo estricta vigilancia policial, al tiempo que el Gobierno decretó el estado de sitio en París, Lyon y otros departamentos franceses e impulsó la disolución de los regimientos con tendencias democráticas dentro de la Guardia Nacional. Con ello, la Burguesía aseguró su hegemonía total en el Parlamento, pero a costa de alienarse completamente la simpatía popular; se adueñó de la Asamblea Nacional, pero quebrantando su propia base social, con lo cual quedó aislada y debilitada frente al Gobierno.

 

La derrota de La Montaña, en las calles y en el Parlamento, implicó el sometimiento completo de la Asamblea Naciona y de la Constitución, al Partido del orden; pero ello arrebató a la Asamblea todo apoyo popular, pues dejó de aparecer como la representación del pueblo francés para convertirse en la encarnación únicamente de los intereses del conjunto de la Burguesía, la cual encontró así, en la República parlamentaria, la forma política óptima para instaurar su dominación como clase social. En contraparte, el Gobierno aprovechó este segundo descalabro de las clases populares, para acentuar su ofensiva reaccionaria depurando y ejerciendo un control más férreo sobre el Ejército así como desarticulando a la Guardia Nacional, que quedó reducida a ruinas. Tras proclamar una serie de leyes que reforzaron la censura, la coartación de derechos y el estado de sitio, la Asamblea suspendió sus labores hasta octubre; al retomar sus sesiones, empieza el último periodo de vida de la República, signado por la confrontación cada vez mayor del Parlamento con el Presidente.

 

De la República parlamentaria al golpe de Estado

 

El periodo suspensivo de 3 meses decretado por la Asamblea Legislativa fue aprovechado por el partido bonapartista para promover una serie de intrigas dirigidas a impulsar una revisión constitucional que permitiera la reelección de Bonaparte; esta cuestión se convertirá en la manzana de la discordia que caldeó los ánimos entre el poder legislativo y el ejecutivo, fenómeno que signará la última etapa de la República parlamentaria burguesa. Al derrotar a la Montaña, su enemigo común, la coalición de las facciones monárquicas inicia su descomposición; pero mientras orleanistas y legitimistas se fragmentaban, Bonaparte capitalizaba la victoria al posicionarse respecto a la Burguesía como el verdadero garante del orden, desplazando a una Asamblea Nacional cada vez más dividida, y cuyos integrantes se aislaban progresivamente de aquellos sectores sociales que pretendían representar, conforme el Partido del orden iba aplastando una a una las conquistas de la revolución en su lucha contra las clases populares y contra el Presidente.

 

Al actuar de esa manera, la Asamblea Nacional tan solo reflejaba su composición social, pues cada facción de la burguesía representada en el Parlamento no hacía sino proceder de la única manera en que podía hacerlo, encadenada cada una a sus intereses particulares de clase. Lo que dividía a orleanistas y legitimistas, facciones constitutivas del Partido del orden, no eran tanto las diferentes aspiraciones de restauración dinástica que cada grupo representaba, sino que esas diferencias reflejaban, en el fondo, distintos intereses de clase: de un lado, la gran propiedad territorial que había gobernado con los Borbones, del otro, el gran capital financiero, industrial y comercial que ascendió durante la Monarquía de Julio. Sus conflictos, por tanto, no expresaban principios ideológicos opuestos sino el antagonismo entre distintas formas de propiedad, entre el gran capital urbano y la gran propiedad rural del suelo. Y si contra el proletariado y la pequeña burguesía podían actuar de común acuerdo, frente a Bonaparte vacilaban, despedazándose en sus disputas dinásticas.

 

Esta situación fue percibida por Bonaparte quien pasó a la ofensiva, acomodando estratégicamente sus piezas y preparando tras bambalinas el golpe que lo encumbraría al poder absoluto. Su primer movimiento fue destituir al ministerio Barrot-Falloix (que expresaba una fórmula de compromiso con el Partido del Orden) por un gabinete ministerial homogéneamente bonapartista. Aquel ministerio le había servido bastante bien para disolver la Asamblea Constituyente, emprender la expedición contra Roma y acabar con la oposición socialdemócrata en el Parlamento; pero desgastado por todas esas acciones, ya no le era útil. Ello representaba un golpe directo al Partido del orden, que ahora perdía toda posición en el Ministerio y, con ello, su influencia en el aparato estatal, el cual, quedaba a total merced del Presidente. En el nuevo gabinete, Bonaparte colocó exclusivamente a personajes cercanos suyos en los puestos clave: d´Hautpoul en el Consejo, Fould en Hacienda y Carlier en la Prefectura de policía de París; con ello, el gobierno quedó directamente en manos de la aristocracia financiera.

 

Y mientras la Asamblea se dedicó a despilfarrar su popularidad promulgando leyes reaccionarias que atizaban el descontento social, como la de libertad de enseñanza (que abría las puertas a la Iglesia) y otra en materia fiscal (que establecía un impuesto al vino); por su parte, el Presidente se consagró en derrochar dinero para organizar fiestas, banquetes y viajes al interior, así como otorgar concesiones populistas a diestra y siniestra; todas ellas, actividades proselitistas encaminadas a las elecciones parciales que tendrían lugar el 10 de marzo de 1850, para cubrir las vacantes de los diputados socialdemócratas destituidos por la fallida acción del 13 de junio de 1849. Si bien los conservadores recuperaron algunos escaños, los resultados electorales fueron alarmantes para la burguesía pues expresaban una recomposición de la coalición socialdemócrata[1], con una clara victoria socialista en París y los departamentos rurales así como en las filas del Ejército. Las elecciones del 10 de marzo significaron la revocación de las derrotas de 1848 y 1849; el voto universal se volvía así en contra de la dominación burguesa, y desde el momento en que el sufragio dejó de ser sostén del orden, la Burguesía se propuso abolirlo.

 

La socialdemocracia, por su parte, en vez de aprovechar el impulso popular manifestado en las urnas para sellar su victoria electoral con una demostración de fuerza en las calles, se dedicó a dilapidar su capital político en perogrulladas parlamentarias, restringidas a hacer campaña hacia las elecciones parciales de abril, en las que creyó poder consolidar su avance electoral. El Partido socialdemócrata no comprendió que el viraje radical del pueblo, expresado en las urnas, le imponía la necesidad de aprovecharlo para llamar a la acción; en vez de ello, dejó que la efervescencia popular se diluyera en medidas constitucionales y declamaciones asamblearias. Este actuar pusilánime de La Montaña envalentó a la mayoría parlamentaria dirigida por el Partido del orden, para responder con una Ley electoral aprobada el 31 de mayo de 1850; la cual condicionó la posibilidad de votar a haber estado domiciliado por tres años en el distrito electoral, tomando como prueba, para el caso de los obreros, el testimonio del patrón. Esta iniciativa abolía el sufragio universal y, en vez de azuzar al proletariado hacia la lucha armada en defensa de la última de las conquistas de la revolución del 48, los jefes socialdemócratas se limitaron a condenas parlamentarias y a llamar al proletariado a conservar la calma y respetar la ley frente a este atropello, consolando al pueblo con una futura revancha en las elecciones presidenciales de 1852.

 

La ley electoral de mayo de 1850, significó un golpe institucional orquestado por la burguesía contra el proletariado francés, el cual dejó pasar esta afrenta, adormecido en los laureles de los avances electorales y por su confianza en la dirigencia socialdemócrata. Al reducir en 3 millones el electorado y mantener en 2 millones la cifra mínima de votos para la elección del Presidente, la Asamblea Nacional buscó asegurarse para sí el control sobre la sucesión presidencial que estaba cada vez más cerca. Con ello, el Partido del orden parecía haber consolidado su posición política, sin embargo, la inesperada muerte de Luis Felipe, el principal pretendiente dinástico de la casa de Orleans, avivó las discrepancias entre las facciones dinásticas, que intentaban cada una por su parte capitalizar el triunfo recién obtenido hacia sus propios intereses. Desgarrado entre sus pugnas intestinas, el Partido del orden dejó escapársele las oportunidades que se le presentaron para acotar el poder del Presidente y su gabinete, ejerciendo medidas tibias que evitaban toda confrontación directa con el Gobierno; en cambio, en su lucha contra el pueblo, se veía obligado a aumentar las facultades del Poder Ejecutivo y, con ello, facilitaba las maquinaciones golpistas de Bonaparte.

 

Habiendo quedado relegadas las clases populares del escenario político por las derrotas de junio de 1848 y 1849 así como por la ley electoral de 1850; el periodo final de la República constituyó nada más que un conflicto en el seno de las clases dirigentes por asentar su propia hegemonía. Pero aunque el Partido socialdemócrata fue hecho a un lado, su espectro siguió atormentando a la burguesía e influyendo en la dinámica de la lucha de clases. En la creciente disputa entre el Partido del orden y Bonaparte, la Asamblea Nacional fue minando ella misma su fuerza al ir entregando poco a poco sus armas de lucha por el temor de revivir el peligro de la revolución popular y, con ello, aparecer como agente perturbador del orden ante su propia clase; pero actuando así, dejaba el camino abierto a Bonaparte para continuar de manera cada vez más abierta y amenazante sus preparativos para usurpar el poder por vía de un golpe militar. El Partido del orden quedó maniatado pues no podía entablar una lucha seria contra el Gobierno sino a riesgo de agitar a los sectores populares y reanimar al Partido socialdemócrata; de esa forma, se auto anulaba y se veía desplazado por la figura del Presidente, que aparecía como el único garante real del orden.

 

Los últimos altercados que definieron el desenlace del conflicto fueron las maniobras por el control del Ejército y la discusión en torno a la revisión de la Constitución, que Bonaparte venía presionando con el fin de reelegirse como Presidente en las elecciones generales de 1852. El Ejecutivo aprovechó la debilidad de la Asamblea Nacional para chantajearla, exigiendo y obteniendo mayores recursos que destinó para ampliar su campaña en los departamentos, al mismo tiempo que, ocupaba esos fondos para consolidar su Sociedad del 10 de Diciembre, una organización secreta que funcionaba bajo el disfraz de una caritativa fundación de beneficencia, pero que clandestinamente organizaba milicias armadas reclutadas entre el lumpen proletariado de la capital, encabezada por mandos militares bonapartistas y lista para ser usada como fuerza de choque privada del Presidente. Además, Bonaparte inicia una serie de revistas militares y banquetes para ganarse a la oficialidad del Ejército. Las maniobras bonapartistas y los infructuosos intentos de la Asamblea Nacional por neutralizarlas, exacerban las disensiones entre el Legislativo y el Ejecutivo, generando también una fractura en las Fuerzas Armadas. El Ministerio aprovecha para hacer cambios sin el consentimiento y a costa de la Asamblea, sustituyendo al ministro de Guerra y relevando oficiales para aislar al general Changarnier, único alto mando militar ligado al Partido del orden.

 

Luis movió sus piezas para controlar al Ejército directamente por el Ejecutivo, sin depender del Parlamento. A inicios de 1851, la Asamblea Nacional interpeló al general Changarnier por una orden de plaza que prohibía a las tropas responder a cualquier requerimiento hecho por la Asamblea, obteniendo del general un juramento de fidelidad; pero, con ello, el Legislativo acaba colocándose a los pies del Ejército, en sus pugnas con el Gobierno. En esas circunstancias, Bonaparte provoca una contienda buscando la destitución de Changarnier, lo que desata una crisis ministerial en la cual si bien la Asamblea apela a su derecho constitucional de requerir a las tropas, no aprovecha la situación para materializar su deseo de formar un ejército parlamentario a su disposición; entonces Bonaparte toma la iniciativa sustituyendo su gabinete, destituyendo a Changarnier y colocando un nuevo ministro de Guerra. La Asamblea nombra un Comité extraordinario que, en coalición con los republicanos y La Montaña, solo logra emitir un voto de censura contra el nuevo Ministerio; este hecho marca el declive definitivo del Partido del orden, que se ve obligado a buscar reconciliar sus alas dinásticas, reanimar a las otras fracciones parlamentarias y perder su independencia legislativa para oponerse a un Bonaparte cada vez más fortalecido.

 

La presidencia responde al voto de desconfianza parlamentario con un recambio ministerial, colocando a meros títeres en el nuevo gabinete que permiten a Bonaparte concentrar en su persona las facultades del Poder Ejecutivo. Mientras la Asamblea se desgasta en una guerra legislativa contra el Ministerio, rechazando todas las propuestas enviadas por Bonaparte, comete el error de objetar una propuesta de amnistía a los presos políticos, lo que le habría repuesto un cierto grado de popularidad; pero oponiéndose a la más mínima decisión que pudiera implicar una reanimación de la lucha popular, fue aislándose y minando su base social progresivamente. Por su parte, Bonaparte ejecutaba una serie de maniobras ministeriales buscando acentuar las divisiones dentro de la Asamblea Nacional, a la vez que aprovechaba cada agitación provocada por el conflicto, para culpar al Parlamento por obstaculizar la consolidación de un Ministerio estable. Conforme esta situación de inestabilidad se prolongaba, la Burguesía clamaba por un gobierno fuerte, pero la Asamblea se veía cada vez más imposibilitada de fungir ese papel, al tiempo que el Presidente se posicionaba como la única encarnación del orden.

 

Bonaparte formó un nuevo gabinete ministerial, el cual se encargó de imponer a la Asamblea Nacional el definir su postura respecto a la revisión constitucional. En ello, cada partido tenía sus propios objetivos: los bonapartistas deseaban una prórroga al mandato del Presidente, mientras los republicanos se oponían a toda revisión que pusiese en tela de juicio la existencia de la República; por su parte, las disputas dinásticas de los monárquicos los colocaron en una disyuntiva irresoluble: si rechazaban la revisión, suprimían toda salida institucional al conflicto, propiciando un choque directo que abriera el camino a una intervención revolucionaria de las masas; si aceptaban, se devorarían entre las aspiraciones restauracionistas de cada dinastía y, debilitados, se colocarían a los pies de Bonaparte, abriendo el paso a una usurpación imperial. Aunque algunos grupos de cada dinastía buscaron una reconciliación, sus intereses de clase lo impidieron así como el rumor de una candidatura propia de los legitimistas a la Presidencia, lo cual acabó rompiendo incluso su coalición parlamentaria, lo que agudizó la descomposición del Partido del orden y llevó a sus sectores conciliadores a pactar con los bonapartistas la revisión constitucional.

 

Sin embargo, la revisión fue rechazada al no alcanzar la mayoría de ¾ necesaria en el Parlamento, debido a los votos en contra que lograron juntar orleanistas, republicanos y la Montaña; pero con ello, la Asamblea Nacional se mostraba como el último obstáculo ante los deseos imperiales de Bonaparte, quien respondió sustituyendo el mando de la 1ra división militar. La Asamblea no solo no hizo nada sino que se autocensuró, suspendiendo sus sesiones apenas unas semanas después de haber votado este asunto tan crucial; con ello, dejó el campo libre al Presidente para finiquitar sus planes golpistas. Mientras tanto, el Partido del orden se desfondaba, varios sectores comienzan a abandonar el barco y pasarse el Partido bonapartista, como reflejo de un fenómeno más amplio en que la misma Burguesía quitó su apoyo a la Asamblea y trasladó sus deseos de orden y estabilidad a la persona de Luis Bonaparte, disgustada por la mezquindad, cobardía e impotencia de sus representantes políticos, que a sus ojos no hacían más que desestabilizar el régimen. Finalmente, la agudización de la crisis económica, que se dejó sentir nuevamente durante 1851, fue el empujón final para que la Burguesía se abalanzara en masa a los brazos de un nuevo dictador.

 

Las últimas escenas del año 1851 fueron, en agosto, el pronunciamiento de los Departamentos en pro de la revisión constitucional; la Asamblea rechazándola, en septiembre, y los legitimistas anunciando públicamente su candidatura. En octubre, Bonaparte anuncia su pretensión de restaurar el sufragio universal, dando un golpe bajo al Parlamento que había mutilado al electorado, y hace dimitir a sus ministros, formando su último gabinete acompañado de un nuevo prefecto de policía en París y de la concentración de tropas en la capital. En noviembre, la Asamblea reanuda sus sesiones solo para ratificar su completa pérdida de control sobre el Ministerio y discutir la iniciativa de restaurar el sufragio universal que, al rechazarla, acaba arrojando sobre de sí el descontento popular. Finalmente, propone su última iniciativa de ley sobre el derecho de la Asamblea para requerir a las tropas; al perder la votación, se esfuma el suelo que la sostenía, demostrando su completa dependencia de los militares para salvar su situación pero, simultáneamente, su incapacidad para hacer valer su derecho a disponer del Ejército; en cambio, permitió a las Fuerzas Armadas colocarse como árbitro supremo que decidiría el conflicto entre los poderes institucionales de la República.

 

En vano la Asamblea trató torpemente de salir de su situación desesperada, con una tardía y tímida enmienda a la Ley electoral que, empero, fue rechazada. Asimismo, su proposición sobre una Ley de responsabilidad para sujetar constitucionalmente al Presidente, ya solo demostró que el Parlamento había dado por perdida la guerra, y se resignaba únicamente a suavizar las condiciones de la derrota, colocando una pequeña piedra en el camino de Luis Bonaparte antes del cederle el poder total. Con ello, el golpe de Estado estaba más que anunciado, todos los partidos lo presentían pero cada vez más sectores se mostraban proclives al mismo; mientras que, los grupos que se oponían, no fueron capaces de hacer nada serio para evitarlo, en cambio, con su indecisión, allanaron el terreno para el brutal desenlace. Así, en la noche del 1ro de diciembre, Bonaparte colocó en la oscuridad las piezas faltantes de la llamada Operación Rubicón.

 

Luis extrjo 25 millones de francos del Banco de Francia para comprar a los militares; organizó un cuartel general y un Estado mayor compuesto por sus oficiales más cercanos e, igualmente, elaboró una lista de 76 personas que debían ser arrestadas. Durante la madrugada del 2 de diciembre, se allanaron las viviendas de los principales jefes de los partidos de oposición, radicales y conservadores, así como de Cavignac, Changarnier y otros generales, quienes fueron transportados a las cárceles de Vincennes, Mazas y Ham. Simultáneamente, las tropas tendieron cordones alrededor de las principales plazas públicas, con el fin de disuadir cualquier concentración de gente, y ocuparon sitios estratégicos como las oficinas de telégrafos, estaciones ferroviarias y ayuntamientos así como Iglesias y cuarteles de la Guardia Nacional para evitar toda resistencia popular. También, la policía ocupó las imprentas de la capital, donde se reprodujeron miles de proclamas presidenciales que fueron pegadas en todas las paredes de París, explicando el golpe como una respuesta anticipada a una supuesta conspiración orquestada por la oposición.

 

El golpe se corona con la ocupación militar del Parlamento, la orden de disolución de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado así como la declaración del estado de sitio. A pleno día, Bonaparte conforma un nuevo Consejo, revoca la ley electoral y restablece el sufragio universal, invitando a la población a participar en un referéndum como una manera de legitimar su usurpación, votando a favor o en contra de una nueva Constitución que disponía el alargamiento del periodo presidencial a 10 años, un gabinete ya solo responsable ante el Presidente, un Consejo de Estado integrado por miembros vitalicios quienes redactarían los proyectos de ley, mismos que serían simplemente revisados por el Parlamento, el cual sería electo mediante voto universal y sometido a una Cámara alta que prevendría de cualquier ley contraria a los principios constitucionales recién establecidos. Adelantándose a la voluntad popular, los altos mandos del Ejército obligaron a las tropas a celebrar, en un plazo de 48 horas, un referéndum propio como mecanismo para convalidar el golpe.

 

Bajo la persecución de tropas especiales, cientos de asambleístas sesionaron en el edificio del 10° Distrito; logran emitir una resolución en la que desconocen al Presidente e intentan infructuosamente arengar a la multitud arremolinada en la alcaldía. Observando la nimia reacción de la población, el ejército arremete contra los legisladores que son transportados a prisión. Pero, aunque gran parte de París continuó su actividad habitual, el 3 y 4 de diciembre se produjeron disturbios en los distritos republicanos, derivando en enfrentamientos y barricadas, las cuales por estar dispersas y localizadas, tuvieron un carácter muy limitado y fueron barridas por la artillería y la infantería. Estas trágicas escenas se desarrollaban en los barrios pobres de la periferia, mientras en los grandes bulevares del centro de la capital afluían con normalidad las personas a las tiendas y restoranes. No obstante, un incidente ocurrido en los bulevares durante el paso de algunas columnas militares que se dirigían al sitio de los enfrentamientos, provocó que las tropas comenzaran a disparar indiscriminadamente y allanaran edificios, dejando un saldo de 400 civiles asesinados. Con la sangre aún fresca en los barrios y bulevares, el 21 y 22 de diciembre se realiza el referéndum por el que 7,5 millones de franceses expresan su consentimiento al golpe de Estado.

 


 

[1] Un comité electoral obrero escogió a 3 candidatos socialistas en París: De Fotte, Vidal y Carnot, “quienes representaban a las 3 clases coaligadas: el proletariado revolucionario, la pequeña burguesía radical y la burguesía republicana. Era una coalición general contra la burguesía y el gobierno, como en febrero. Pero, ahora, la cabeza de la liga revolucionaria era el proletariado” (Marx).

 

 


IV.- El fin de una era: ascenso y caída del segundo imperio napoleónico

 

Reacción política, prosperidad comercial y auge imperial

 

Unas semanas después del referéndum que legitimó el golpe de Estado ejecutado por Bonaparte, se elaboró de forma exprés una nueva Constitución, redactada por una comisión de juristas designados por el propio Luis. La carta constitucional, promulgada el 12 de enero de 1852, le otorgó al nuevo presidente una extensión en el cargo por 10 años; le eximió de comparecer ante el Parlamento, siendo ahora solo responsable ante “el pueblo”; le facultó para designar y destituir a voluntad a los ministros así como a los integrantes del Consejo de Estado, nuevo organismo encargado de elaborar los proyectos de ley, mismos que serían discutidos por un Cuerpo Legislativo, el cual solo podría sesionar 3 meses al año para rechazar o aceptar, sin enmiendas, las iniciativas enviadas por el Consejo. Lo que se completaba con la creación del Senado, nombrado por el Presidente y facultado para vetar cualquier ley que pusiera en entredicho los principios políticos e ideológicos del nuevo régimen.

 

El Parlamento quedó fragmentado en tres cámaras, con un Cuerpo Legislativo electo por voto popular cada seis años y restringido en sus atribuciones parlamentarias, contrapuesto al Consejo de Estado y el Senado, cuyos miembros eran vitalicios y se distribuían las labores legislativas efectivas, pero estaban bajo el control directo del Presidente. A los diputados se les canceló cualquier posibilidad de interpelar o criticar las decisiones del Poder Ejecutivo, ni los ministros estaban obligados a comparecer ante las Cámaras, cuyas sesiones, a pesar de ser públicas, se prohibió publicarlas en la prensa, y solo se permitió insertar un acta final redactada por el presidente de la Asamblea, el cual era designado por Napoleón. La nueva Constitución revocó en los hechos el principio de división de poderes, minando la fuerza del Parlamento y concentrando el poder en el Ejecutivo, constituyéndose en un peldaño de transición hacia la restauración monárquica que anhelaba Bonaparte.

 

Aunque vaciló en un primer momento para erigirse en emperador, debido a la reacción que ello pudiera suscitar por parte de las otras potencias europeas, que seguramente verían con recelo el resurgimiento del imperio francés; sin embargo, los sectores allegados que habían participado en el golpe iniciaron una campaña por impulsar la restitución del trono imperial como vía para coronar la posición de poder que habían conseguido. Entonces, el Consejo de Estado elaboró un proyecto de ley, aprobado por el Senado y el Cuerpo Legislativo, para liquidar la República e instaurar de nuevo el Imperio; como mera formalidad, Luis sometió el asunto a la aprobación popular mediante un segundo referéndum que arrojó un abrumador apoyo con más de 7,8 millones de votos a favor y solo 250 mil en contra. De ese modo, un año después del golpe de Estado, quedó establecido el II Imperio y Bonaparte fue nombrado Napoleón III, emperador de Francia.

 

Investido de facultades extraordinarias, en los primeros años posteriores al golpe, Bonaparte gobernó de manera dictatorial y unipersonal, a través de medidas represivas: se efectuaron decenas de miles de detenciones en varios departamentos de Francia, amparadas en el pretexto de abatir la conspiración que supuestamente había intentado derrocarlo; de los aprehendidos, 9 mil fueron enviados a Argelia (por entonces colonia francesa) y otros 1500 desterrados del país. Asimismo, las asociaciones y reuniones públicas así como la prensa debían someterse al control y permiso del gobierno, a riesgo de ser disueltas. Decenas de profesores universitarios y de enseñanza media son revocados por impartir disciplinas sospechosas. Se instaura un régimen burocrático-policial sustentado en una administración fuertemente centralizada en torno a la figura del Ministro del Interior y los Prefectos departamentales, que fueron investidos de amplias atribuciones y colocados al frente de una extensa burocracia, apoyada en el ejército y la policía cuyos efectivos, roles y presupuesto fueron acrecentados.

 

La burocracia, que se fue consolidando hasta constituir un cuerpo con cientos de miles de funcionarios dependientes directamente del Presidente, no solo ejecutaba funciones administrativas sino que se encargaba de engrasar el sistema electoral por medio de una estrategia sistemática de manipulación de los comicios a través de una “geografía electoral activa y dinámica” por medio de la cual se modificaban permanentemente los lindes de los distritos urbanos y rurales, a tal forma de fragmentar aquellos que mostraran un comportamiento político contrario al gobierno. Desde el régimen se ejercía una injerencia directa en los procesos electorales mediante el patrocinio de candidaturas oficiales y la obstrucción de la oposición a la que se hostigaba, perseguía y encarcelaba. Además, se sobornaba y chantajeaba a los medios impresos para que favorecieran a los candidatos gubernamentales y se pagaba a un ejército de funcionarios organizados para manosear las urnas y tergiversar los resultados electorales. Obra que era completada por la Iglesia la cual, a cambio del aumento de su riqueza e influencia (sobre todo en las escuelas), orientaba al campesinado para apoyar electoral y políticamente al régimen imperial.

 

Pasada la situación crítica de los primeros años, el régimen bonapartista impulsó una serie de reformas desde arriba, aprovechando la prosperidad económica que se prolongó por más de dos décadas, la cual fue producto de la pacificación social obtenida tras la derrota del proletariado parisino. Los efectos de la revolución industrial se manifestaron en Francia a partir de la segunda mitad del siglo XIX, propiciando un gran auge industrial y comercial estimulado por el apoyo del Estado y las inversiones de una nueva burguesía financiera que emergió y se enriqueció con la fundación de grandes bancos nacionales. Estas instituciones bancarias representaron el principal resorte del Estado para impulsar su política económica que se tradujo en la construcción de magnos proyectos de obras públicas y comunicaciones, instalándose un sistema de canales y ríos así como una extensa red ferroviaria que interconectó al país, consolidando su mercado interno. Ello fue acompañado de una intervención estatal para aliviar las condiciones de vida de las clases populares, pues a la vez que las obras públicas brindaban empleos al proletariado, se destinaron créditos y apoyos hacia el campesinado y los pequeños propietarios.

 

Este impulso modernizador permitió la consolidación del Capitalismo en Francia, cuya culminación fue la política de reconstrucción urbana implementada por el barón Georges Eugéne Haussmann, contratado por el Gobierno para remodelar la capital y otras urbes, en cuyas zonas céntricas se construyó un sistema de alcantarillado y desagüe, se les dotó de iluminación y se emprendió una vasta obra arquitectónica con la construcción de grandes edificios, parques y plazas públicas así como bulevares, museos y espacios culturales, lo que implicó el ensanchamiento y cuadriculación de las calles y avenidas principales de los barrios de París. Esta política generó un auge inmobiliario y especulativo que, si bien enriqueció a la burguesía rentista, en contraparte, implicó el despojo y desplazamiento de las clases populares hacia las periferias suburbanas, generando un marcado contraste entre el centro-oeste cosmopolita y moderno de París, que coexistía con la miseria, insalubridad y hacinamiento de los barrios obreros del nororiente. Además, el recuerdo de las insurrecciones parisinas del 48 dotó a la reconstrucción urbana de un objetivo político dirigido a disuadir la construcción de barricadas, un método de lucha tradicional del proletariado parisino.

 

La situación interior de paz social y prosperidad económica, logradas a partir de una estrategia combinada de represión hacia la oposición política y dádivas paternalistas hacia las clases populares, permitió al régimen imperial emprender una activa política exterior. A pesar de que, al momento de investirse como emperador, Napoleón III prometió que el Imperio significaría la paz, intentando así apaciguar la desconfianza de las otras potencias europeas; sin embargo, a la primera oportunidad buscó sacar ventaja de las rivalidades entre potencias así como de los movimientos nacionalistas para intentar modificar los tratados establecidos contra Francia en 1815. El conflicto que enfrentó a Rusia y Turquía por la tutela de los intereses cristianos en el Imperio otomano, le ofreció el pretexto perfecto para intervenir buscando congraciare con el papado en Roma y con los sectores clericales franceses, así como posicionar a Francia de nuevo en el escenario europeo.

 

Entre 1853 y 1856, Napoleón III intervino en la guerra de Crimea la cual, habiendo iniciado como un conflicto religioso entre Turquía y Rusia, Francia lo convirtió en una disputa por el control de los Balcanes, realizando una serie de gestiones diplomáticas para concertar una alianza a favor de Turquía en la que incorporó primero a Inglaterra y luego a Austria; juntas, infringieron al imperio zarista una gran derrota y le obligaron a aceptar unas condiciones de paz bastante duras que implicaron el repliegue estratégico de Rusia en los asuntos de Europa, la independencia de los principados turcos del imperio otomano y el control por Francia e Inglaterra del Bósforo y del Mar Negro.  Además, Napoleón se arrojó dos triunfos particulares pues Francia desplazó a Rusia como protectora de los cristianos ortodoxos del imperio otomano, se ganó como aliada a Inglaterra y, finalmente, a través de su activa diplomacia en el Congreso Internacional de 1856, celebrado en París, quebró los acuerdos de 1815 que pesaban sobre el orgullo nacional francés.

 

Habiéndose colgado esta medalla, Napoleón se sintió con fuerza para acometer su viejo sueño de apoyar la liberación de Italia del dominio austriaco, con el fin de reinsertarla dentro de la zona de influencia francesa. Sería un atentado contra Napoleón y su esposa, cometido en 1858 por el joven Felice Orsini, integrante de las sociedades secretas italianas, lo que le serviría de pretexto para imponer una Ley de seguridad general en Francia e impulsar una campaña al exterior en pro de la libertad nacional italiana. Así, Bonaparte entabló conversaciones con Cavour, primer ministro del Piamonte, con el cual acordó emprender una guerra en la que Francia intervendría en apoyo de Italia contra Austria, a cambio de recibir Saboya y Niza, territorios de habla francesa; por su parte, el reino piamontés obtendría el Véneto y Lombardía seguido de lo cual se formaría una Confederación italiana presidida por el Papa. A pesar de que este plan no llevaría a la plena independencia de Italia a través su unificación nacional, sino que la mantendría dividida y débil, sustituyendo la dominación austriaca por la francesa, Cavour aceptó la alianza.

 

Con antelación, Bonaparte ya había hecho gestiones diplomáticas con el fin de aislar a Austria, neutralizando una posible intervención de Rusia e Inglaterra, lo que prosperó debido a que ninguna de ambas potencias se disponía a participar en un conflicto bélico tras la Guerra de Crimea. Entonces, cuando Piamonte rechazó un ultimátum lanzado por Austria en abril de 1859, comenzó la guerra. El ejército de los Habsburgo cruzó las fronteras italianas; esa fue la señal para que Francia enviara sus fuerzas armadas, que movilizó a través de vías férreas hasta el Piamonte; sin el apoyo del ejército piamontés, derrotó a los austriacos en Magenta, pero tanto austriacos como franceses sufrieron inmensas pérdidas de hombres y armas, además Prusia comenzó a movilizar tropas en la región del Rin; entonces, buscando evitar la intervención de otras potencias por la prolongación innecesaria del conflicto, rápidamente Napoleón entabló negociaciones de paz que fueron aceptadas por Austria. Como resultado, Piamonte consiguió Lombardía pero no el Véneto, y Francia desistió de sus exigencias sobre Niza y Saboya.

 

Cavour sintió como una traición este rápido abandono de la guerra por Francia y las negociaciones de Bonaparte realizadas por su cuenta con Austria, por lo que dimitió encolerizado de su cargo. Sin embargo, aunque en esta primera confrontación bélica Francia demostró su superioridad frente a Austria, ello no resolvió el conflicto nacional italiano, sino que lo avivó aún más. A inicios de 1860, Cavour sube de nuevo al poder y forma una coalición con las fuerzas garibaldinas, que también pugnaban por la libertad italiana, para emprender nuevamente la guerra en acuerdo con Francia. Al vencer sobre Austria, Italia logró su unidad e independencia nacional; mientras Francia obtuvo Niza y Saboya, sin embargo, acabó perdiendo popularidad entre el pueblo italiano por su actuación oportunista en el conflicto; además, aunque el triunfo de Italia acabó por derrumbar el sistema europeo establecido por la restauración de 1815, a costa de Francia, al largo plazo el II Imperio napoleónico acabaría resintiéndose por las consecuencias que vendrían en la siguiente década.

 

Liberalización política, efervescencia social y declive imperial

 

Durante casi un cuarto de siglo, en Europa se había venido desenvolviendo un periodo de expansión económica caracterizado por la subida de precios, ganancias y salarios, propiciado por el progreso tecnológico e industrial, instituyéndose un Capitalismo de libre competencia que favoreció el ascenso de la burguesía como clase hegemónica y del liberalismo como ideología de los Estados europeos. El panorama económico y social de los principales países de Europa, a la cabeza de los cuales se colocaba Inglaterra, seguida de Francia y Alemania, comenzó a cambiar progresivamente. La prosperidad económica general se vio reflejada en los avances técnicos, comerciales y financieros así como una revolución en las comunicaciones y transportes, acicateada por un flujo masivo de metales preciosos de las minas de oro descubiertas en diversas regiones del mundo; asimismo, la estructura agraria de las sociedades se transforma con los procesos de urbanización y proletarización derivados de la migración masiva del campo a la ciudad, trayendo consigo un gran dinamismo demográfico acompañado del surgimiento de grandes concentraciones poblacionales.

 

El acelerado crecimiento de las ciudades convierte a las capitales europeas en símbolos del Capitalismo en ascenso; paulatinamente, las grandes fábricas sustituyen a los negocios artesanales familiares, los grandes almacenes a las pequeñas tiendas y los amplios bulevares comerciales a los estrechos barrios populares. Aunque el campesinado se mantiene como el sector poblacional mayoritario, la nobleza feudal y la pequeña burguesía artesanal van desapareciendo progresivamente como clases sociales tradicionales del antiguo régimen en el campo y la ciudad, mientras que la burguesía y el proletariado industriales se expanden como nuevas clases urbanas. Al nivel del escenario europeo, los viejos imperios coloniales de la península ibérica habían sido desplazados hacía tiempo, y Rusia había quedado relegada tras la guerra de Crimea; Francia e Inglaterra se habían logrado posicionar como potencias que lideraban el auge comercial e industrial del continente, sin embargo, comenzaban a mostrar signos de estancamiento y a ser rebasadas por la creciente productividad económica, modernización militar y energía diplomática de Alemania.

 

Ante este contexto, Francia buscó no quedar rezagada de las transformaciones que sufría Europa y decide abandonar su tradicional política proteccionista en favor de un liberalismo económico que le lleva a concertar un tratado comercial con Inglaterra en 1860, por el que reduce sus derechos aduanales sobre el carbón así como los productos metalúrgicos y textiles ingleses. En los siguientes años, Francia firmaría tratados comerciales con la mayoría de países del continente, provocando su expansión y modernización económica: establece innovaciones en el sistema financiero y crediticio, la mecanización de la industria, la concentración masiva de capitales y la formación de grandes centros industriales, configurando tanto a una pujante burguesía como a un poderoso proletariado industrial, situado en las zonas textiles o metalúrgicas de Lyon, Normandía, Ardenas y, sobre todo, en París, ciudad capital que pasa, entre 1850 y 1870, de 1 millón a 2 millones de habitantes.

 

De manera paralela al viraje liberal en materia económica, el Imperio emprende una liberalización política del régimen. Napoleón comenzó a pensar en la forma de transformar su régimen personalista, dando al Imperio continuidad a través de bases institucionales sólidas, que le permitieran asegurar el trono en lo que su primogénito cumplía la mayoría de edad. Se avanza entonces hacia un régimen autoritario pero con rasgos parlamentarios. Después de desarticular completamente cualquier signo de oposición durante los primeros años, Bonaparte comenzó a flexibilizar el control gubernamental, permitiendo la revisión de las sentencias judiciales dictadas contra los prisioneros políticos, con lo que 3 mil personas fueron liberadas y otros tantos fueron siendo excarcelados en los siguientes años de la década, hasta que en 1859 se declaró una amnistía general (que, no obstante, excluyó a 1800 prisioneros considerados políticamente peligrosos).

 

Bonaparte inicia un viraje moderado en materia religiosa al alejarse de los sectores más conservadores del clero, dejar de consultar al papa en el nombramiento de obispos, promover las escuelas estatales por sobre las religiosas y acotar los privilegios de las órdenes eclesiales. Alejado de los grupos ultramontanos, requirió ampliar la base de sustentación del régimen buscando, por un lado, acercarse a los partidos de oposición y, por otro, apoyarse en las clases populares. Bajo esa orientación, a partir de 1860 se iniciaron reformas tendientes a una apertura política del régimen, estableciendo normas constitucionales que aumentaron las atribuciones del poder legislativo y suavizaron la censura que pesaba sobre la prensa.  Esta búsqueda de acercamiento con los sectores más conciliadores de la oposición, propició una recomposición de la disidencia política y un avance de los republicanos que entre 1857 y 1863 pasaron de 5 a 32 escaños en la Cámara baja, obteniendo una alta votación en París y otras ciudades. Al finalizar la década, en las elecciones de 1869 una coalición monárquico-republicana consiguió a la oposición 30% de los votos, ocupando 70 de los 260 escaños del Parlamento.

 

En ese marco, el proletariado francés comienza a recuperarse de su marasmo, formando asociaciones y cooperativas. En respuesta, el Gobierno decide enviar una comisión obrera a la Exposición Internacional de Londres (1862), donde los delegados franceses e ingleses deciden emprender una serie de campañas y reuniones internacionalistas de las cuales nacerá la Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT, 1864), con la sección francesa como una de sus principales promotoras. Estos pasos organizativos son acompañados a mediados de la década por una creciente agitación obrera, que combina el impulso de candidaturas obreras a las elecciones con paros y protestas, que llevaron a la conquista del derecho de asociación y huelga a mediados de la década. Apoyado por la AIT y los sindicatos ingleses, el pujante proletariado francés acrecentó su tamaño y combatividad, articulándose el movimiento obrero parisino y de las zonas industriales, donde ocurrieron potentes huelgas que continuamente acabaron en choques violentos con las fuerzas policiales, asumiendo un alto nivel de radicalidad en los últimos años del Imperio. Así se sucedieron las huelgas de los obreros del bronce en París (1867), en los textiles de Rouen y Lyon (1868), de los mineros de Saint-Etienne (1869) y la de los trabajadores de Creusot (1870).

 

Esta efervescencia social y política provocó el declive del partido bonapartista, cuyo principal líder, el primer ministro Persigny, acabó siendo destituido por su impotencia para frenar el avance de la oposición al régimen. Además, se generó una reanimación de los cuerpos legislativos, que fueron dotados con el derecho de interpelar al Gabinete, publicar los debates parlamentarios, elegir el presidente de la Asamblea y elaborar iniciativas de ley; la figura central fue el hermanastro del emperador, Morny, colocado en la presidencia del Cuerpo Legislativo, desde donde colaboraría con el principal jefe de los diputados republicanos, Emile Ollivier. Esta ola liberal culminaría en los últimos años de la década, con el avance republicano en las elecciones de 1869 y la formación del llamado “Imperio Liberal”, al redactarse una nueva Constitución en 1870 que permitió la integración de un gabinete de conciliación con la oposición, comandado por Emile Ollivier, cuyos ministros eran responsables frente a la legislatura; al recibir el Ministerio y el Parlamento mayores facultades, el emperador se vio obligado a gobernar con su cooperación.

 

Pero esta apertura liberal efectuada en la última etapa del régimen imperial, no respondía tanto a las inclinaciones democráticas de Napoleón como al declive que venía padeciendo su gobierno. Todavía en la primera mitad de la década de 1860, Francia podía vanagloriarse de que sus ejércitos sostenían a cientos de miles de hombres armados distribuidos por todo el mundo, desde Roma hasta África del Norte y de China a México, pasando por Medio Oriente y las Indias Orientales; el gran Imperio francés era el único capaz de rivalizar con la Commonwealth de Inglaterra, mantener replegado al imperio zarista, apoyar las luchas de liberación de los pueblos polacos e italianos, sostener relaciones privilegiadas con el poder terrenal de la Iglesia, concentrado en la figura del Papa e, incluso, buscar expandir su zona de influencia, colocando a un duque austriaco al frente de una colonia imperial en el continente americano; la culminación de este impulso sería la terminación en 1869 del Canal de Suez, construido en Egipto con inversión financiera francesa.

 

Napoleón logró esta vasta expansión imperial, como producto de la pacificación social y el auge económico derivados del aplastamiento de la revolución de 1848 así como de una serie de circunstancias fortuitas que supo aprovechar debido a su olfato oportunista en materia diplomática. Sin embargo, la suerte lo abandonaría paulatinamente, conforme fue comenzando a sentir el peso de los años, con un sinfín de enfermedades que le aquejaban, pero sin abandonar sus anhelos imperiales, los cuales fueron impulsados con una torpe política exterior que lo zambulló en diversas aventuras coloniales, diplomáticas y militares que lo ahogaron en un pantano en el cual acabó hundiéndose; durante la segunda mitad de la década, se sucederían una serie ininterrumpida de fracasos bélicos y diplomáticos que enterrarían sus sueños imperiales. El primer ejemplo de ello fue su trágica aventura colonial en América, donde no solo demostró un fatal error de cálculo geoestratégico sino, también, que su política liberal al interior de Francia no excluía el apoyo a fuerzas conservadoras en el extranjero.

 

Aprovechando que Estados Unidos -la nueva potencia capitalista situada al norte del continente americano- se encontraba sumergida en una cruenta guerra civil, Francia vio la posibilidad de intervenir en el conflicto que oponía a conservadores y liberales en México. Tras vencer al partido conservador en la Guerra de Reforma, el gobierno liberal de Benito Juárez se vio obligado a establecer una moratoria de la deuda externa buscando recomponer la economía; este hecho fue utilizado por Francia como pretexto para emprender con España e Inglaterra una intervención tripartita con el fin de obligar a México a saldar su deuda. Aunque Juárez pudo maniobrar diplomáticamente con Inglaterra y España, quienes aceptaron negociar y retirar sus ejércitos que tenían apostados en el puerto de Veracruz, Bonaparte decidió proseguir su ocupación y declaró la guerra a México en 1862 con el plan de derrocar al gobierno y establecer un régimen monárquico subordinado a Francia. A pesar de enfrentarse a una feroz resistencia del pueblo mexicano que, con la batalla de Puebla, logró frenar por más de un año la marcha del Ejército francés, los refuerzos enviados por Francia apuntalaron su ofensiva militar, hasta ocupar la ciudad de México.

 

Una vez capturada la capital, se embarcaron hacia México el archiduque Maximiliano de Habsburgo (hermano del rey de Austria) y su esposa Carlota, a quienes se les había prometido el trono. Arribaron y se instalaron en 1864, pero desde sus inicios el gobierno imperial encontró diversas dificultades. Por un lado, los dirigentes del partido conservador, quienes habían gestionado el apoyo de Francia para el advenimiento de un rey europeo a México, se desilusionaron al ver que, en vez de restaurar el poder de la Iglesia y los terratenientes, Maximiliano aplicó medidas gubernamentales de corte liberal en materia educativa, agraria y social. Además, los generales y diplomáticos franceses veían con malos ojos los intentos de Maximiliano por independizarse del control que ejercía Francia sobre su gobierno. Fuera de México, el fin de la guerra civil norteamericana en 1865 acrecentó la presión de EUA sobre Francia para que retirara sus ejércitos y todo apoyo al imperio mexicano, que veía como una amenaza en su frontera sur. Esta presión se hizo insostenible al año siguiente, con el inicio de la guerra austro-prusiana, que obligó a Bonaparte a retornar sus ejércitos hacia Europa. Aislado políticamente y sin el sostén de la armada francesa, los liberales mexicanos derrotaron al ejército imperial y avanzaron a la capital, derrocando al gobierno de Maximiliano, quien fue ejecutado junto con algunos líderes conservadores en 1867.

 

El descalabro en México y la ejecución de Maximiliano, miembro de una de las casas dinásticas más importantes de Europa, provocó un enorme desprestigio de Francia, profundizando el declive del Imperio napoleónico iniciado un año antes, con los resultados de la guerra austro-prusiana de 1866. Este conflicto inició por la muerte del rey de Dinamarca, provocando la secesión de los ducados Schleswig y Holstein, pero se convirtió en asunto internacional cuando estos territorios daneses decidieron adherirse a Alemania. Entonces entra en escena el recién nombrado canciller de Prusia, Otto von Bismark, quien arregló una alianza con Austria para intervenir contra Dinamarca y apropiarse los ducados; una ofensiva combinada de ambos ejércitos alemanes derrotó rápidamente a los daneses. Pero Austria y Prusia no lograron ponerse de acuerdo en torno a la administración de los territorios recién anexionados por lo que, a pesar de diversos pactos firmados entre ambas naciones, Prusia aprovechó la posición prominente que mantenían sus ejércitos en la región para lanzar una ofensiva contra Austria, a la cual deseaba excluir con el objetivo de organizar la unificación del imperio alemán bajo la hegemonía prusiana.

 

La habilidad diplomática del canciller prusiano le permitió convenir una alianza militar con Italia así como obtener una promesa de neutralidad por parte de Francia. Prusia se lanzó a la guerra contra Austria, derrotándola en unas pocas semanas y dejando estupefactos a todos los Estados europeos que esperaban una victoria del bando austriaco. Un Ejército prusiano bien comandado y recién modernizado, mediante reformas que mejoraron su sistema de reclutamiento, su aparato armamentístico y su organización logística, se impuso sobre un ejército austriaco que, si bien contaba con la misma cantidad de efectivos y buen armamento, se componía principalmente por tropas de las naciones checas y croatas, oprimidas por el imperio austriaco y mal dispuestas a combatir; además de que la pésima dirección del mando militar austriaco hizo imposible coordinar sus tropas para una defensa eficaz. La paz de Praga, concertada en agosto de 1866, cedió Venecia al reino de Italia y permitió a Prusia anexionarse varios estados alemanes así como reorganizar la confederación alemana bajo su dominio, excluyendo para siempre a Austria.

 

La guerra austro-prusiana constituyó la guerra más importante que había ocurrido en Europa, tanto por la cantidad de armas y hombres que movilizó como por sus repercusiones. El saldo fue calamitoso para el imperio de los Habsburgo, que desde entonces quedó relegado del escenario europeo. Pero, aunque Francia no participó militarmente en el conflicto, también resultó gravemente perjudicada en sus intereses geoestratégicos, pues no obtuvo ninguna retribución a cambio de su neutralidad y, al contrario, quedó amenazada debido al empuje expansionista de Prusia, la cual habiendo logrado excluir a Austria del imperio alemán, buscó generar las condiciones para la unificación de Alemania y convertirse en la principal potencia en el centro de Europa. Y si el fracaso mexicano causaría una gran inestabilidad y descontento hacia el gobierno de Bonaparte al interior de Francia, el conflicto austro-prusiano redundó en el desprestigio de Francia entre los países del continente europeo, signando el declive inexorable del II Imperio francés.

 

Además de su progresivo desprestigio en Europa, al interior de Francia, Napoleón se vio enfrentado a una creciente inestabilidad del régimen que, debido a las reformas políticas liberales que había venido concediendo en los pasados años, provocó la rearticulación y avance de la oposición política en las Cámaras legislativas así como el incisivo cuestionamiento por parte de la prensa y un acentuado descontento popular que, incluso, alcanzó a las filas del Ejército y que, tras la elecciones de 1869,  se manifestó con el surgimiento de tumultos sociales y protestas públicas contra el régimen. Bonaparte no cayó en la cuenta de que cometía suicidio político al intentar liberalizar el régimen al mismo tiempo que se profundizaba la declinación hegemónica de Francia en Europa; en esta situación, creyó que otorgando más concesiones y apuntalando una política exterior más agresiva, evitaría el derrumbe de su Imperio, y quizá lo hubiera logrado si no se hubiese embarcado de forma tan torpe y comprometedora en una aventura bélica contra Prusia, que se había convertido en la principal potencia militar europea. El último ejercicio plebiscitario realizado por el régimen, que legitimó la formación de un gobierno liberal-parlamentario, sustentado en un compromiso de Bonaparte con todos los partidos moderados de la oposición, ocurrió el 8 de mayo de 1870, semanas antes del inicio de la guerra franco-prusiana, la cual significaría el fin del Imperio.

 

La candidatura Hohenzollern y la guerra franco-prusiana

 

Las relaciones diplomáticas entre Francia y Prusia nunca habían sido muy cercanas, sobre todo, debido a los vaivenes de la política exterior bonapartista; pero en la década de 1860 se deterioraron progresivamente conforme se confrontaron los sueños imperiales de Napoleón III con la política pragmática del Canciller de Hierro prusiano, Otto von Bismark. El vínculo entre ambos ya se había agriado desde la insurrección polaca contra el dominio de Rusia, en 1863, en la cual quedaron enfrentados antagónicamente los intereses, por un lado, de Bonaparte por conquistar simpatías en Europa al cobijar la causa nacional de Polonia y, por otro, de Bismark por aplastar la insurgencia polaca que amenazaba sus planes para expandir la influencia de Prusia en el tablero europeo. A instancias de Bismark, el rey Guillermo I de Prusia había firmado un pacto con Rusia para perseguir y entregar a todos los insurgentes polacos que cruzaran sus fronteras, pero tuvo que recular de este tratado debido a la campaña diplomática lanzada por Bonaparte tomando como bandera la libertad de Polonia, causando con ello una crisis en Prusia que casi costó a Bismark su cargo en la cancillería.

 

Esta humillación le granjeó a Napoleón la enemistad personal de Bismark, pero pronto el peso de la balanza cambió en Europa y el canciller prusiano tuvo la oportunidad de vengarse. La ocasión se presentaría entre 1866 y 1867, cuando Bonaparte, cuestionado por la oposición debido a los desastres de su política exterior, se vio orillado a reclamar las provincias renanas como compensación a su neutralidad en la guerra austro-prusiana. Ante el rechazo de Bismark, Bonaparte se retractó y modificó sus exigencias, pidiendo el consentimiento de Prusia para que Francia se anexionara Bélgica y Luxemburgo, territorios del reino de Holanda. Encontrando de nuevo la negativa de Bismark, Napoleón redujo su petición a la posesión de Luxemburgo, que supuestamente representaba un peligro para Francia por su posición geográfica; Bismark no se opuso y respondió que ese asunto tendría que tratarlo Francia con Holanda. Napoleón ofreció comprar Luxemburgo por 300 millones de francos al monarca holandés, quien aceptó en un primer momento; sin embargo, al difundirse la noticia, los nacionalistas alemanes explotaron contra la cesión de un territorio que había formado anteriormente parte del reino alemán, por lo que repudiaron su venta sin el consentimiento de Prusia, obligando al rey de Holanda a denegar la oferta.

 

Francia fue humillada, Napoleón se sintió engañado y el pueblo francés quedó profundamente irritado, reclamando una satisfacción por parte de Prusia y exigiendo la guerra en caso de una respuesta negativa. Solo las vacilaciones de Bonaparte y el hecho de que Prusia aún no lograra recuperarse tras la reciente guerra con Austria, llevó a evitar la confrontación bélica y aceptar la intermediación de Inglaterra para efectuar la celebración de una Conferencia europea para dirimir el asunto; ésta se realizó en Londres, a mediados de 1867, arribando a un acuerdo aceptable para los países involucrados: Luxemburgo permanecería como ducado de Holanda pero quedaría convertido en un territorio neutral, al destruirse sus fortificaciones y retirar Prusia su guarnición. Aunque la solución pareció razonable y justa para los demás países europeos, Bonaparte quedó expuesto como un emperador débil e indeciso y el resentimiento entre el pueblo francés permaneció, no solo hacia Prusia sino, cada vez más, contra el régimen napoleónico.

 

Pero el punto de quiebre que desencadenaría finalmente el conflicto entre Francia y Prusia, sería un acontecimiento que no les competía directamente pero que fue utilizado como pretexto para entablar la guerra. El origen reside en la revolución liberal española de 1868, que derrocó a la reina Isabel II, tras lo cual quedó vacante el trono; el general Juan Prim, que había dirigido la insurrección, comenzó gestiones para ofrecer la corona de España a varios candidatos de las casas dinásticas europeas; tras ser rechazado en diversas ocasiones, Prim la ofreció al hijo del príncipe Carlos Antonio, jefe principal de la rama católica de los Hohenzollern de Sigmaringen, emparentada con la casa reinante en Prusia. Este hecho lo aprovechó Bismark para intervenir en la crisis de sucesión española, apoyando la candidatura al trono del príncipe Leopoldo, pues ello le permitiría no solo anotarse un triunfo diplomático contra Napoleón III sino, sobre todo, apuntalar sus planes de unificar por fin el imperio alemán, acelerando el proceso a través de una guerra que despertara el fervor nacional.

 

En 1869 se difundieron por Europa los rumores de la candidatura Hohenzollern al trono español, lo que alarmó a Bonaparte pues el ascenso de Leopoldo a la corona de España, implicaría que Francia quedaría cercada al este y al oeste por la expansión de la influencia prusiana hacia la península ibérica. Bismark calmó las preocupaciones francesas aseverando que el príncipe no aceptaría la oferta y que Prusia no intervendría en el proceso. Sin embargo, a inicios de 1870 la candidatura fue oficialmente ofrecida al príncipe Leopoldo; su padre Carlos Antonio, por ser parte de la familia Hohenzollern, inmediatamente transmitió la petición al rey Guillermo I, señalando que su hijo solo aceptaría la candidatura si el rey de Prusia lo consentía. Guillermo I era partidario de la paz y no veía con buenos ojos el asunto, considerando que aceptar la candidatura significaría una provocación contra Francia que podría desencadenar la guerra; sin embargo, Bismark intervino para presionar al rey, logrando que aceptara la oferta a condición de que Leopoldo estuviera de acuerdo. Entonces el canciller prusiano efectuó gestiones secretas para convencer a los príncipes de que dieran su consentimiento y envió emisarios para promover la candidatura en España.

 

Bismark pretendía presentar la candidatura como un hecho consumado a Europa, pero el aplazamiento en las sesiones de las Cortes españolas, que elegirían al nuevo rey, hizo pública la aceptación de Leopoldo. En julio de 1870, la noticia llegó a Francia, despertando un colérico estallido de nacionalismo que se expresó en la prensa y en los discursos de diputados y ministros en las Cámaras, sobre los riesgos que la candidatura traía a los intereses franceses y al equilibrio europeo. El duque Gramont, ministro francés de Relaciones Exteriores, envió al embajador Benedetti, para entrevistarse con el rey de Prusia y exigirle que desistiera en su apoyo a la candidatura de Leopoldo. Molesto por los problemas provocados por un asunto al que él se había opuesto desde el principio, Guillermo I ignoró las indicaciones de Bismark y presionó a los príncipes para rechazar la candidatura, a la cual finalmente renunciaron el 12 de julio. Pero no conformes con la victoria diplomática conseguida, Napoleón y Gramont instruyeron al embajador Benedetti a reunirse nuevamente con Guillermo I en la región de Ems, para exigirle garantías de que no se renovaría la candidatura e, inclusive, una disculpa pública por el apoyo que había brindado a la misma.

 

El rey de Prusia rechazó tajantemente estas peticiones, terminó la reunión con el embajador francés y envió un telegrama sobre lo discutido a Bismark, quien aprovechó para manipular el contenido del texto y publicarlo en todos los diarios importantes de Europa. Por la manera exagerada como se presentaba la negativa del rey Guillermo a las exigencias francesas, el “telegrama Ems” representó una provocación al gobierno de Francia, el cual se vio colocado en una situación comprometida pues, aunque la renuncia de la candidatura Hohenzollern había diluido los motivos de la guerra, el Presidente, su Ministerio y la mayoría parlamentaria habían azuzado a tal grado el chauvinismo del pueblo francés, que el desistirse de emprender la guerra hubiera significado un golpe al orgullo de Francia y el desprestigio total del régimen bonapartista. Bajo la presión creciente de la opinión pública francesa y temiendo que el febril sentimiento anti-prusiano pudiera volverse contra el régimen francés, el Parlamento votó por mayoría los créditos de guerra, la cual fue declarada oficialmente el 19 de julio. Ello le permitió a Prusia culpar a Francia del conflicto y, a Bismark, presentarse como impulsor de una guerra defensiva a los ojos del pueblo alemán y de Europa.

 

Contra las previsiones de Francia y la mayoría de países europeos sobre el resultado de esta conflagración, Prusia tenía todas las ventajas a nivel diplomático y militar. Francia entró sola a la guerra pues fallaron las gestiones diplomáticas de Napoleón por entablar una alianza con Austria e Italia, que permanecieron neutrales; igualmente, Bismark hizo pública la carta enviada años atrás por el embajador Benedetti, en la que se exponían los planes franceses para repartirse Bélgica, develando las aspiraciones anexionistas de Francia y provocando el repudio de Inglaterra y el resto naciones europeas. Asimismo, al declarar Francia la guerra colocó a Prusia como nación agredida, aglutinando el apoyo de los Estados alemanes del sur para emprender una “cruzada patriótica en defensa de Alemania”. Finalmente, al aislamiento diplomático de Francia se agregó su inferioridad militar, pues mientras Prusia había venido realizado una reforma general en su sistema militar a lo largo de la década, demostrando su efectividad con el triunfo sobre Austria en 1866; en contraparte, solo tras la guerra austro-prusiana el imperio francés vio la necesidad de mejorar su Ejército, con tardías e insuficientes reformas que insertaron algunas innovaciones armamentísticas pero dejaron intacto su régimen de reclutamiento y la organización logística para movilizar sus tropas.

 

La torpe dirección militar de Francia contrastó con la inicial superioridad numérica, la agilidad de movimientos y la destreza del alto mando del Ejército prusiano, determinando el desenlace. Los preparativos iniciaron por ambos bandos en la segunda quincena de julio de 1870, siendo mucho más lenta y caótica la movilización francesa. Así, a finales de julio, Prusia ya tenía concentrados en Renania y el Palatinado a más de 450 mil hombres armados, organizados en 3 ejércitos listos para ocupar Alsacia; por su parte, Francia disponía apenas de 240 mil soldados concentrados entre Metz y la frontera, bajo el mando de los mariscales Bazaine, MacMahon y Canrobert quienes, sin embargo, no poseían independencia táctica sino estaban subordinados al mando supremo del Napoleón, que asumió la dirección del Ejército. La desastrosa coordinación del plan de operaciones francés, implicaba cruzar el Rin en una rápida ofensiva para ocupar Baden y el Palatinado, bajo una falsa esperanza de que Austria se decidiera a intervenir en la guerra; por su parte, el ejército prusiano opuso una estrategia de dispersión de los 3 ejércitos en su avance hacia el Rin, Palatinado y Tréveris, para luego converger en Saarbrücken, aprovechando las ventajas logísticas de movilizarse por separado en vez de marchar en un solo gran ejército.

 

El Ejército francés rompió las hostilidades al cruzar levemente la frontera y ejecutar un ataque sobre la ciudad de Saarbrücken, el 30 de julio, obligando a las tropa prusianas a retirarse. Pero esta victoria de nimia importancia sería la primera y la última, pues unos días después, ocurrieron dos batallas no planeadas en Spicheren y Froeschwiller que, aunque fueron pequeñas, marcaron un viraje decisivo en el desenvolvimiento del conflicto, pues las tropas francesas quedaron desmoralizadas y Prusia pasaría a la ofensiva, invadiendo Francia. En estas condiciones, el 7 de agosto Bonaparte decide replegarse con todo su Ejército hacia Metz, dejando la iniciativa de la guerra a Prusia; a partir de entonces, se sucederían uno tras otro los descalabros militares de Francia[1]. El alto mando francés se enfrascó en mezquinas disputas y recriminaciones mutuas, mientras que las derrotas aumentaron el deterioro de la salud de Bonaparte y la presión de los generales para que cediera el mando del Ejército, lo que finalmente hizo, nombrando al general Bazaine comandante en jefe.

 

Estos sucesos también tuvieron repercusiones políticas pues, la noticia de las derrotas de agosto provocó disturbios populares en París y otras ciudades; como respuesta, la reina convocó una reunión del Consejo de la Regencia y lanzó una proclama llamando a la unidad nacional: “Exhorto a todos los buenos ciudadanos a mantener el orden. Provocar agitación equivaldría a conspirar con nuestros enemigos”. Posteriormente, convocó a las Cámaras en las que una coalición parlamentaria destituyó el ministro Ollivier y designó al frente de un nuevo Gobierno al conde Charles de Montauban, quien también asumió el ministerio de la Guerra y cuyas primeras medidas fueron trasladar fuerzas militares a París y establecer el estado de sitio, para defender al nuevo Gobierno de la ira popular. Al conocer la situación de efervescencia política que se vivía en la capital, Napoleón quiso volver del frente de batalla para retomar las riendas del gobierno, pero la emperatriz lo obligó a detenerse pues sabía perfectamente que el retorno de Bonaparte, en medio del estado desfavorable de la guerra, significaría la revolución.

 

Napoleón ya no podía seguir al frente del Ejército, pero tampoco podía regresar derrotado a París; al convertirse en un mero bulto para el desarrollo de la guerra, su renuncia al mando y su disipación de la escena política era lo único que evitaba el derrumbe del Imperio; así, el declive de Bonaparte signa la recta final de esta primera etapa de la guerra. El Ejército francés se fragmenta, dispersándose sus columnas de manera desordenada bajo el hostigamiento de las tropas prusianas; mientras MacMahon se repliega hacia Chalons, a donde es alcanzado por Bonaparte, Bazaine queda encerrado en Metz debido a que las presiones de la reina por mantener su insostenible posición le llevaron a vacilar y buscar tardíamente retirarse. Completamente envuelto por las tres columnas del Ejército prusiano, Bazaine buscó romper el cerco y marchar hacia el norte, pero es derrotado en las batallas de Vhionville y Gravelotte (16 y 18 de agosto), quedando el grueso del Ejército francés paralizado. Dejando uno de sus cuerpos sitiando Metz, el Ejército prusiano avanza contra las tropas francesas lideradas por MacMahon quien, por presiones de la reina, el 23 de agosto decide acudir en ayuda de Bazaine, pero éste nunca logró superar el sitio.

 

En medio de fuertes lluvias y la desmoralización de sus tropas, la marcha de MacMahon fue muy lenta, por lo que el 30 de agosto fueron interceptadas por el Ejército prusiano, en la aldea Beaumont, sufriendo grandes pérdidas y viéndose obligado a retirarse en desbandada hacia la ciudad de Sedan, donde se libró la batalla decisiva. El 1 y 2 de septiembre, poco más de 100 mil franceses se enfrentan a 250 mil prusianos, que descargaron 250 piezas de artillería sobre el maltrecho ejército de MacMachon; éste cae herido en la refriega y nombra en el mando a Auguste Ducrot quien, sin embargo, es sustituido por el general E. Wimpffen, enviado desde París con la orden de no retroceder e intentar salvar al Ejército, a Bonaparte y al Imperio. Aunque las tropas francesas cargaron repetidas veces contra la artillería prusiana, fueron rechazados en cada intento, obligando al propio Napoleón, a pesar de la oposición de sus generales, a levantar la bandera de paz y enviar una carta con las condiciones para la rendición. La capitulación de Sedan significó la captura de más de 100 mil soldados hechos prisioneros, incluido el emperador de Francia, por parte del Ejército prusiano; esta situación, combinada con el bloqueo que sufría el ejército de Bazaine en Metz, despejó el camino a Prusia para avanzar hacia el corazón de Francia, pero también abrió las puertas de la revolución en París.

 


 

[1] Al respecto, Engels escribiría ese mismo día: “El ejército francés ha perdido toda iniciativa. Su movimientos están dictados menos por las consideraciones militares que por las necesidades políticas […] Si sus movimientos esperan ser determinados no por lo que se hace en el bando enemigo, sino por lo que sucede o pueda suceder en París, están desde este momento a medio camino de ser derrotados”

 

 

 

V.- El proletariado de París toma el cielo por asalto

 

 

 

La revolución del 4 de septiembre y la III República

 

Dos décadas después del golpe de estado que había llevado a Luis Bonaparte al poder y permitido una segunda restauración monárquica, en sus últimos años, el II Imperio napoleónico padecía una crónica descomposición y crisis, que le llevó a impulsar sucesivas aventuras militares con tal de compensar la falta de legitimidad del régimen. Francia vivía una progresiva efervescencia revolucionaria, que obligó al Gobierno a flexibilizar el control político permitiendo de nuevo, bajo permiso gubernamental, la formación de asociaciones y la celebración de reuniones públicas. Entre 1868 y 1869, se despliega un amplio movimiento de asambleas públicas que se realizan en salones, cafés y plazas de la periferia popular de París, concitando la participación de miles de trabajadores y personas de la clase media, que escuchan discursos y debaten sobre diversos temas que hasta entonces habían sido censurados. Sin embargo, la creciente radicalización de esos mítines lleva a que varios de ellos sean dispersados violentamente terminando en fuertes tumultos; igualmente, tras las elecciones generales de 1869, estallan protestas que devienen en revueltas populares.

 

A inicios de 1870, se suceden un par de intentos insurreccionales impulsados por militantes de las organizaciones revolucionarias. El primero, cuando un príncipe de la familia Bonaparte asesina al periodista Victor Noir, cuyo cortejo fúnebre enciende los ánimos y deriva en una manifestación de más de 100 mil personas contra el Imperio y, el segundo, por el encarcelamiento del periodista de izquierda, Henri Rochefort; aunque los soldados dispersaron ambos motines, estas acciones marcaron una pauta de radicalismo y confrontación crecientes. Ante ello, el régimen respondió con el llamado proceso Blois, encarcelando a decenas de líderes de las organizaciones revolucionarias acusados de preparar un atentado contra el emperador, lo cual no fue más que un montaje creado para controlar a los grupos revolucionarios.  En esa misma sintonía se realizó el último plebiscito organizado por Napoleón III, quien a pesar de buscar legitimarse con una pregunta engañosa[1], arrojó más de 1,5 millones de votos en rechazo a su mandato, originándose manifestaciones de repudio que se tornaron batallas campales con la policía, con un saldo de varios muertos.

 

Paralelamente, en los principales centros industriales de Francia se venía extendiendo una poderosa ola de huelgas, que aunque muchas acaban en represiones con decenas de encarcelados, heridos y asesinados, el proletariado conquistó en algunas fábricas sus demandas, produciéndose una creciente politización obrera, que fortalece su organización y combatividad. Esta atmósfera se exacerba en los primeros meses de 1870, conforme se hacen más fuertes los rumores de guerra entre Francia y Prusia; pero, a contracorriente del patriotismo que se extiende entre las capas más atrasadas de la población, las organizaciones más politizadas de la clase obrera fortalecen sus lazos internacionales que se traducen en la formación de una federación de secciones afiliadas a la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT), contra la cual el régimen emprende una campaña de persecución y abre 3 procesos judiciales[2].

 

Ello no impide que se generan diversas expresiones internacionalistas de solidaridad: “¡Obreros de Francia, de Alemania… Unamos nuestras voces en un grito unánime contra la guerra!” escribe la sección francesa de la AIT; “jamás olvidaremos que los obreros de todos los países son nuestros amigos y los déspotas de todos los países, nuestros enemigos”, responde el proletariado alemán. Asimismo, la clase obrera en Francia y Alemania articula masivas manifestaciones por ¡la paz, el trabajo y la libertad! en las que participan también miles de estudiantes, internacionalistas y revolucionarios, las cuales son severamente reprimidas por los gobiernos burgueses tanto en Francia como en Alemania, que encuentran en la exaltación patriótica y en los llamados a la unidad nacional un recurso para contener el enorme ascenso de luchas obreras que se esparce en ambos lados de la frontera. La represión del gobierno cae sobre las organizaciones proletarias de vanguardia que participan en las manifestaciones por evitar la conflagración bélica.

 

Pero el estallido de la guerra con Prusia en julio de 1870 y las primeras derrotas de Francia -cuya información es manipulada para intentar esconder los fracasos- provocan violentas protestas en París y otras capitales provinciales. A inicios de agosto, el proletariado parisino saquea la Bolsa y rodea amenazante la casa del jefe ministerial Ollivier, gritando ¡A las armas! ¡Abajo el emperador! ¡Viva la República! Días después, mientras sesiona la Asamblea Nacional, miles de manifestantes cercan el Palacio Borbón exigiendo la destitución del gobierno y la instauración de la República. Este ambiente es aprovechado por Auguste Blanqui y su organización conspirativa para llevar a cabo el 14 de agosto un golpe insurreccional en el distrito La Villete, que fracasa en su intento por apoderarse del cuartel de bomberos, terminando en una marcha armada pero que no logra concitar el apoyo popular, por lo que son detenidos varios amotinados acusados de “traición” y sentenciados a muerte, mientras los demás deben refugiarse en la clandestinidad. Se recrudece la ola represiva, los disidentes son tildados de servir como agentes de Prusia; se generalizan los arrestos y se extiende el estado de sitio en varias provincias.

 

Entre las derrotas militares y la represión, se produce un cambio en la conciencia del proletariado, que retira su apoyo a la aventura bélica del Imperio y comienza a exigir armas, amenazando con tomarlas por la fuerza para impulsar la defensa, mientras la burguesía forma sus propios batallones para oponerse al descontento proletario. Bajo esas circunstancias, ya solo a la familia real y a su camarilla les interesa el triunfo sobre Prusia, pues saben que la derrota significaría el fin del Imperio; todavía a finales de agosto, Trochu, el último ministro de guerra de Bonaparte, ordena a los generales franceses resistir a toda costa, pues de lo contrario “la revolución estallará en París”. Pero fuera de la facción bonapartista de la burguesía, todas las demás facciones burguesas vislumbran la inevitable derrota y buscan capitalizarla a su favor para sustituir en el poder a Napoleón. De un lado, las facciones monárquicas desean un mero recambio dinástico, del otro, los republicanos buscan montarse en el clamor popular, que exige la República como medio para salvar la patria. Pero, si para las masas la República era el instrumento para emprender la guerra nacional revolucionaria, para la burguesía era un arma no tanto contra el Imperio sino, sobre todo, contra la revolución.

 

Así, los motivos políticos se van imponiendo sobre los militares en el curso de la guerra, la cual es boicoteada sistemáticamente por el Gobierno para contener el ascenso revolucionario del proletariado parisino. Las mejores opciones estratégicas para lograr resistir y vencer la invasión prusiana son abandonadas por el riesgo de que el régimen se desplome e, incluso, las pocas batallas que se ganan son acotadas en su impulso ofensivo, con lo que acaban convirtiéndose en derrotas. Ante el auge revolucionario que recorre París y otras regiones, la burguesía se vuelve derrotista, pues la paz comienza a aparecer ante sus ojos como un mal menor frente al “peligro rojo”. La perspectiva de que sean los prusianos quienes salven a París del proletariado se presenta como la opción más plausible para proteger el orden burgués; mientras que las posibilidades de triunfo asustan a la burguesía pues hacen despertar el recuerdo de la leva en masa y la guerra revolucionaria durante el periodo más radical de la primera revolución francesa. Sin embargo, la derrota de Sedan en los primeros días de septiembre, y el consecuente cautiverio del emperador resuelven la disyuntiva, comienza entonces la revolución.

 

El 2 de septiembre de 1870, con los primeros informes del desastre de Sedan, la oposición busca sustituir al gobierno bonapartista de manera pacífica; se barajan una serie de combinaciones posibles entre los distintos ministros sin atreverse a deponer a Napoleón; se plantea la idea de un Triunvirato e, incluso, se le pide a Adolphe Thiers que forme un gobierno de coalición junto con el general Trochu, al que se le busca colocar como gobernador militar de París. Al día siguiente, cuando el pueblo parisino se entera de la capitulación, las masas comienzan a aglutinarse en la Plaza de la Concordia y se producen masivas manifestaciones en diversos barrios parisinos exigiendo el destronamiento de Napoleón y gritando ¡Viva la República!; diversos contingentes se dirigen hacia el edificio del Cuerpo Legislativo que paulatinamente se ve rodeado de una inmensa multitud obrera. Los diputados buscan calmar los ánimos y dispersar a los manifestantes posponiendo sus discusiones para una sesión nocturna; lo cual funciona y es aprovechado para traer tropas militares que rodean el Palacio Borbón. Sin embargo, durante la noche, nuevamente bajan miles de pobladores desde los barrios obreros a cercar el Cuerpo Legislativo, por lo que los diputados se ven presionados a proclamar por la madrugada el fin del Imperio.

 

Pero el pueblo no se dispersa e, incluso, por la mañana, llega mayor número de manifestantes; los diputados intentan erigirse en un nuevo gobierno y convencer a la gente de la necesidad “de seguir unidos y no andar con revoluciones”, piden paciencia en lo que deliberan; mientras tanto, afuera las masas se desesperan y forman columnas que, dirigidas por los blanquistas y otros militantes revolucionarios, van rumbo a las cárceles a liberar a los prisioneros políticos[3] que habían sido encerrados en las recientes protestas, al tiempo que el grueso de los contingentes sostienen el asedio popular sobre el Palacio Borbón. El pueblo continúa esperando pero, al escucharse insinuaciones sobre firmar la paz con Prusia, se exasperan los ánimos y las masas empujan tumbando las rejas e ingresando al edificio, donde encuentran una débil resistencia de los soldados; la gente logra abrirse paso hasta la sala de sesiones, ocupa los escaños legislativos y destituye al Gobierno. Queriendo evitar formar un gobierno provisional que incluyera a los dirigentes populares que habían encabezado la revolución, los diputados de izquierda convencen a la multitud de trasladarse al Ayuntamiento para proclamar por la madrugada la República; pero cuando llegan se encuentran con los blanquistas y jacobinos que habían ya tomado el Hotel de Ville, sin embargo, logran maniobrar y convencerlos de que solo los diputados tenían representación para gobernar.

 

Se establece así el denominado Gobierno de Defensa Nacional, conformado en su mayoría por el ala moderada de los diputados republicanos[4] que habían pertenecido al anterior Cuerpo Legislativo. Por la presión de las masas se incorpora como miembro el periodista de izquierda moderada Henri Rocheford, recién liberado de la cárcel, sin embargo, también se nombra Presidente al general Trochu -quien apenas unos días antes había servido a Napoleón- encargado de dirigir la defensa contra Prusia. Gambetta, diputado republicano radical, se posesiona del Ministerio de Interior, nombra al jefe municipal y a los alcaldes de los 20 distritos de París, haciéndose del control del gobierno local. Por su parte, los sectores más reaccionarios de la burguesía vacilan en su actitud frente a la República; mientras los republicanos conservadores como Thiers, mantienen una posición ambigua que los lleva a acercarse al nuevo gobierno con tal de usarlo para contener la revolución; los monárquicos permanecen opuestos a la República, toman distancia del nuevo Gobierno por ser producto de una insurrección y comienzan a elucubrar un plan de paz con Prusia a fin de aplastar la revolución e intentar restaurar la Monarquía.

 

La revolución política del 4 de septiembre logra derribar por cuarta vez a la Monarquía en Francia, pero el triunfo popular es escamoteado por los diputados republicanos quienes inmediatamente se apresuran a canalizar la insurrección hacia la conformación de un nuevo gobierno controlado por ellos y excluyendo a la izquierda revolucionaria que había dirigido el proceso. Así, los republicanos logran contener la revolución dentro de los marcos del orden burgués y arrebatan las riendas del movimiento a los insurrectos quienes, creyendo que con haber derrocado al II Imperio ya habían triunfado, depositan su confianza en la izquierda republicana, cediéndole el poder que el pueblo recién había conquistado con su acción masiva y decidida. Bajo el liderazgo de los republicanos burgueses, pero contando a su vez con el apoyo de los líderes revolucionarios, que se dejan arrastrar por el patriotismo que todavía prevalece entre la población, se constituye un Gobierno de conciliación de clases nacido de una alianza entre el proletariado y la Burguesía, envuelto en el manto ideológico de la unidad nacional contra la invasión extranjera.

 

Paralelamente, la derrota y caída del Imperio también tuvo efectos en las provincias urbanas con mayor presencia proletaria. En Lyon, Marsella, Grenoble  y Toulouse se desatan procesos insurreccionales entre agosto y septiembre que, aún antes de París, desembocarían en la formación de las primeras experiencias de comuna revolucionaria, donde los insurrectos colocan banderas rojas en los palacios de gobierno; sin embargo, a diferencia del proceso parisino que es producto del movimiento masivo del proletariado, las rebeliones en aquellas ciudades son resultado de golpes de mano dirigidos por segmentos de vanguardia, carecen de un firme apoyo popular y están descoordinados de los eventos que ocurren en la capital, por lo que resultan ser prematuros y localizados, durando apenas unas horas o si acaso pocos días y luego son derrotados. Se abre entonces una grieta entre la capital parisina, que se va radicalizando progresivamente, y las provincias del interior en las que se logra imponer la reacción; con ello, París quedó aislada del resto de Francia en su resistencia contra la invasión.

 

El sitio de París y la capitulación del Gobierno de Defensa Nacional

 

Después de su victoria en Sedan, Prusia encontró el camino despejado para guiar sus ejércitos hacia el centro de Francia. Estrasburgo soportó por más de 1 mes el cerco prusiano pero cayó el 18 de septiembre; el sitio sobre la capital inició el día 19. París quedó acorralada por las tropas prusianas que se acantonaron en la meseta Chatillon, asediando la muralla que rodeaba la ciudad, obligada a comunicarse únicamente por vía de globos y palomas mensajeras que enviaba hacia las provincias. Remembrando la Gran Revolución francesa, cuando la primera República impulsó la guerra revolucionaria ante el ataque de las potencias europeas coaligadas, los parisienses pedían armas para resistir el sitio; contando con que una delegación encabezada por el ministro Gambetta reorganizaba en Loira un Ejército francés, las masas parisinas esperaban lograr encerrar al Ejército prusiano en una pinza entre las tropas que marcharan desde las provincias y una valerosa salida organizada desde París. Pero así como el Imperio condujo la primera etapa de la guerra privilegiando los motivos políticos por sobre la estrategia militar, similarmente, el plan de los dirigentes del Gobierno de Defensa Nacional no era vencer a Prusia sino buscar a toda costa la paz para frenar la revolución y restablecer el orden, mientras la expulsión de los invasores pasaba a segundo plano[5].

 

Al contrario de las predicciones tanto de Prusia como de los sectores reaccionarios franceses, quienes creyeron que, al igual que Estrasburgo, París apenas podría resistir un mes el sitio, el pueblo parisino soportó durante más de 4 meses el asedio del Ejército invasor. Y este logro fue una hazaña principalmente del proletariado y las clases populares de París, quienes se enfrentaron no solo al enemigo extranjero sino a la claudicación de los altos mandos militares cuya ineptitud, desorganización e inmovilidad se combinaron con la negligencia, duplicidad y el boicot consciente y sistemáticamente ejecutado por parte de los nuevos funcionarios que integraban el Gobierno quienes, aunque supuestamente eran los encargados de defender la patria, desde un inicio dieron por descontada la imposibilidad de resistir y buscaron inmediatamente entablar negociaciones de paz con Prusia. La defensa falló desde un inicio porque el triunfo sobre los prusianos sólo podría conseguirse mediante la movilización revolucionaria de las masas, tanto en provincia como en París; pero quienes quedaron al frente del Gobierno no esperaban ni deseaban la victoria, la burguesía prefirió mil veces entregar París a los prusianos que dejarla en las manos de la clase obrera.

 

En efecto, el mismo día que comenzó el sitio, Jules Favre, una de las figuras principales del Gobierno, salió de la ciudad utilizando un salvoconducto para entrevistarse con el canciller prusiano Bismark, en la idea de proponerle un armisticio para celebrar elecciones a una Asamblea Constituyente que permitiera al nuevo gobierno consolidarse y convencer al pueblo francés sobre la necesidad de entablar negociaciones. Sin embargo, estas gestiones fueron frustradas debido a que Prusia impuso como parte de las condiciones de paz la cesión de territorio, lo cual fue rechazado por Favre no tanto por su patriotismo sino porque sabía que cualquier insinuación en ese sentido volcaría sobre su gobierno la ira revolucionaria del pueblo parisino. Simultáneamente, el Gobierno envió a Thiers como agente diplomático a las cortes de las potencias europeas, a fin de conseguir su intermediación en favor de Francia, prometiendo en compensación una restauración monárquica. Inglaterra y Rusia temían una victoria alemana pero no estaban dispuestas a intervenir militarmente, así que solo intercedieron para que Bismark permitiera a Thiers retornar a París, conferenciar con el Gobierno y anunciar el plan de un armisticio.

 

Sin ningún apoyo concreto de los reyes europeos, y presionado por el pueblo parisino, el Gobierno de Defensa Nacional se vio orillado a simular una farsa de resistencia al sitio, para el cual no se había efectuado ningún preparativo. A pesar de contar con una gran cantidad de provisiones militares y de alimentos, no se tenía un censo exacto del número de habitantes que permanecían en París ni se hizo nada por evacuar a los sectores que, no estando en condiciones de combatir, representaban bocas que alimentar; mucho menos hubo un intento por movilizar al conjunto del pueblo para la defensa. Esta inercia e ineptitud malintencionadas por parte del Gobierno fueron generando un creciente descontento entre la población conforme se comenzaron a resentir los efectos del sitio militar derivados del racionamiento de alimentos, el cierre de tiendas, la elevación de precios y las largas filas para comprar productos básicos, lo que inevitablemente minó las condiciones de vida de las masas parisinas. Entonces, si inicialmente los sucesos del 4 de septiembre provocaron confusión ideológica entre la clase obrera y sus dirigentes que, arrastrados por la ola patriótica, dieron su apoyo al Gobierno de Defensa Nacional; ahora, bajo el hambre, el frío, la peste y la muerte derivados de la invasión, el proletariado intenta construir una alternativa propia, comienzan a emerger nuevos liderazgos y organismos creados para afrontar la crítica situación.

 

Renacen entonces los clubs, comités y asambleas populares, en los que participaban los sectores más avanzados del pueblo, quienes se distancian de los líderes republicanos e intentan retomar la iniciativa; el proletariado ya no solo exige una defensa efectiva de la capital sino que denuncia la traición del Gobierno, comenzando a plantear sus propias reivindicaciones y apuntalando dentro de la guerra nacional una lucha social, de clase. A Partir del 5 de septiembre, en el Templo de la Corderie, sede de la Federación de Cámaras Sindicales y de la sección francesa de la AIT, se realizaron reuniones públicas en las cuales se definió la formación de Comités de Vigilancia en cada distrito encargados de sostener a los guardias nacionales, organizar las subsistencias y fiscalizar la actuación de los alcaldes; asimismo, en las calles de París se pegó un cartel rojo demandando: ¡reclutamiento en masa!, ¡entrega de armas al pueblo!, ¡racionamiento de provisiones! Posteriormente, en cada barrio se escogieron delegados para conformar un Comité Central de los 20 Distritos de París, el cual se constituyó formalmente el 17 de septiembre compuesto por obreros, empleados e intelectuales que se habían destacado en el movimiento asambleario ocurrido en los últimos años del Imperio.

 

Así, paralelo al Gobierno de Defensa Nacional emergió el Comité Central de la Guardia Nacional, con influencia en los 20 Distritos de París, erigiéndose en un organismo de autodeterminación de las masas parisinas y convirtiéndose en germen de un nuevo poder popular, cuyo primer manifiesto planteaba votaciones a las alcaldías municipales, la elección y responsabilidad de los funcionarios, que se trasladaran las funciones de policía a los comités populares de vigilancia, la libertad de prensa, reunión y asociación, la expropiación y racionamiento de los productos básicos, el armamento general del pueblo parisino y el envío de comisarios a las provincias para articular la guerra nacional. Bajo este programa, el Comité Central envió delegaciones para presentar sus reivindicaciones al Gobierno pero sin encontrar ninguna respuesta favorable; igualmente, Flourens y otros blanquistas, intentando apuntalar el descontento popular, emprendieron manifestaciones hacia el Hotel de Ville exigiendo la dimisión de los funcionarios incompetentes, elecciones inmediatas y la movilización masiva para la defensa; pero el gobierno reaccionó prohibiendo las reuniones y postergando indefinidamente las elecciones. Entonces, el abismo entre los funcionarios gubernamentales y las masas parisinas comenzó a ensancharse cada vez más, sobre todo, conforme se ponían de manifiesto los fracasos para organizar militarmente a los departamentos provinciales y las deficiencias para resistir el sitio sobre París.

 

El objetivo del Gobierno era dirigir la defensa a tal forma de impedir que la iniciativa popular rebasara su liderazgo y, así, ahuyentar el peligro de una revolución; en esa línea, implementó una política doble intentando apaciguar al pueblo de París. El 30 de septiembre, decretó la moratoria en el pago de los alquileres y la devolución de artículos empeñados valuados en menos de 15 francos; después, a lo largo de octubre, el Ejército francés llevó a cabo una serie de incursiones en las zonas aledañas a París, logrando tomar varias posiciones importantes como Nagneux, Malmaison y Bourget, evidenciando que todavía después de la derrota de Sedan era posible reorganizar la defensa e, incluso, derrotar y expulsar a Prusia[6]. Sin embargo, cada avance del Ejército francés era refrenado por los propios mandos, dando la posibilidad a los prusianos de recuperarse y contraatacar; estas batallas se trocaban en derrotas, pues eran simples escaramuzas impulsadas para calmar los ánimos populares, sin representar ningún peligro para las tropas invasoras. En estas circunstancias, el 28 de octubre, el general Bazaine, quien se encontraba aún sitiado en Metz, negocia su rendición con Prusia, quedando prisionero el mayor contingente del Ejército francés. Días después sucede la pérdida de Bourget, por el general Drucot, y la llegada de Thiers tras sus gestiones diplomáticas, cuyos resultados se dan a conocer en un desplegado gubernamental informando la mediación de las potencias europeas para un armisticio.

 

Aunque el Gobierno intentó reservar la información de la capitulación del general Bazaine en Metz, asaltando las imprentas de los periódicos que difundieron la noticia y acusándolos de servir a Prusia, sin embargo, no pudieron enterrar la verdad. Las terribles noticias y las mentiras gubernamentales hacen reventar la indignación popular, el 31 de octubre París se levanta, las masas parisinas, hartas de farsas y no dispuestas a rendirse, realizan sendas manifestaciones; la Guardia Nacional se une a una muchedumbre que marcha hacia el Ayuntamiento gritando: ¡Traición!, ¡Abajo Trochu!, ¡Abajo Thiers!, ¡Armisticio no, resistencia hasta la muerte! Tras breves forcejeos, la multitud ingresa y exige cuentas al gobierno por su cobarde actuación; en respuesta, Trochu y otros funcionarios intentan calmar a la gente explicando las ventajas del armisticio, pero las masas gritan ¡Nada de armisticio! y exigen la dimisión del gobierno. Los funcionarios consiguen que una delegación de los manifestantes entre al Hotel de Ville a dialogar con ellos y maniobran para calmar la agitación proponiendo la elección de las municipalidades y la unión de los batallones de la Guardia Nacional al Ejército; pero la marea popular crece afuera y, al lado de las exclamaciones por ¡la República!, comienza a oírse también la consigna ¡Viva la Comuna!

 

Ante la presión popular, los funcionarios prometieron proclamar la Comuna y organizar elecciones para conformarla, sin fijar la fecha. Parecía que la situación se había calmado pero Flourens, junto a otros blanquistas y delegados populares de los 20 distritos arriban al Ayuntamiento, destituyen al gobierno, retienen a los funcionarios y llaman a constituir una comisión[7] encargada de organizar elecciones a la Comuna en un plazo de 48 horas. Sin embargo, los radicales pequeñoburgueses se negaron a formar gobierno con los blanquistas, haciendo perder tiempo en discusiones sobre la lista de miembros y la fecha de elecciones, en vez de tomar medidas organizativas y de acción para consolidar el poder recién conquistado. En medio de estos embrollos, guardias reaccionarios aprovechan la noche para liberar a los funcionarios retenidos, quienes se escabullen del Ayuntamiento y, una vez fuera, forman batallones a la cabeza de los cuales regresan a rodear el Hotel de Ville, que había quedado desguarnecido por las masas y los batallones rebeldes que, creyendo en la promesa de elecciones, retornaron a sus casas y cuarteles. Por la madrugada, mientras unas tropas ingresan por la puerta principal del Ayuntamiento otras se deslizan por una entrada subterránea; los funcionarios del viejo gobierno se adueñan de la situación y convencen a los jefes revolucionarios quienes, creyendo en la palabra y las garantías ofrecidas, se retiran bajo la idea de que se cumplirían los acuerdos.

 

Así concluye la jornada del 31 de octubre, con una nueva usurpación de la burguesía a las aspiraciones populares debido a las indecisiones, improvisaciones e ilusiones electorales de los jefes revolucionarios que se dejan arrebatar el poder; así se desaprovecha la oportunidad de establecer un gobierno popular a escala nacional capaz de organizar una defensa real y efectiva de Francia. La desmoralización cunde entre el pueblo parisino que a la mañana siguiente se da cuenta de que el Gobierno arrancó los carteles que informaban los acuerdos sobre establecer la Comuna y giró órdenes de aprehensión, desatando una ola de arrestos contra los principales líderes de la jornada del 31, a quienes acusó de instigar la guerra civil. El gobierno retoma entonces las prácticas del régimen napoleónico, efectuando un plebiscito[8] el 3 de noviembre y concediendo la realización de elecciones municipales los días 5 y 7 del mismo mes; a pesar de que en los distritos obreros más combativos prevalece la abstención electoral, la vanguardia revolucionaria, obligada por sus vacilaciones a retroceder, acaba participando y avalando los comicios. Los resultados expresaron un apoyo masivo al Gobierno, que sale bastante fortalecido; situación aprovechada por el Ministro del Interior, Gambetta, para concentrar en su persona la autoridad política y militar a nivel nacional.

 

En París, a pesar de ser electos algunos radicales presos o escondidos[9], la mayoría de los alcaldes escogidos en las elecciones municipales fueron republicanos moderados, es decir, contrarios a toda tentativa insurreccional que pudiera desatar la guerra civil en medio de la invasión extranjera y, por ende, decididos a sostener al Gobierno de Defensa Nacional. Asimismo, el gobernador militar de París adoptó inmediatamente una serie de decretos para remover a oficiales rebeldes, colocando al mando de la Guardia Nacional al general Clement Thomas (partícipe de la represión contra el proletariado en junio del ’48) y aislando a sus batallones para evitar que fueron influenciados por las manifestaciones populares. El Gobierno, en lugar de utilizar el capital político conquistado en los comicios para movilizar a las masas en la defensa de París, lo usó para atacar a la izquierda, desatando la represión contra las organizaciones revolucionarias, lo que provocó un repliegue del conjunto del movimiento. Pero aún con ello, los funcionarios gubernamentales no se sentían seguros pues veían ensancharse su alejamiento respecto a la clase obrera, que padeciendo el hambre y el frío, exigía el castigo a los acaparadores y la instalación de la Comuna.

 

Mientras subía el clamor popular por entablar una guerra efectiva, a la burguesía le urgía la paz a toda costa, pero sabía que la única manera de lograrla era infringiendo al proletariado una derrota que lo desmoralizara por completo para que así aceptara la rendición. Viendo que eran los elementos más combativos de la clase obrera quienes, aún contagiados de patriotismo, se enrolaban en los batallones encargados de la defensa de París, los generales impulsaron incursiones mal preparadas y peor ejecutadas, haciendo chocar a las tropas de frente con el enemigo con el fin sacrificarlas, minando la capacidad y la moral de combate del pueblo parisino. Fue así como, en los últimos meses de 1870, el Gobierno de Defensa Nacional escenificó una serie de salidas militares supuestamente para romper el cerco prusiano; la primera, el 28 de noviembre, al mando del general Ducrot, para apoderarse de Champigny; la segunda, el 21 de diciembre, sobre Stains y Le Bourget. Estas farsas son ejecutadas sin plan ni audacia, sin suficiente armamento ni artillería, son refrenadas al momento que logran vencer la resistencia prusiana, permitiendo la reorganización y contraataque del enemigo, por lo que terminan en caóticas desbandadas y sangrientas carnicerías.

 

A la Burguesía le había quedado claro que, ante la capitulación del gobierno, el peligro de revolución era más amenazante, casi inevitable, por lo que le era imprescindible mermar la fuerza del proletariado parisino lo suficiente para que, en caso de una nueva insurrección, fuera fácil derrotar a la capital revolucionaria, incluso con ayuda de los prusianos. La Burguesía no podía actuar de otra forma según sus intereses de clase, pues ya no era el Tercer Estado excluido del poder por la nobleza que, como en la Gran Revolución francesa, requirió apelar a la movilización de masas y a la comuna revolucionaria para triunfar por sobre las potencias europeas restauracionistas y afianzar su dominación. Esos tiempos ya habían pasado, ahora era la Burguesía francesa dueña ya del poder político, dispuesta a traicionar a la nación aceptando una paz deshonrosa y la pérdida de territorio con tal de evitar una revolución social del proletariado, que pudiera poner fin a la propiedad y a la sociedad burguesas. La aliada natural de la burguesía francesa, no era la clase obrera parisina -convertida de tal modo en su principal enemiga- sino la burguesía alemana, a la que le unía una solidaridad internacional de clase, contra el proletariado de ambos países.

 

Durante el invierno, el hambre y el frío hicieron añicos a la población, que se veía orillada a comer pan enmohecido y carne de caballo, perro o rata (mientras los ricos compraban filetes de animales del zoológico); igualmente duro fue soportar el corte de abastecimiento del gas,  con lo que París quedó  a oscuras. En estas condiciones, en los primeros días de enero de 1871 comienza el bombardeo prusiano sobre París, lo que aunado a la nula efectividad de la defensa y los rotundos fracasos de los intentos por romper el sitio, provocan el descontento popular y la radicalización de un sector de los alcaldes de París, que exigen la dimisión de las autoridades militares, la movilización de la Guardia Nacional y  la formación de un consejo para la defensa así como la renovación de los comités de guerra; demandas que a pesar de ser desestimadas por el Gobierno, encuentran eco en las organizaciones revolucionarias que comienzan a recomponerse tras la ola represiva. Así, el Comité de los 20 Distritos lanza el famoso cartel rojo denunciando la traición del gobierno y exigiendo el ¡Paso al pueblo!, ¡Paso a la Comuna! Pero el gobierno, continúa sus batallas teatralizadas no para repeler al invasor sino para desmoralizar a los franceses y convencerlos de la rendición, pues sabía que una capitulación sin el consentimiento de París significaría la revolución.

 

Finalmente, el 19 de enero, el Gobierno se vio obligado a efectuar una última salida, buscando acabar definitivamente con los ánimos combativos del pueblo parisino. A pesar del cansancio, el hartazgo popular generó una poderosa ofensiva de las tropas francesas que ocuparon posiciones en Buzenval y Saint Cluod. Espantado por esta valerosa acción, y contando aún con 40 mil soldados de reserva intactos, Trochu ordenó la retirada y evacuación de todas las posiciones conquistadas, pidiendo un armisticio de un par de días para recoger a los heridos y enterrar a los muertos. Esta decisión caldeó los ánimos de las tropas pues los soldados, rabiando de impotencia, entendieron que aquella salida había sido orquestada con la idea de sacrificarlos como carne de cañón. En una reunión con los alcaldes de París, convocada el 21 de enero por Trochu, éste señaló “la imposibilidad de una nueva salida”, la “locura” de seguir resistiendo el sitio y declaró la “absoluta necesidad de entablar negociaciones con el enemigo”. Pero, recordando los sucesos del 31 de octubre y temiendo una nueva insurrección, los alcaldes pidieron la dimisión a Trochu que fue sustituido como gobernador por Vinoy, un general bonapartista, quien inmediatamente tomó medidas militares no para defender a París de los prusianos sino contra un posible alzamiento popular.

 

En respuesta, cientos de delegados de los clubs populares y batallones de la Guardia Nacional se reunieron para deliberar cómo evitar la capitulación, definiendo encontrarse al día siguiente frente al Ayuntamiento. En la madrugada del 22de enero, se organizaron comandos para liberar a varios jefes revolucionarios arrestados y, por la mañana, acudieron batallones armados que junto con la muchedumbre se arremolinaron en el Hotel de Ville, gritando ¡Mueran los traidores! y exigiendo a los alcaldes la implantación de la Comuna. Pero el gobierno se había trasladado a otro lugar, dejando un destacamento de tropas defendiendo el Ayuntamiento, desde donde se oyeron disparos; las masas se refugian, levantan barricadas e intentan responder al fuego, el tiroteo se prolonga dejando decenas de caídos, hasta que llega un cuerpo de gendarmes dirigido por Vinoy, provocando la huida de los rebeldes que, no obstante, son aprehendidos y reservados para los consejos de guerra. El nuevo gobernador militar procede a ejecutar masivas órdenes de arresto, clausurar los clubs y censurar la prensa, además de lanzar una proclama tildando a los insurrectos de “partidarios del extranjero”. Habiendo encarcelado a varios líderes revolucionarios y creyendo haber logrado sosegar al proletariado, el Gobierno se apresta a concluir la rendición, envía una delegación a entrevistarse con los prusianos e inicia las negociaciones de paz.

 

El 28 de enero, a 10 días de que en el Palacio de Versalles se proclamara el nacimiento del Imperio alemán, Jules Favre y Bismark firman un armisticio por el que se entregan los principales fuertes y se desarma a la mayoría de los batallones, a cambio de permitir al Gobierno francés organizar elecciones para elegir una Asamblea Nacional que se reuniría en Burdeos con el encargo de decidir sobre la ratificación de la paz o la continuación de la guerra. Gambetta, el único miembro del Gobierno que aún quería proseguir la guerra, es desplazado políticamente por las negociaciones de paz con Alemania, y dimite el 6 de febrero. Las elecciones se efectúan el 8 de febrero, expresando el abismo que separaba a París del resto de Francia pues, a pesar de que en la capital despuntaron los candidatos socialistas y revolucionarios presentados por los comités obreros y populares, de conjunto, la Asamblea quedó constituida por una mayoría reaccionaria de conservadores y monárquicos, votados en las zonas rurales. En Burdeos, la primera decisión de la Asamblea fue nombrar a Thiers jefe del Poder Ejecutivo, y se eligen los miembros de su gabinete colocando en la cartera de Relaciones Exteriores a Favre, quien gestionó los preliminares de paz[10] con Prusia, firmados el 26 de febrero y ratificados inmediatamente por la mayoría monárquica de los diputados.

 

Las cláusulas de rendición incluían la entrada del Ejército prusiano a París el 1ro de marzo, lo que causó gran efervescencia entre los sectores obreros y populares de París así como entre los batallones de la Guardia Nacional. Estos eligen delgados que participan en masivas reuniones donde se elaboran sus Estatutos, reivindicando la defensa de la República y su independencia del Gobierno, y eligen un Comité Central que decide no entregar sus armas. Las masas parisinas se preparan para resistir armadamente el ingreso de los invasores, pero un llamado conjunto del CC de los 20 Distritos, las Cámaras Sindicales y la AIT evitó un choque con las fuerzas prusianas[11]. Sin embargo, los guardias nacionales junto a los comités populares de vigilancia, comienzan a esconder cañones y piezas de artillería, a asaltar estaciones y puestos militares de las murallas para apoderarse de pólvora, municiones y fusiles, que son trasportados a los barrios obreros y distribuidos entre el pueblo. Y aunque no se trató de resistir el ingreso de los prusianos, las masas parisinas instalaron enormes barricadas que cercaron a las tropas prusianas, limitando su presencia a la zona de los Campos Elíseos; aun con un sector de la capital ocupado, el pueblo continuó con el resguardo de armas, la formación de algunos comandos insurreccionales, el hostigamiento de las fuerzas policiales y la confraternización con el Ejército francés.

 

En ese ambiente hostil, las tropas prusianas apenas duraron unos días y se retiraron de la capital el 3 de marzo. Ese mismo día, legitimistas, orleanistas y bonapartistas constituyen una coalición monárquico-clerical en la Asamblea Nacional y pactan con Thiers una alianza contrarrevolucionaria. Impotente ante la agitación popular que se extiende por París y temiendo un alzamiento que pudieran ser secundado en las provincias, la Asamblea de Burdeos ordena publicar en la prensa falsas noticias sobre saqueos e incendios en la capital al tiempo que sustituye la tropas de la ciudad, influenciadas por la fraternización popular, con batallones más leales provenientes de Loire. Frente a este pacto monárquico de la Asamblea de Burdeos, convertida en el centro político de la reacción, varios diputados republicanos radicales dimiten[12]; entonces, libres de cualquier oposición, los diputados conservadores que sesionan en Burdeos aprueban el 10 de marzo tres leyes: cancelan la moratoria sobre el pago de las deudas y de los alquileres vencidos así como sobre los artículos empeñados, lo que implica la ruina de miles de proletarios, pequeños propietarios y rentistas. Esto constituyó una provocación al pueblo parisino, a la que le siguieron otra serie de afrentas el día 11, cuando la Asamblea decide situarse en Versalles (descapitalizando a París), clausurar varios diarios de izquierda, condenar a muerte a los acusados por la insurrección del 31 de octubre y suspender los sueldos a los guardias nacionales.

 

Habiendo preparado el terreno para atacar París, con el objetivo central de desarmar al proletariado, el gobierno entabla negociaciones con el sector moderado de la Guardia Nacional para que entregue los cañones que quedaban en la capital (mismos que habían sido pagados por suscripción de los propios batallones); pero fallan todas las tentativas gubernamentales por apoderarse del armamento debido a que las masas impiden al Ejército que se lo lleve. Frente a ello, el 15 de marzo Thiers decidió trasladarse a París para organizar sobre el terreno la lucha contra el pueblo parisino, intentando demostrar que la capital está bajo control y con el fin de organizar una incursión nocturna para adueñarse de la artillería resguardada en los barrios obreros de la capital. Aunque Thiers cuenta solo con 20 mil soldados mal disciplinados y hostiles al gobierno, sin embargo, se encuentra presionado por la promesa que había hecho a la Asamblea de que podría instalarse en Versalles para su sesión del 20 de marzo –“sin temor a los adoquines de la revuelta”- y por el chantaje de los financistas que negaron todo crédito al gobierno hasta que lograra pacificar París[13]; entonces, organiza apresuradamente una reunión con los mandos militares para elaborar un plan de invasión a la capital. Este error de cálculo será el catalizador que precipite la revolución del proletariado parisino y el establecimiento de la Comuna.

 

La insurrección del 18 de marzo y la Comuna de París

 

Tras varios intentos fallidos por desarmar al proletariado de París, la madrugada del 18 de marzo de 1871 el Gobierno de Thiers emprende una operación militar, con el objetivo de arrebatar los 250 cañones que la Guardia Nacional había resguardado en los barrios obreros. Comandados por el general D’Aurelles, batallones oficialistas invaden por la madrugada varios puntos estratégicos de la ciudad, que logran ocupar sin resistencia aprovechando el elemento sorpresa; mientras el pueblo parisino duerme, las brigadas de asalto se apoderan de la mayoría del arsenal pero pierden muchísimo tiempo en comenzar a arrastrarlo debido a la falta caballos y arneses, por lo que al amanecer todavía los militares pugnaban por remolcar el armamento. Entre tanto, la gente comienza a despertar y, al pasar frente a los lugares donde permanecían los cañones, la multitud rodea e interpela a las tropas, algunas mujeres se abalanzan sobre la artillería mientras otras corren hacia los barrios para dar aviso. Los generales ordenan disparar contra la muchedumbre pero las mujeres se interponen, por lo que varios oficiales rompen filas y arengan a la tropa para que bajen sus armas.

 

Los generales azuzan a su cuadrillas para que arremetan contra el pueblo, amenazan y agreden a quienes no obedecen, pero los soldados se insubordinan, hacen prisioneros a los generales Thomas y Lecomte, a quienes las masas obligan a firmar una orden de evacuación, y luego se les conduce a un cuartel general donde son fusilados, al medio día. En diversos lugares, los oficiales son retenidos (aunque después se les libera), las masas fraternizan con los soldados y se apoderan de nuevo de los cañones, que trasladan hacia los cerros que colindan con los barrios populares, donde la rebelión cunde, se levantan barricadas y se organiza la defensa. Ante lo acontecido, el gobernador militar de París, Vinoy, y el jefe del poder ejecutivo, Thiers, junto con los demás funcionarios, huyeron despavoridamente ordenando la evacuación de la capital y la instalación del Gobierno en Versalles. Entonces, los líderes revolucionarios de la Guardia Nacional organizan un plan para dominar los puntos estratégicos de la ciudad: Brunel ocupa un cuartel militar y la Imprenta Nacional, Duval se apodera de la Prefectura de Policía, Varlin y Bergeret se adueñan de la Plaza Vendome; los batallones insurrectos despliegan una ofensiva envolvente hasta cercar el Ayuntamiento, que es finalmente tomado, colocándose una bandera roja en el asta.

 

A media noche, la agresión militar orquestada por Thiers ha sido rechazada con un saldo favorable para el pueblo parisino que ha conservado la mayoría de sus cañones, se ha apoderado de miles de fusiles que le fueron quitados a los soldados y, lo más importante, ha logrado expulsar al Gobierno haciéndose dueño de la mayor capital de Europa; como plantea Marx, “la población de París convirtió inmediatamente ese episodio de su autodefensa en el primer acto de una revolución social”. En los masivos cortejos fúnebres organizados a los caídos del 18 de marzo[14], las masas gritan ¡A Versalles!, sin embargo, entre las indecisiones y el clima conciliador que privaba en el Comité Central de la Guardia Nacional, se cometieron sucesivos errores que después se pagarían muy caro. El problema de inicio es que el alzamiento del 18 de marzo fue resultado de una combinación entre la descomposición e indisciplina del Ejército (producto de su desmoralización por las derrotas y su fraternización con el pueblo) y el impulso e iniciativa revolucionaria del proletariado (rebasando desde abajo al CC de la Guardia Nacional); pero las dirigencias no tenían previsto llevar a cabo una insurrección y, mucho menos que ésta triunfara, por lo que se desaprovechó la ventaja inicial obtenida tras la victoria.

 

A nivel militar, el error fundamental fue volcarse a la defensiva y no marchar inmediatamente sobre Versalles para derrotar al Gobierno, que había huido desorganizadamente, por lo que hubiera sido posible vencerlo[15]. Además, se dejaron abiertas las puertas de París, permitiendo que varios oficiales escaparan, llevándose tropas y armamento; tampoco se ocuparon inmediatamente los fuertes militares instalados en las murallas, que habían sido abandonados por el Ejército en su huida, por lo que Versalles pudo retomar el fuerte Mont-Valerien, desde donde le fue posible azolar con bombardeos la capital. Asimism