Bolivia: ¡Romper con los cooperativistas burgueses, por la unidad clasista de los trabajadores mineros!

Xóchitl Guerrero, Corriente Comunista Revolucionaria Internacional (CCRI), 25.10.2016, www.thecommunists.net

 

 

 

En la larga historia de Bolivia destaca su sector minero como organizador de la vida económica, política y social del país, cuyos conflictos han influido en la propia configuración del Estado. El sector tradicional fue el minero asalariado cuya máxima expresión, como sujeto político emancipador, fue la Revolución de 1952, la única revolución obrera en América Latina, cuyo impacto alcanzó hasta finales de la década de los setenta, luego de lo cual, los mineros fueron masivamente masacrados y desarticulados por las dictaduras militares y el posterior neoliberalismo. A la par, desde 1929, habían operado marginalmente cooperativas mineras pero con un definido oportunismo político con el cual apoyaron a los gobiernos en turno. Sin embargo, fue a partir del despido masivo de mineros (el 80% de trabajadores) a finales de la década de los ochentas, que estos sectores se multiplicaron y fortalecieron económica y políticamente junto a la decisión del Estado neoliberal de entregarle un número mayor de concesiones a grupos cooperativistas, siendo las minas de oro las más comunes, sumado a la recuperación de precios de materias primas a nivel internacional durante los últimos 5 años.

 

La Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (FENCOMIN) y la Confederación Nacional de Cooperativas de Bolivia (Concobol) fueron aliadas cercanas de Evo Morales cuando éste llegó al gobierno boliviano; los cooperativistas le garantizaron al MAS los votos de miles de afiliados y de sus familias a cambio de que éstos los integraran a las Cámaras Legislativas y a la Administración Pública, así como la promulgación de una Ley General de Cooperativas con amplios beneficios para su operación que incluye leyes laborales y ecológicas laxas (resaltando la prohibición de la sindicalización de sus trabajadores), exención de impuestos y amplios márgenes para explotar diversas vetas (Constitución Política del Estado, art. 1).

 

El último conflicto iniciado el 10 de agosto de este año obedece a la promulgación por parte del gobierno de Evo Morales de reformas a la Ley General de Cooperativas, sobre todo, el artículo 149 que aprueba la existencia de sindicatos dentro de las cooperativas, medida rechazada por los dirigentes de las principales federaciones de cooperativistas quienes, además, le exigen al gobierno masista la autorización para asociarse con empresas privadas trasnacionales, tener ministros en las carteras relacionadas con la minería (p. ej. la creación del Ministerio de Cooperativas), la concesión de más áreas de explotación, la flexibilización de normas ambientales, tarifas preferenciales de energía eléctrica y la liberación de mineros presos.

 

Lo que hoy vemos en Bolivia representa las contradicciones dentro del sector minero resultado del modelo de explotación neoliberal que se adapta a las formas de sus tiempos y contextos; en este caso, utiliza muy bien las cooperativas justificadas bajo la ideología autonomista (promovida por los intelectuales del régimen masista) para llevar a cabo un nivel mayor de explotación bajo el amparo o la impunidad de las leyes a modo, ya que las condiciones laborales que existen en las cooperativas son de las más precarias, más de 75% de sus afiliados reconocidos bajo el engaño legal de “socios” están al margen de los beneficios que consagran las leyes sociales de este país, corroborando las condiciones infrahumanas en la que se explota a la gente en el sector. Las cooperativas se fundamentan como una alternativa autogestiva, cuya “labor es de subsistencia, pero en los últimos años, con el boom de los precios, varias de ellas se han convertido en empresas privadas ilegales, en las que un grupo “fundador” explota a decenas de trabajadores “nuevos”, quienes a duras penas reciben el jornal mínimo por una labor muy peligrosa. Estas “cooperativas” carecen de seguridad social y operan sin licencia ambiental” (El País, 26 de agosto de 2016). El sistema de cooperativas no solo enmascara la explotación privada de las minas; sino peor aún, atrasa profundamente el nivel de conciencia de sus trabajadores al hacerles creer que “son los propietarios” cuando no tienen el más mínimo derecho laboral porque no son reconocidos oficialmente como trabajadores, sino como “socios”.

 

No obstante, el MAS en su afán de consolidar su gobierno, alimentó a sus propios depredadores. A cambio de mantenerse en el poder por varias administraciones, cambió votos por el crecimiento de una burguesía minera aurífera principalmente, bajo la cual operan grandes trasnacionales. Ahora, eso le ha costado la muerte de su propio ministro del Interior, Rodolfo Illanes, mostrando una gran debilidad frente a los poderes burgueses reorganizados.

 

Los cooperativistas fueron el grupo de choque utilizado por la burguesía trasnacional, bajo el amparo del gobierno masista, contra los trabajadores asalariados y sindicalistas pertenecientes a las empresas estatales o trasnacionales, hecho que representa su punto más peligroso para la lucha de clases: el enfrentamiento entre la clase de trabajadores mineros resultado de la división promovida por los patrones, entre cooperativistas y asalariados. Uno de los conflictos más emblemáticos en este sentido, fue protagonizado por los mineros asalariados de Huanuni, en Colquiri en lucha por su materia de trabajo; al respecto en aquel entonces “El Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Colquiri se declaró en estado de emergencia ante las amenazas del sector cooperativista, que exige ampliar sus áreas de explotación”.

 

Por tales motivos, es que los cooperativistas mineros bolivianos actúan como una burguesía reaccionaria cuyas movilizaciones son para mantener y ampliar sus privilegios. Como Corriente Comunista Revolucionaria Internacional (CCRI) no apoyamos dichas movilizaciones, pero sí estamos por la sindicalización independiente de los trabajadores cooperativistas precarizados y llamamos a que éstos rompan con sus socios convertidos en patrones para unificarse con sus hermanos de clase, los trabajadores mineros asalariados para que juntos rescaten la tradición revolucionaria de los mineros y conformen un nuevo partido revolucionario que luche por sus reivindicaciones laborales y la nacionalización de las minas, sin concesiones privadas, bajo control real y directo de los trabajadores. Los actuales mineros necesitan levantarse como la fuerza que los llevó, décadas atrás, a forjar la gran revolución obrera de América Latina.