Mexico: La evaluación punitiva, doblegada por el magisterio

Xóchitl Katari y Alexis Aguilera, Agrupación de Lucha Socialista (Sección Mexicana de la CCRI)

 

 

El magisterio viene resistiendo combativamente desde hace tres años el ataque del gobierno sobre su estabilidad laboral y sindicato, incluso desde antes de que asumiera el actual gobierno federal y aprobara la contrarreforma educativa. Desde entonces, el magisterio se ha convertido en la punta de lanza del conjunto de la movilización social a escala nacional, constituyéndose en el referente más combativo que ha venido oponiéndose a las medidas entreguistas y antipopulares del régimen de Peña Nieto. Ahora, el magisterio se encuentra sometido a una ofensiva brutal por parte del Estado mexicano, en contubernio con los medios de comunicación y el empresariado, que buscan asestar un golpe histórico al magisterio, imponiéndole una evaluación de tintes políticos que busca acabar con sus derechos laborales así como con la disidencia al interior del sindicato.

 

El magisterio irrumpe de sur a norte

 

La ofensiva ha cobrado rasgos abiertamente represivos. Como hemos dicho en números anteriores de Lucha Socialista, Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas son las secciones más combativas del magisterio, las cuales han protagonizado movilizaciones multitudinarias en repudio a la Reforma Educativa. El gobierno ante su incapacidad de acallar estas protestas, apresó a 4 dirigentes magisteriales de Oaxaca, encarcelándolos en una prisión de alta seguridad y amenaza con más detenciones en otros estados. Los maestros de la sección 22 respondieron con movilizaciones como el bloqueo de la carretera Panamericana por 1000 docentes para exigir la liberación de sus compañeros presos.

 

Sin embargo, mientras reprime a unos, otros estados vienen con más fuerza. Son los casos del movimiento Magisterio Unido de Durango que tomó la totalidad de sedes en que se aplicaría la evaluación, los maestros zacatecanos que tomaron el Instituto Tecnológico Superior de Jerez, y donde sólo se presentaron 80 de los 2099 docentes convocados; los maestros de Mazatlán que abandonaron la aplicación de su evaluación y organizaron manifestaciones en las instalaciones de la Unidad de Occidente así como en la UPSIN y el ITMAZ del municipio; los profesores de Zacatepec y Cuernavaca en Morelos que lograron evitar la evaluación del 50% de los agremiados de la entidad y posponerla hasta diciembre; el Movimiento de Bases en Hidalgo que, acompañado de padres de familia y organizaciones sociales, bloquearon la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero; profesores del Movimiento Magisterial Jaliciense que protestaron fuera de las 14 sedes de aplicación logrando que decenas de maestros decidieran no presentar la evaluación; los docentes de la Comisión magisterial de bases en Querétaro que prácticamente anularon la evaluación en su entidad pues en las 5 sedes previstas, sólo 22 (3%) de un total de 600 maestros se presentaron a la prueba; docentes de Ciudad Juárez, Chihuahua, que cancelaron la evaluación; los profesores michoacanos que con decenas de miles en las calles se protestaron contra la evaluación logrando que apenas la cuarta parte (mil 639, de los 6 mil 500) de los profesores que fueron seleccionados para el proceso acudieran; en Veracruz donde –a pesar del fuerte dispositivo represivo- fueron un éxito los bloqueos de las sedes donde se aplicarían las evaluaciones ya que, de 1500 profesores seleccionados para la prueba, solo asistieron 60. Estos hechos y cifras contrastan con los datos dados por la SEP según la cual se presentaron 97% de los docentes llamados a evaluarse, siendo que la misma institución acepta que se presentaron sólo 46 mil maestros, mientras que 5,444 no lo hicieron. Más aún, si lo vemos en toda su dimensión, pues a pesar de su campaña de intimidación, de sus amenazas de despido, de los descuentos a los profesores que han salido a protestar, de pagar a impostores para inar las cifras de los docentes evaluados, y de todo su operativo policíaco-militar, no es verdad que se haya evaluado la mayoría del magisterio, pues de los 150 mil maestros obligados a evaluarse en esta primera etapa, no lo ha hecho ni la mitad, y aún esas decenas de miles no representan ni el 10% del total del magisterio nacional que asciende a un total de 1.2 millones de agremiados.

 

Resulta evidente la debilidad del gobierno y la falta de legitimidad de la contrarreforma educativa que el gobierno de EPN, en contubernio con los gobiernos federales, se vieran necesitados de militarizar las sedes de aplicación del examen e hicieran un cambio táctico de último momento, comenzando la evaluación por las entidades “menos problemáticas” y dejando al final los bastiones históricos de la disidencia magisterial. Sin embargo, esto no ha impedido que, incluso en entidades “menos conflictivas”, los docentes se manifestaran y hayan logrado posponer o diferir las fechas de evaluación ante la falta de asistencia, recobrando más fuerza la protesta magisterial con las bases de estados que antes eran bastión del charrismo del SNTE como Sinaloa, Querétaro, Zacatecas, Nuevo León, Veracruz, Jalisco, Durango, entre otros que ahora salen a movilizarse, junto con los docentes del DF, Puebla, Tlaxcala, EdoMex y otras entidades.

 

Con decisión, los maestros están logrando mermar la evaluación educativa, a tal grado, que la SEP, tuvo que anunciar que no serán despedidos los maestros que no la presentaron. Las próximas semanas que vienen son decisivas para echar abajo por completo la evaluación como principal instrumento del gobierno de Peña Nieto para liquidar nuestra fuente de trabajo y prestaciones. En estos años de lucha magisterial, ha sido tan fuerte y prolongada la resistencia, que los profesores han logrado quitar al Secretario de Educación, Emilio Chuayffett, quien no pudo controlar las protestas y vio desgastarse su gura como garante de la Reforma Educativa; la llegada de Nuño a la SEP, expresa la urgencia e incapacidad del régimen para implementarla en el tiempo y forma que les exigen los organismos internacionales. Resulta evidente que, la movilización en las calles y en los centros de trabajo es la única manera que los trabajadores tenemos de defender nuestro trabajo (basta ver, en contraejemplo, cómo el dirigente sindical de los petroleros firmó con la patronal un acuerdo para entregar las pensiones de los trabajadores, aumentó en 5 años la edad de jubilación y a los nuevos trabajadores los coloca en cuentas individuales); en ese sentido, se requiere dejar de conar en que por la vía de amparos legales, manifestaciones pacíficas y negociaciones locales y de espaladas a las bases magisteriales, se podrá triunfar; para ello, se torna necesario unificar las protestas a nivel nacional, replicar de manera masiva las acciones directas de masas por boicotear la evaluación que están efectuando los sectores de vanguardia del magisterio y darle cauce a la radicalización que está manifestándose en nuevos sectores de las bases que están saliendo a la lucha.

 

Unidad con el magisterio

 

La ofensiva que están lanzando los gobiernos contra los trabajadores de la educación abarca a todos los subsistemas y niveles educativos; un ejemplo reciente ha sido, el gobierno del PRD de Mancera, amagando a los docentes del IEMS en su reciente huelga que fue por demandas salariales y mejoras en las condiciones de trabajo pero que, en vez de resolverlas, desconoce su legalidad, divide al movimiento al no reconocer a las trabajadoras y trabajadores de intendencia como su patrón, y obliga a un levantamiento del paro sin conquistas.

 

El magisterio necesita centralizar sus fuerzas para golpear como un solo puño y echar abajo la contrarreforma educativa; pero asimismo requiere asumir un papel aglutinador de las distintas formas de resistencia en el país. Para ello, resulta estratégico una coordinación orgánica y efectiva de todas las secciones en lucha a nivel nacional. La realización de un congreso de bases que continué el proceso de democratización del SNTE y de la CNTE, que eche por la borda a aquellos dirigentes que no se ponen al frente de la movilización y que elabore un plan de acción unificado donde ponga fecha concreta a un paro magisterial indefinido. Para llegar a ello, la unidad del magisterio con los padres de familia es fundamental, pues son un sector clave para disuadir con su apoyo la represión gubernamental y oponerse a la privatización de la educación vía la autogestión escolar. Es necesario que los estudiantes así como los sindicatos universitarios y de bachillerato abracen la movilización del magisterio, y que los demás sindicatos y centrales independientes de trabajadores, desplieguen una solidaridad efectiva, en las calles, codo a codo con el magisterio; solo así podremos derribar el conjunto de las reformas estructurales, incluyendo la educativa.

 

¡La evaluación no pasará!

 

¡Por la unidad del magisterio, y del conjunto sindicatos de trabajadores de la educación!

 

¡Preparemos las condiciones para un Paro Educativo Nacional!

 

 

 

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